El proceso de evaluación de jueces y fiscales entra en una etapa crucial para quienes no superaron la evaluación. En los próximos días, el Consejo Nacional de la Judicatura de Transición les notificará su separación de la Función Judicial, tras lo cual serán indemnizados.

Así lo confirmó Fernando Yávar, miembro del Consejo de la Judicatura, quien añadió que el primer grupo notificado será el de jueces y empleados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), mientras que en las siguientes semanas lo harán con el grupo perteneciente a la Fiscalía General del Estado.

En todo el país se examinó a más de 5.400 servidores judiciales, de los cuales aproximadamente 1.200 pertenecientes a cortes y fiscalías no pasaron la evaluación. Y otros 1.500 han pedido la reconsideración, lo cual está por resolverse, y en el caso de no tener una contestación positiva, también serán separados.

“Esperamos en estos días notificarlos, tras ello serán cesados e indemnizados, para lo cual hemos hecho las correspondientes gestiones para contar con el presupuesto para poder llegar al objetivo. Según nuestra planificación, debería tomar aproximadamente un mes desde la notificación para proceder a su completa desvinculación del sistema judicial”, aclaró Yávar.

Liquidación

Respecto a la indemnización que recibirán los desvinculados, todo dependerá del tiempo de servicio que tienen en la Función Judicial.

Son tres grupos los que se desvincularán, tanto de las cortes y juzgados como de las fiscalías: los que renunciaron voluntariamente, los que pidieron su jubilación y los que no pasaron la evaluación.

Para cubrir sus liquidaciones, Yávar anunció que la Judicatura ya cuenta con un presupuesto que supera los 30 millones de dólares.

En cuanto a los puestos que quedarán vacantes tras las notificaciones y desvinculaciones, serán llenados en base a concursos de méritos y oposición que ya están en trámite. El concurso que la Fiscalía con  la Judicatura convocaron  en enero pasado debe terminar  ahora en abril, con lo cual no solo se llenarán  los espacios, sino que se creará un banco de elegibles que permitirá  a la Judicatura llenar puestos en las fiscalías.

Tania Arias, integrante del Consejo de la Judicatura, señaló a la prensa que hasta octubre, tres meses antes que concluyan las funciones de este organismo, deberán concluir todos los concursos y fijar el personal permanente. “Nunca más jueces a dedo, si no pasan la evaluación, saldrán”, sentenció hace poco Arias.

“Con estos concursos esperamos terminar con los encargos a jueces temporales y conjueces. No significa que desaparecerán, eso está en la ley, pero no queremos encargos indefinidos”, resaltó Yávar.

En lo que se refiere a llenar las vacantes de personal administrativo del sistema de justicia, se aprovechará  la denominada Bolsa de Empleo Judicial, que existe en la página web de la Judicatura, tomando en cuenta la necesidad y los perfiles que se requieran para que cumplan eficientemente su labor.

Justamente sobre este punto, pero relacionado a los fiscales, el principal personero de ese organismo, Galo Chiriboga, manifestó ayer: “Las inconductas de los fiscales serán procesadas. Por ello, su trabajo debe estar sujeto a la Ley y a la Constitución”.

Según un informe del programa de reestructuración de la Función Judicial, el organismo presidido por Paulo Rodríguez calcula invertir un presupuesto de alrededor de 51 millones de dólares para evaluar el talento humano.

La Función Judicial del país, incluida la Fiscalía General, tiene aproximadamente 7.000 jueces, fiscales y funcionarios de todos los niveles, distribuidos en los distintos distritos judiciales del Ecuador.