En la década de los años 90 e inicios de 2000, los procesos que llegaban a conocimiento de los más altos organismos de la justicia ecuatoriana, entre ellos la Corte Suprema, casi siempre concluían con fallos a favor de Texaco-Chevron.  

De aquello dan cuenta archivos de la Justicia Ecuatoriana como la Gaceta Judicial. Revelan cómo personas naturales y jurídicas, entre ellas exempleados de la petrolera e instituciones del Estado, siempre llevaban las de perder cuando entablaban juicios laborales, civiles y tributarios (ver gráfico).

Tras casi 20 años de litigio y de registrarse cambios profundos en el sistema de justicia, la petrolera perdió uno de los juicios más importantes, planteado en 1993 en la Corte de Nueva York (EE.UU.) y luego en Lago Agrio (Sucumbíos), por los 30 mil indígenas y campesinos de la Amazonía ecuatoriana afectados por la contaminación ambiental y el daño a la salud.

En 2011, la justicia ecuatoriana falló a favor de los afectados: sentenció a Chevron a pagar una indemnización de $ 9.500 millones.

La petrolera inició entonces una campaña de descrédito en contra de la justicia ecuatoriana, en la que antes decía confiar. Arremetió también contra los afectados, a quienes en el juicio RICO que se ventila en EE.UU. los trata como a mafia delictiva que busca perjudicarla.

En Ecuador ha contado con la ayuda de políticos y autoridades de varios gobiernos, abogados, jueces, fiscales, periodistas, medios y diplomáticos estadounidenses. Incluso, amparada en los Tratados Bilaterales de Inversión, entabló juicios contra el Estado. El afán sería no pagar la indemnización y que sea el país quien termine cancelando los $ 9.500 millones.

Además, utiliza su poder económico para enjuiciar a organizaciones internacionales que apoyan con recursos a los indígenas amazónicos para que así no puedan seguir  afrontando los juicios. Esa presión surtió efecto la semana pasada.

‘Woodsford Litigation Funding Limited’, firma británica de litigios, llegó a un acuerdo con la petrolera para dejar de financiar a los ecuatorianos. “La estrategia de Chevron es procurar que los pueblos amazónicos se queden sin recursos y sin defensa. Somos perseguidos por ese ejército de abogados y empresas de  lobbie, espionaje y comunicación de Chevron”, denunció a este Diario Pablo Fajardo, procurador común de los 30 mil afectados. El abogado advirtió que la lucha no va a quedar en medio camino por falta de recursos, presiones o amenazas. (I)