Gonzalo Marroquín, el actual presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), pertenece a una familia de  dueños de diarios en Guatemala. Durante 15 años fue director editorial del matutino Prensa Libre, el más conservador de Guatemala,  cuya dirección dejó el pasado 31 de enero; hoy preside la Corporación de Noticias S.A., productora de los matutinos Al Día y Siglo Veintiuno.

Es nieto de Clemente Marroquín, fundador del Diario La Hora y dos veces vicepresidente de Guatemala, una en el período de Julio César Méndez, presidente de la extrema derecha que firmó el famoso “Pacto Secreto” con el Ejército, si bien se dice que Marroquín se negó a este; su hermano Óscar Marroquín es director de Diario La Hora.

Hace poco más de un mes  estuvo en Argentina “dando cátedra” sobre la libertad de expresión y al referirse al “caso Noble” -la causa que investiga la justicia desde hace diez años y que debe resolver si Marcela y Felipe Noble son hijos de desaparecidos- dijo que ese “era un tema muy privado” y que “es un asunto de familia”, lo que fue considerado “ofensivo e inaceptable”. 

Y hace  pocos días estuvo en Ecuador, invitado a la sesión solemne de  la Cámara de Comercio de Guayaquil como expositor. En el lugar también se permitió impartir lecciones sobre lo que los propietarios de los medios, como él,  consideran “libertad de prensa”.

Entonces, veamos de cuerpo entero a este prohombre: en Guatemala  fue demandado por negarse a entregar un espacio en televisión luego de que se le venciera el contrato de un telenoticiero en Canal 7  y tuvo que ser cesado, por orden judicial, ya que no quería respetar el fin del mismo. Y ha tenido otras acusaciones: ha utilizado su posición para acusar a Ángel González, dueño del canal en donde le revocaron su contrato como director de “7 días” y por lo tanto sus acusaciones están teñidas de despecho por haber perdido un juicio contra él.

Cuando el periodista Óscar Rodolfo Castañeda Rosales fue demandado por la poderosa familia Gutiérrez-Bosch, por transmitir en vivo un juicio desde EE.UU. en donde esta familia enfrenta desde hace varios años cargos incluyendo uno del estado de Florida, Gonzalo Marroquín se lavó las manos al decir que la acusación contra el periodista   fue “sólo un pleito familiar” y que por lo tanto el periódico que él dirigía no tenía por qué tomar partido en defender al acusado periodista. En el juicio contra Castañeda se pretendía clausurar el programa Claro y Directo transmitido por Radio 10, el arraigo del radiodifusor Óscar Castañeda y el embargo precautorio de sus cuentas bancarias; sin embargo el poderoso comunicador prefirió guardar silencio para no contrariar a la más poderosa familia de Guatemala, los Gutiérrez-Bosch. Entre los abogados que representaron a la empresa demandante, Avícola Villalobos (propiedad de los Gutiérrez-Bosch), en contra del periodista, está Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, hija de la prominente diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, hermana de Gonzalo Marroquín.

En la familia Marroquín Godoy, sus integrantes dirigen diversas empresas informativas, tanto de propiedad privada como estatal. En este caso, los actores de un acontecimiento que hay que resaltar son Óscar Clemente Marroquín Godoy, presidente de La Hora, su hijo, José Carlos Marroquín Pérez, director editorial de ese vespertino y Luis Eduardo Marroquín Godoy, director de la Tipografía Nacional y del diario oficial. La Hora dio cabida a un documento elaborado por presuntos trabajadores de la Tipografía Nacional, en el que se denuncia el excesivo precio que la imprenta nacional paga  por el papel que utiliza.

Según el documento,  habría estado pagando el doble de lo que fija el mercado local. Al ventilar la denuncia, La Hora desencadenó una investigación parlamentaria que sacó a luz las imperfecciones del sistema de contrato abierto y generó un saludable debate acerca de cómo evitar el despilfarro de fondos públicos. Independientemente de si Luis Marroquín se  beneficia  de la  sobrefacturación, algo que su hermano y sobrino descartan, lo importante es la franqueza con la que el tema ha sido abordado en las páginas de La Hora.

Para infortunio nuestro, la cultura que prevalece en la mayoría de medios de comunicación, es la de  hacerse de la vista gorda en los casos   que los protagonistas  pertenecen a familias que controlan, ya sea a los medios o a empresas que tienen intereses en estos. Es también común que individuos o grupos   que los dueños o directivos de los medios están o han estado vinculados sean “invisibilizados” cuando incurren en hechos que usualmente, si los protagonistas no pertenecen a la élite dominante, son objeto de extensas coberturas.

Marroquín representa a un viejo y anquilosado periodismo que defiende intereses corporativos privados y se refugia en el discurso trillado por ellos de la Libertad de Prensa para establecer relaciones mercantiles donde esa libertad, que solo es un instrumento propagandístico, es mancillada y pisoteada inmisericordiamente.

En Argentina se aprobó una ley de medios que lo que busca es que el periodismo se convierta en una labor ética y profesional. A la vez, combatir el monopolio de los medios con respecto a su insumo, el papel, con el agravante de que las dos empresas que representan a los medios más grandes de Argentina, y que hasta hoy habían controlado su importación,  adquirieron esa empresa importadora por medios anómalos, en negocios oscuros con la otrora Junta de Gobierno de  Videla y Massera que  dieron el golpe de Estado al gobierno legítimo de Isabel de Perón, adquiriendo ilícita y sangrientamente la empresa, ya que la investigación arrojó que para ello secuestraron a la legítima propietaria y bajo tortura se la obligó a firmar la cesión.  Los pulcros dueños de los medios haciendo negocios con los golpistas, lo cual evidencia su apoyo no sólo al rompimiento constitucional sino a los crímenes cometidos contra el pueblo argentino.  

Víctor Leopoldo Martínez, periodista argentino, al referirse a Ecuador, ante el conato de golpe de Estado, sostuvo que “la prensa internacional, especialmente la que pertenece a la SIP, adujo que se trató simplemente de un alzamiento de algunos policías inconformes. Sin embargo,   el presidente Correa estuvo  secuestrado en el Hospital de la Policía, mientras un grupo de  partidarios de Lucio Gutiérrez   tomó por la fuerza el Canal  TV Ecuador,  ingresando con prepotencia para transmitir sus mensajes contra el gobierno  e intimidando a sus trabajadores. Posteriormente, cuando el    golpe había fracasado huyeron despavoridos como ratas ante la inundación”.