De los 118 casos de abuso y violación a los derechos humanos que fueron investigados por la Comisión de la Verdad (CV), entre 1984 y 2008, ninguno ha sido juzgado o sancionado hasta el momento.

El informe fue conocido en junio de 2010  y señala que  el 51% de los casos corresponde al período presidencial de León Febres Cordero (1984 -1988), donde se habrían producido 32 ejecuciones extrajudiciales, 12 atentados, 9 desapariciones forzadas, 214 privaciones ilegales de la libertad,  275 víctimas de tortura y 72 hechos de violencia sexual.

La información -contenida en cinco tomos de aproximadamente 400 páginas cada uno- es procesada por la Unidad Especializada para los casos de la CV, creada por la Fiscalía en noviembre de 2010, con el propósito de judicializar los delitos que  hasta ese momento estuvieron invisibilizados.

A la fecha, el 70% de los  casos (81) está en etapa indagatoria y se prevé que en los próximos días algunos pasen a instrucción fiscal (formulación de cargos).

El que mayor avances reporta es el  de Damián Peña, un estudiante que fue   asesinado en enero de 2002, durante una  protesta en la Universidad  de Cuenca (Azuay), presuntamente a manos de dos policías que repelieron a los manifestantes.

La audiencia de formulación de cargos está convocada para el martes a las 08:30, en el Juzgado Tercero de Garantías Penales, después de nueve años y medio del suceso, por el cual se investiga al capitán Pablo Inga Aguirre y al coronel en servicio pasivo Eduardo Sarmiento López.

Sonia Bonilla, madre del joven, comentó estar agradecida por la intervención de la CV y ahora  espera   que la Fiscalía actúe con firmeza y el caso no quede en la impunidad.

No obstante, considera necesario y urgente la depuración del sistema judicial, pues el proceso estaría próximo a prescribir por la lentitud en las investigaciones.

Familiares de las víctimas esperan resultados   

El estudio identificó a 456 víctimas de delitos de lesa humanidad y en el 80% de los casos se señaló a los presuntos responsables. En el tomo 5 consta un registro completo y actualizado con los nombres, rasgos y cargos de las personas acusadas por las víctimas con el fin de agilizar los  procesos judiciales, pero hasta la fecha no hay resultados concretos.

Así lo confirma Dolores Guerra, esposa de uno de los presuntos desaparecidos en el operativo policial realizado en una  farmacia de Guayaquil, en noviembre de 2003, conocido como el caso Fybeca.  “Ha pasado un año desde que presentaron el informe que, según hemos conocido, le costó un millón de dólares al Estado ecuatoriano y aún persiste la impunidad”, subraya.

Ella, junto a Dolores Briones y Dolores Vélez -las otras viudas de aquel episodio violento-, se apostaron el pasado martes en los exteriores del Gobierno Zonal de Guayaquil para ser atendidas por el presidente, Rafael Correa, durante su visita a la ciudad.

El intento fue estéril en primera instancia, porque las mujeres no pudieron esquivar a la guardia presidencial que bloqueaba el acceso al vehículo oficial, pero  minutos después, Luis Monge, dirigente de PAIS en Guayas, receptó una carta de las “Dolores” que iba dirigida a Correa.

En ella  solicitaban la intervención del Primer Mandatario para que los procesos judiciales contenidos en el Informe de la Verdad se agilizaran. “Yo confío en el presidente Correa y en el proceso político que lidera, pero ya ha pasado un año y no se ven resultados”, dijo Dolores Guerra.

Dolores Vélez, quien en 2007 fue candidata para asambleísta constituyente, explica que una vez que la Comisión emitió su informe hubo “un poco de movimiento” en la Función Judicial, pero  con el tiempo se fueron decepcionando.

“Empezaron a citarnos para tomarnos nuestras declaraciones, para que llevemos a nuestros testigos, para que presentemos documentación que ya había sido revisada (...) Es decir que nos estaban pidiendo iniciar el proceso desde cero cuando ya había etapas superadas”, lamentó la viuda.

Ese pesimismo es compartido por el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, quien dirige sus críticas a la lentitud con la que han venido trabajando los tribunales y la Fiscalía General. “Existe una omisión de parte de la Fiscalía y de los jueces, los cuales pueden hacer un trabajo más ágil, pero debido a los ya conocidos problemas de la Función Judicial, poco se ha avanzado”.

