¿Cómo avanza la construcción del proyecto de Ley de uso y gestión del suelo?
Se ha procedido en los términos que ordena la producción legislativa. Los dos anteproyectos (borradores) que fueron trabajados por el Ejecutivo y la Asamblea, a través del legislador Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, se han armonizado. Una vez que la Legislatura retorne de su periodo de vacancia habrá condiciones para presentar el proyecto de ley, que se ha decidido será desde la propia Asamblea.

¿Cuáles serán los ejes del texto?
El proyecto combina temas de ordenamiento territorial y de uso de suelo, entendiendo que el ordenamiento territorial es una competencia asignada a todos los niveles de gobierno y por lo tanto requieren mecanismos de coordinación adecuados. Mientras que la competencia de uso y gestión de suelo es municipal, sin que eso sea contrario a la Constitución. El objetivo escontrolar fenómenos especulativos que surgen en torno al uso del suelo y democratizar la propiedad en las ciudades.

Alcaldes como los de Quitoy Guayaquil se resisten al proyecto y rechazan la creación de una Superintendencia, un nivel regulador por encima de la autonomía de los municipios. ¿Ese es un mecanismo más de articulación entre los municipios y  el gobierno central?
Una ley debe aclarar quién tiene la rectoría sobre ciertos elementos, aclarar cómo se gestionan ciertas facultades y precisar cómo se dan los mecanismos de regulación y control. Esta ley básicamente hace eso. Establece que sobre el ordenamiento territorial hay unos elementos de concurrencia, por lo tanto, necesitamos más coordinación. Y sobre el desarrollo de las ciudades, del fomento del hábitat del Buen Vivir, el Miduvi tiene un rol que cumplir. Establece claramente que los municipios son los responsables, los titulares de las competencias de uso y gestión de suelo, y estipula mecanismos de regulación y control alrededor de una junta y seguramente de una superintendencia en el caso del control. Puede haber una contradicción con la coyuntura  reciente sobre el tema de canteras (en Quito), donde el Municipio apela a la presencia de un órgano regulador y de control a nivel nacional. Entonces lo que se critica por un lado no se quiere por el otro y se apela a que existan órganos de regulación y control nacional.

Pero ya existe un modelo de planificación y articulación de competencias que fue diseñado por Senplades.
Este gobierno le ha dado importancia al territorio. Para la planificación es fundamental el territorio, no se trata de una planificación centralista y de escritorio como en la Unión Soviética de los años 70. El sistema de planificación establecido en la Constitución tiene dos aristas: participativo y descentralizado. Desde esa perspectiva el Gobierno  y el país han tenido un acierto en que si lo que queremos potenciar es el territorio, lo hagamos mediante la desconcentración. Esto implica trabajar en regiones, distritos y circuitos para que los ministerios que tienen que aterrizar sus servicios en el territorio, como Salud y Educación, lo hagan. Por otro lado está la descentralización, y la Constitución es claramente progresista, así como el Cootad que recoge 15 leyes para que no haya contradicciones y se ajusta al mandato constitucional.

En Guayaquil circulan panfletos que defienden la autonomía. ¿Se reproduce lo que vivimos en 1999, es el fervor político de ciertos sectores tras los resultados electorales del 23 de febrero?
Desde mi punto de vista, con total acierto, el presidente Rafael Correa habló en el último Informe a la Nación de una restauración conservadora, que en los próximos años aparecerá en distintos ámbitos. Hemos tenido una discusión sobre la banca con la aprobación del Código Monetario y Financiero. De alguna manera lo que buscan es no volver al esquema donde el Estado recupere sus facultades reguladoras y ponga a la banca al servicio de la sociedad, sino todo lo contrario. Me parece que esa suerte de exacerbación de un discurso autonomistaes lo que ya vivimos en1999 y 2000. La ciudadanía no debería olvidarse de la famosa foto de los crespones negros, cuando las élites políticas y económicas de Guayaquil salían a reclamar autonomía, en una lógica secesionista. Eso es lo que el paíssepultó con la Constitución de 2008, pero con principios de unidad nacionaly solidaridad.

