El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) designó ayer a los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) tras cumplirse las fases de méritos, oposición e impugnaciones, quienes estarán en funciones los próximos seis años y tendrán el reto de continuar con las reformas a la justicia.

Tania Arias Manzano, por la Fiscalía; Néstor Arbito Chica, por la Defensoría Pública; Karina Peralta Velásquez, por la Asamblea Nacional; Gustavo Jalkh Röben, por la Corte Nacional de Justicia; y Paulo Rodríguez Molina, por la Función Ejecutiva, fueron nombrados como vocales principales del organismo.

Según la Constitución, el elegido de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia presidirá la Judicatura, responsabilidad que recaerá en Gustavo Jalkh. Todos los vocales fueron designados con el voto favorable de 5 de los 7 consejeros del Cpccs.

En la mayoría constaron Fernando Cedeño (presidente), Mónica Banegas, Hugo Arias, Marcela Miranda y Luis Pachala. Los únicos que se abstuvieron de votar fueron Andrea Rivera y David Rosero.   

La lista de los vocales elegidos será remitida a la Asamblea Nacional para que fije día y hora para su posesión, “antes del 26 de enero, cuando de manera improrrogable debe terminar su labor de 18 meses el actual Consejo de la Judicatura de Transición”, señaló Fernando Cedeño, titular del Cpccs.

El organismo transitorio se instauró por mandato de la consulta popular del 7 de mayo de 2011.

La designación del CJ se realizó en base al reformado artículo 179 de la Constitución (aprobado también en el referendo), que dispone que el organismo administrativo de la Función Judicial se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas.

El artículo 181 de la Carta Magna señala que las funciones del CJ serán definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial, conocer y aprobar la pro forma presupuestaria de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos, dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores judiciales, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas.

Los vocales también deberán administrar la carrera y la profesionalización judicial,  organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación judicial, y velar por la transparencia y eficiencia de este poder del Estado.

La selección del nuevo CJ tuvo vigilancia. El 26 de septiembre de 2012, el Cpccs convocó a la conformación de una veeduría ciudadana para la elección de los integrantes de la Judicatura. “Hemos cumplido con el mandato popular y lo que señala la Constitución”, aseguró Cedeño, quien aclaró que el procedimiento no fue subjetivo.

Tras conocer la noticia, a través de las redes sociales, varios políticos de oposición criticaron la designación aduciendo que se trata de ex funcionarios del Gobierno.

El pasado 2 de enero, el presidente Rafael Correa, durante una visita al Complejo Judicial de Loja, dijo que el informe de la Veeduría Internacional a la Reforma Judicial del Ecuador fue “altamente positivo” y destacó la independencia de esta función. “Este proceso es inédito, democrático, ordenado por mandato popular y reconocido en el mundo. No se puede tapar el sol con un dedo”, destacó el Mandatario.

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