El funcionario se sincera al aceptar la posibilidad de que haya presiones políticas alrededor de la Fiscalía, sin embargo, aclara que no tiene pruebas específicas de aquello, pero explica que en temas tan delicados como violaciones a los Derechos Humanos, los funcionarios judiciales son blanco de inmensas presiones de las altas esferas.

Testigos y víctimas tendrán que volver a rendir testimonio

Aunque el informe de la CV contiene testimonios de las víctimas y familiares, dando  indicios de  los posibles responsables y los lugares donde se produjeron los crímenes y torturas, la Unidad Especializada ha vuelto a solicitar declaraciones.

Para Cristian Bahamonde, integrante de la CV, se trata de un  trabajo que ya desarrolló el organismo para la elaboración del informe, lo que retrasa la judicialización de los casos. Pide a los fiscales tratar con especial atención a los testigos por la delicadeza de los delitos, a fin de que  puedan aportar con nuevas pruebas o información.

No obstante, destacó como avances el inicio de las indagaciones, el reconocimiento, por parte de la Fiscalía, de lugares como Yambo en el caso Restrepo, y la incautación de los documentos oficiales que sirvieron de base para identificar a autoridades policiales y militares involucradas en los crímenes.

Por otra parte, indicó que  la investigación en sí misma arrancó en febrero de este año, pues previamente los fiscales designados tuvieron que capacitarse en  Derechos Humanos y procesos  similares como los ocurridos en Argentina y Perú, para tener material suficiente que les permitieran llevar adelante los casos.

La Unidad Especializada está integrada por los fiscales José Córdova (coordinador desde hace un mes), Henry Estrada, Raúl Salgado, Galo Rodríguez, Fabián Salazar y Fausto Trujillo, y se estima que las investigaciones arrojen resultados oficiales en febrero del próximo año. En promedio, cada fiscal tiene 21 procesos a su cargo. 

Durante los primeros seis meses de funcionamiento, la Unidad estuvo bajo la coordinación de Salazar. En ese periodo  81 de los 118 casos pasaron a indagación previa, con la intención de verificar la información proporcionada por la CV.

Hasta el momento ninguna indagación ha dado paso a una instrucción, pero se conoció que el fiscal general Washington Pesántez sigue  de cerca el trabajo del organismo.

Comisión espera ser prorrogada en funciones

La Comisión de la Verdad fue creada el 3 de mayo de 2007 por el presidente Correa, tras un pedido de diversas organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, que buscaban esclarecer e impedir la impunidad de los hechos violentos registrados entre 1984 y 1988.

En junio de 2010, con la presentación del informe, concluían sus funciones, pero el Ministerio de Justicia decidió extender el plazo por seis meses  con el fin de que dieran seguimiento a los casos.

La conformación de la Unidad Especializada no fue suficiente, por lo que se resolvió prorrogarlos en funciones hasta el 30 de junio de este año. En ese periodo estaba previsto que  el Ministerio asumiera el tema, pero el cambio de autoridades ha dificultado la transición y se prevé que haya una nueva extensión de al menos tres meses.

El asunto preocupa a Bahamonte, pues admite que falta mucho por concretar, principalmente la reparación a las víctimas y familiares como recomendó el informe.

“Si la Comisión dejara de funcionar sería más complicado (dar seguimiento al proceso) porque todos tendríamos que retomar nuestras actividades”, comenta. “Estaremos al tanto de lo que ocurra con cada caso, pero dependerá de la disponibilidad del tiempo de cada comisionado. Por eso es necesario que las víctimas se organicen para que presionen a la justicia y a  la Fiscalía”. Precisamente una de las tareas pendientes es la aprobación de la Ley de Víctimas, por el estancamiento del proyecto  enviado a la Asamblea Nacional. 

Mientras la Fiscalía intenta avanzar  en las investigaciones, los testigos y víctimas  de estos crímenes van superando el miedo, aunque  se conoce que dos personas están bajo protección  por amenazas. La lucha es , como puede verse, muy difícil, pero las víctimas no están dispuestas a abandonarla.