A quince días de que se cumpla el plazo para la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Mercado (Antimonopolio) el pleno de la Asamblea prepara para esta semana el primer debate.

La normativa la envió el Ejecutivo con carácter de económico-urgente para que se tramite en un plazo máximo de 30 días. El objetivo es convertir a la ley en la herramienta legal que permita prevenir, corregir y sancionar el abuso de poder de mercado y conductas nocivas para la competencia.

Mateo Villalba, subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), aclaró que el Gobierno no busca perseguir o desarticular a las empresas.

La iniciativa plantea la creación de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, la cual controlará e investigará a las empresas.

Villalba agregó que la ley no solo estará vigente para las empresas privadas, sino también para las públicas, aunque señaló que en varios sectores, como el energético, será necesario mantener el monopolio.

René Ramírez, secretario nacional de Planificación, indicó que fueron varios los intentos por dar paso a una Ley Antimonopolio, sin embargo no fue posible porque eran evidentes los nexos económicos entre los gobiernos de turno y los grupos de poder. “Con la ley habrá competencia leal y sobre todo independiente de los poderes del Estado”, dijo el funcionario.

Paco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, confía en que haya los votos y la voluntad política de todos los bloques para aprobar una ley en beneficio del país. “Caso contrario, al ser un proyecto enviado a la Asamblea con el carácter de económico-urgente, podría entrar por el ministerio de la ley”, señaló.

Reparto del mercado

Según un estudio realizado para la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), la concentración económica está en ocho áreas de  elaboración de productos: lácteos (5 empresas concentran el 61%), textiles (9 empresas el 61%), bebidas alcohólicas (1 empresa el 81%), molinería (5 empresas, el 71%), productos de higiene (2 empresas, el 76%), pastas (2 empresas, el 54%), plásticos (11 empresas el 50%) y aceite (1 empresa, el 58%).

La ley contiene aristas que permitirán eliminar las barreras de entradas de productos, restringir los niveles de producción y extracción del excedente del consumidor, contracción de medios de producción, discriminación de precios, coacción para limitar o impedir la compra, venta, movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios, venta condicionada, acuerdos de reparto, segmentación de mercado, subsidios cruzados, condiciones de compra-venta, entre otros.

Como parte de la socialización realizada, el documento fue analizado por 24 sectores, registra al menos 30 cambios de la propuesta original.

El documento que se llevará al pleno es respaldado por los asambleístas Velasco, Juan Carlos Cassinelli, Viviana Bonilla, Ramón Vicente Cedeño, Eduardo Encalada y Zobeida Gudiño, todos afines al Gobierno; mientras que los de oposición Alfredo Bautista (alterno de Luis Noboa), Salomón Fadul, Silvia Kon, Patricio Quevedo y Ramiro Terán se abstuvieron.