¿Por qué no dialogar con esos sectores para resolver estas diferencias que se están planteando políticamente?
Desde los distintos estamentos del Gobierno hay la predisposición. Por ejemplo, cuando la Senplades junto al IAEN y el Consejo Nacional Electoral convocamos a un proceso de formación para presidentes de juntas parroquiales, alcaldes y prefectos, un acto inédito tras las elecciones del 23 de febrero pasado,para que conozcan la Ley de Contratación Pública, el Plan Nacional de Buen Vivir, el Plan de Desarrollo -obligatorio para todo el sector público y los gobiernos autónomos descentralizados-, que contó con la presencia apabullante de líderes locales,también hubo actores que la ciudadanía los identifica con nombre y apellido que no asistieron. Otro ejemplo es que las alcaldías, prefecturasy parroquias deben elaborar un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y desde la Senplades les proporcionamos toda la información estadística y cartográfica del país.El gobierno nacional generalmente abre los mecanismos de diálogo y solemos tener una presencia mayoritaria, los ausentes son los mismos personajes que la ciudadanía ya identifica.

¿En el proyecto de ley, qué rol jugará la nueva Superintendencia?
En ambas propuestas, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea, hubo coincidencia en las instancias de regulación y control. ¿Por qué? No porque hablamos previamente sino porque hasta 2007 las instituciones de investigación podían llamarse centros, apartamentos, etc.; y los que hacían regulación eran consejos, unidades y agencias. Entonces había una gran cantidad de instituciones con conceptos distintos, pero que hacían lo mismo. El reto del actual Gobierno fue crear un glosario de términos, con el cual si se quiere tener rectoría sobre un tema como minería es un ministerio; en investigación un instituto; en regulación una agencia; y en control cuando son bienes superiores se establece una superintendencia. Entonces, para regular el uso del suelo que supone un derecho a la ciudad y al hábitat, consagrado en la Constitución como un derecho superior, laherramienta es una superintendencia. Detrás de esto lo que hay es mayor disciplina institucional en el país y si los prestadores son públicos y privados es mejor tener una Superintendencia, que es parte de una función del Estado y puede controlar con legitimidad.

En ese contexto, ¿cuál será el rol del Ministerio de Vivienda?
Es el rector del desarrollo urbano nacional, del derecho al hábitat y a la ciudad. Se trata de que existan políticas nacionales y estándares técnicos de regulación. Por ejemplo, que las ciudades tengan un número de hectáreas verdes por número de habitantes, que las viviendas no estén en zonas de riesgo, ni cerca de las grandes carreteras del país. Mientras que quien define dónde va un parque, un área industrial, áreas residenciales y de diversión dentro de una ciudad son los municipios.
Creo que hay una intención deliberada de politizar el tema y de crear confusión, pero justamente el tema de suelos y canteras (tras el sismo del 12 de agosto) nos brinda la oportunidad de hacer un trabajo más coordinado, siempre y cuando cada quien tenga claro lo que le compete. Un acierto de la Constitución de 2008 es distinguir entre competencias provinciales, municipales y parroquiales. Antes teníamos prefecturas haciendo canchas deportivas en los barrios para ganar votos.

La emergencia generada en Quito tras el sismo de 5,1 grados reveló que aspectos como el control de las canteras no estaban claros. ¿El Consejo Nacional de Competencia, que preside Senplades, podría emitir una resolución que defina mejor el rol municipal y del Gobierno central?
Si es necesario mejorar ese modelo de gestión así lo haremos, pero cuando el Consejo esté totalmente constituido. Tras las elecciones del 23 de febrero, los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (GAD) tienen que elegir a sus delegados. Ya hemos pedido al presidente del Consejo Nacional Electoral,  Domingo Paredes, que apresure el proceso de elección de los representantes de los GAD al Consejo Nacional de Competencias y se ha comprometido a hacerlo en las primeras semanas de septiembre. Si hay que regular para que las competencias funcionen mejor, así lo haremos.