¿Se han socializado las reformas a la Ley de Minería entre la población de Intag, principal zona de explotación  de la provincia?
No, todavía no se ha socializado. Estamos tratando de ingresar a las comunidades de las parroquias García Moreno y Peñaherrera, que pertenecen al cantón Cotacachi, en donde está el proyecto Llurimahua, que es de 4.870 kilómetros. Allí se va a realizar la primera etapa de exploración. En el caso de que se encuentren minerales, se iniciará la fase de explotación.

¿Qué minerales habría?
Dicen que podría haber cobre. La socialización  no se ha hecho, la Empresa Nacional Minera, y Codelco, de Chile, están encargados de  la socialización. La semana pasada iban a socializar en García Moreno, pero se suspendió.

¿Por qué se dio paso a este proyecto de exploración?
En el caso de que entren a etapa de explotación nos han informado lo que dice la Constitución: que las ganancias serán  usadas en las comunidades. Eso beneficia  porque en la zona de Intag hacen falta  fuentes de trabajo. La gente tiene sus tierras, pero ha salido a buscar trabajo afuera, en Otavalo y Quito. Si se explota, la gente tendrá trabajo. Se debe capacitar a las comunidades en electricidad, minería, mecánica, choferes... Las empresas deben hacerse cargo de obras básicas: agua potable, alcantarillado, tratamiento de la basura y ayudar a la población para que haya escuelas y conectividad. Aparte de lo que tienen que hacer por la defensa del medio ambiente.

Hay organizaciones como Conaie y Pachakutik que se oponen a la minería, ¿por qué decidió  dar paso al proyecto Llurimahua?
Nosotros no estamos permitiendo que se haga la explotación. Solo contestamos la pregunta que interroga si Llurimahua está en el sector urbano y rural, y nosotros dijimos  que está en el sector rural.

Al recorrer Intag me llamó la atención el mal estado de las vías y en la zona hay empresas que producen cemento. ¿Hay responsabilidad  empresarial?
Pienso que la empresa Lafarge, que está produciendo cemento, debería comprometerse y dar seguridad  vial en la carretera que ocupa hasta El  Quinde, pero le digo que este territorio hasta llegar a la mina no es de Cotacachi, sino de Otavalo. Le están pagando a Otavalo, no nos están pagando a nosotros. Estamos en un litigio y buscamos que se reconozca a ese sector como de Cotacachi, por los límites de la corriente del río. Las carreteras son competencia del Consejo Provincial, pero las empresas deberían aportar.

¿Cómo se evitará problemas como los del 2007 con Llurimahua?
Sí, en el 2007 hubo enfrentamientos y hasta heridos. Los ecologistas quieren levantar a la gente ahora y es importante que se socialice. Se explicó a los concejales y vieron que la explotación no será a cielo abierto. La Constitución habla de minería responsable. La gente debe estar atenta.

¿Cómo ve las reformas a la ley?
El gobierno está haciendo bien en ser fuerte con los mineros ilegales. Está bien que se categorice en mediana minería, respetando el ambiente y con control del Estado.