La intención  de  revocar el estado de excepción en la Función Judicial quedó en nada. Por falta de votos   los asambleístas de la oposición no presentaron  el pedido de cambio en el orden del día,  que buscaba anular el Decreto Ejecutivo 872.

El propósito de la oposición era someter a votación  una resolución que, entre otros temas,  proponga  la revocatoria  inmediata del estado de excepción declarado el 5 de septiembre pasado e  investigar    la supuesta intervención  del Ejecutivo en la justicia.

La resolución debía ser propuesta  ayer por Nivea Vélez, pero ante la ausencia de    varios de sus coidearios decidió aplazar el tema para la próxima sesión del pleno. “Algunos compañeros no    asistieron  por cumplir   compromisos pendientes en sus provincias, y para no perder  en la votación  decidimos retirar la moción”, señaló la proponente.

A su criterio, debatir el tema en el pleno permitirá que Alianza PAIS justifique la necesidad del decreto y, con argumentos sólidos, validar la decisión gubernamental.

La resolución también plantea convocar al presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Paulo  Rodríguez,  para que justifique la declaratoria.

El ministro del Interior, José Serrano, también sería llamado al pleno para que demuestre  la conmoción interna que atraviesa el país, que  justifica  el estado de excepción.

Para aprobar dicha resolución, la oposición requiere de 63 votos, que según la legisladora de Madera de Guerrero, Cynthia Viteri,  están asegurados. Ella cree  oportuno que la Asamblea intervenga en la decisión del Ejecutivo, pues considera que el verdadero propósito  es remover a  los jueces no   afines al Gobierno.

No obstante, el bloque de PAIS asegura que el decreto  es válido. Angel Vilema niega  que se trate  de una  intervención en la Función Judicial y, por el contrario,  asegura   que la intención es mejorar el servicio y evitar la impunidad.

“Existe más de un millón doscientas mil causas represadas, que han durado ocho, diez y hasta doce años para evacuarse; significa que hay una crisis. Si multiplicamos ese número de causas por tres, vemos que hay más de tres millones de personas que no han tenido sentencia”, anotó.

Asamblea tramita la  primera reforma a la Losep

Casi un año después de  la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), ayer se debatió una reforma al ámbito de  la ley. El propósito es  que  los servidores públicos  de la Función Legislativa pasen a ser  regulados por el Código  que rige al organismo  y ya no por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), como señala  la Losep.

Gastón Gagliardo, de PAIS,  explicó  que la Asamblea opera bajo mecanismos propios.   “Aquí  se contrata  asesores  para  determinados proyectos y para el periodo  de cada asambleísta, es decir, no pueden hacer carrera en el sector público”.

El proyecto de ley continúa en análisis y cuenta con el respaldo mayoritario del pleno, pero está en debate si la Función Judicial también debería salir  de la Losep.