¿Si escuchaste cómo lo trató María Josefa Coronel al asambleísta Tomás Zevallos?”, comentaban dos mujeres mientras viajaban en un bus el pasado 16 de abril, en Quito. “Esa mujer es buena entrevistadora”, decía una de ellas.  Mientras la otra señalaba que no le gusta ver a esa conductora de TV  “porque nunca deja hablar y cree que es la única que tiene la razón”.

Ese día Coronel entrevistó en el noticiero de Teleamazonas a Zevallos sobre la votación de la Ley de Comunicación, la cual será votada artículo por artículo, tras una propuesta suya. Ella, en más de nueve ocasiones, no dejó hablar a su invitado y lo increpó.

¿Casualidad? El 10 de abril, seis días antes, esa misma presentadora, durante una entrevista con el asambleísta Mauro Andino, opinaba que no necesita “ser miembro de ninguna Corte Constitucional para opinar que la Ley de Comunicación contiene una estructura inconstitucional, se lo digo hoy día, dije ayer, y si no me meten presa lo diré mañana”.

Por más de 10 veces, Coronel no dejó hablar a Andino, quien le pidió que le dé el tiempo necesario para expresarse.  “Más se va el tiempo en lo que usted opina, que en lo que los invitados podemos expresarnos”, replicó el legislador.  

Entrevistas como las de Coronel se repiten a diario en varios medios de comunicación, en donde, según la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Isabel Ramos, la opinión de los medios, a través de los presentadores y reporteros, se restringe, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, frente a la opinión de las empresas que son quienes condicionan sus criterios. 

El 5 de mayo del 2011 Alfredo Pinargote, presentador de Ecuavisa, en el editorial ‘La democracia achicada’, comparó a la consulta popular del 7 de mayo de 2011 con las peleas del circo romano, en donde, sin dudarlo, en el marco de la narración de una anécdota entre fieras y cristianos, dijo: “pelea limpio hijo de perra”, porque según él, “no había juego limpio en la campaña”. Siguió: “y todavía se queja (Correa)  esto es realmente denigrante para el régimen democrático”.

El 29 de marzo pasado el conductor radial de Exa, Gonzalo Rosero, en su programa de la Cadena Democracia,   lamentó que la dirigencia indígena de Pachakutik llegara a un posible acuerdo con la bancada de PAIS  en la Asamblea para la aprobación de la Ley de Comunicación. Esto porque Humberto Cholango manifestó que a la Conaie le interesa el 34% de la asignación del espectro radioeléctrico  para las radios comunitarias. “Sería un acto de deslealtad sin nombre, porque todo lo que ellos (Pachakutik) han logrado, lo han logrado porque nuestra misión (medios de comunicación) ha sido cumplida como siempre con un seguimiento exhaustivo de todo lo que ellos han hecho por llegar a Quito; el apoyo de los medios de comunicación ha sido importantísimo”, recordaba en cuanto a la gran cobertura mediática que medios escritos y televisivos dieron a la marcha de la Conaie.

Mientras que la semana pasada estos mismos medios de comunicación, en palabras de Ximena Gudiño, del colectivo Pro Derechos Humanos, “invisibilizaron otras noticias” como la movilización de los pueblos afros, que durante 11 días caminaron desde Esmeraldas hacia Quito.

Para Santiago Vásconez, estudiante universitario, la mayor preocupación es que ciertos medios de comunicación  invisibilizan lo que quieren que la gente no conozca. Cuestiona la calidad de la información y programación que tienen los medios. Siente que en los medios públicos y privados la ciudadanía conoce una parte de los hechos.

Para Marco Navas, también catedrático de la Universidad Andina, hay que permitir que los medios digan sus “verdades” aunque estas se reproduzcan “a medias”, porque “quien debe sacar sus propias conclusiones es la ciudadanía”.

Vicente Peralta, representante de la Presidencia de la República, compareció la semana pasada en la Corte Constitucional sobre las supuestas restricciones a la prensa que existirían en el Código de la Democracia y señaló  que varios presentadores  confunden su rol de periodistas y pasan de actores sociales a políticos. “Han tomado partido por un partido político o acciones en contra de la Constitución”. Puso como ejemplo al cantón Huaca (Carchi), en donde el ex alcalde es el dueño de la única radio que hay en el lugar y desde las 06:00 cuestiona la gestión del   actual alcalde, quien lo venció en las urnas. “No se puede permitir que ciertos medios traten de incidir en la opinión ciudadana a  pretexto de comunicación e información”, dijo.

Ramos reiteró que el tema no debería girar en torno a si los comunicadores tienen o no libertad de expresión, “sino sobre qué tan extendido está el ejercicio de ese derecho para los ciudadanos del país”. Indicó que  los medios son un “sector chiquito, poderoso de la libertad de expresión. Pero que si la expresión  libre y el acceso a los bienes simbólicos, que son los que posibilitan el ejercicio de esa libertad se reparten en forma desigual, no se puede hablar de nada”. Y anotó que catedráticos como Luigui Ferrajoli consideran que la libertad de expresión se restringe a la de los propietarios de los medios.

Afirmó que esa concepción aclara por qué ciertos medios realizan “campañas” para resistirse a la regulación,  se  constituyen como actores políticos de oposición al Gobierno y “se dicen independientes, cuando lo están del poder político, pero no del poder económico”.

El 10 de agosto de 2011, Martín Pallares, editor multimedia de El Comercio, escribió el editorial ‘Correa hace el ridículo y ridiculiza al país con su obsesión con la prensa’. Ahí señaló que los medios privados “han tenido relación con el poder económico y que muchas veces han manipulado la información en función de sus intereses, es una verdad de perogrullo que nadie niega, pero pretender que los pueblos son masas de idiotas que no pueden discernir y escoger es mucho más perverso”.

Ramos  puso en duda este último comentario y contó  que actualmente la Flacso analiza cómo influyen los  comentarios de los presentadores de TV y periodistas de medios escritos en la opinión ciudadana: “Parece que la opinión de pocos se escucha mucho, tiene mucha resonancia porque circula masivamente”. Y afirmó: el espacio mediático “es ilimitado, pero debe usarse responsablemente”.

Bajo el marco en que se desenvuelven los medios, la investigadora  explicó que la campaña de estos actores políticos radica en impedir cualquier tipo de control ciudadano sobre su actividad, “en donde a la  libertad de expresión se la posesiona en el sentido más reducido para evitar la regulación y conseguir aliados en el frente empresarial” y por ello cree que en varias ocasiones se han aliado con organismos y entes internacionales.

Esto tendría sentido si se toma en cuenta que entre 2009 y 2011 Fundamedios, por ejemplo, mantuvo una relación  económica con entidades como la National Endowment for Democracy (NED) -que tendría nexos con la CIA- y la   CIDH por 8.000 dólares para la creación de un portal de Internet para el proyecto de fraternidad Ecuador-Colombia  y la realización de seminarios de derechos humanos y libertad de expresión.

A eso se suma el informe de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión 2008-2009, que determina que los medios están en ocho grupos que participan en la industria mediática y manejan políticas claramente direccionadas a intereses empresariales, comerciales y particulares. “La censura empresarial es el límite que pone el funcionamiento del mercado a la producción informativa”, concluyó Ramos.