El pedido fue unánime. Los representantes de la banca privada pidieron a la Comisión de Régimen Económico y Tributario que archive el proyecto de ley de Redistribución del Gasto Social enviado por el presidente Rafael Correa, con el que se pretende financiar el alza del bono de desarrollo humano, de $ 35 a $50, con las utilidades del sector. 

Los líderes gremiales aseguraron que la ley afectará a los depositantes y al sistema financiero del país. Indicaron que es inconveniente para el desarrollo económico de Ecuador, plantearon que se limitaría el crecimiento del crédito y acusaron al  proyecto de discriminatorio.

Los banqueros llegaron puntuales, a las 09:00. Estuvieron César Robalino, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados; Joaquín Morillo, director ejecutivo de Produbanco;  Mario Prado, asesor jurídico de la Asociación de Bancos Privados; Eduardo Cargminiani, asistente jurídico de la Asociación de Bancos Privados, y Javier Vaca, director de la Red Financiera Rural. El retraso de una hora de Francisco Velasco, presidente de la Comisión y otros asambleístas, ocasionó que Robalino y sus compañeros decidieran marcharse.

Ellos se levantaron y fueron seguidos por los periodistas. En el camino se toparon con Velasco, quien pidió muy comedidamente a Robalino que deponga su decisión. El presidente ejecutivo de la Asociación de la Bancos Privados de manera enérgica reiteró su postura, pero aclaró que la iniciativa legal es peligrosa.

Tras un breve diálogo, los banqueros se quedaron y la sesión  inició a las 10:05. Robalino, que seguía molesto por el atraso, a manera de reclamo, se rehusó a intervenir y delegó a Morrillo. El se autoproclamó representante de los 7 millones de depositantes, quienes han confiado al sistema bancario 20 mil millones de dólares. 

Morillo afirmó que la banca ecuatoriana ha crecido y es solvente, pero justificó que es imposible otorgar créditos a los depositantes sin que haya un patrimonio que lo solvente, en referencia a las utilidades. Mencionó que el año anterior la banca ecuatoriana se capitalizó con 282 millones de dólares y que por concepto de tributos se pagaron 309 millones de dólares.

Los legisladores seguían con atención el discurso. Robalino estaba callado. En el área legal, César Carmigniani habló del sigilo bancario y de la regulación del sueldo de los ejecutivos. “No existe ya sigilo bancario en el Servicio de Rentas Internas (SRI). Lo cierto es que en los hechos el SRI viola el artículo 106. Quiero pedir a la comisión que tome en cuenta el sigilo bancario y por ello cómo quedaría la situación de las subsidiarias en el exterior”.

Rechazó la posibilidad de que  un ejecutivo de la banca, que supuestamente  tiene grandes responsabilidades, pueda tener un recorte salarial. Criticó que la Junta Bancaria se convierta en “Departamento de Recursos Humanos”. “Se está limitando a la gente joven que quiere hacer carrera en los bancos, pues el mensaje que se les transmitiría es que el Estado será quién regulará sus sueldos”, dijo.

Con ese argumento, se pidió el archivo del proyecto de ley. Los susurros entre asambleístas y ejecutivos se escuchaban en el salón. Robalino responsabilizó a los asambleístas y a “su gobierno” ante cualquier crisis que pueda ocurrir en la banca.

Con un tono más bajo Javier Vaca, representante de las 44 organizaciones de microfinanzas, defendió el aumento del bono porque desarrollará la capacidad productiva. El grupo de Vaca tiene una cartera de crédito de 1.129 millones de dólares y representan el 77% de la banca privada.

Luego fue el turno de Carlos Marx Carrasco, director del SRI y Patricio Rivera, ministro de Finanzas. Ellos explicaron el proyecto y apoyaron la aprobación del mismo. Ambos reiteraron que no se afectará la estabilidad financiera de la banca  porque ésta es solvente. Aclararon que el alza del bono de desarrollo humano fue pensado y realizado desde una visión técnica por parte del Estado ecuatoriano.

Encuesta servirá para conocer información de los beneficiarios

Peggy Ricaurte, coordinadora zonal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, indicó que en 2013 se encuestará a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BHD). Esas declaraciones las ofreció a Radio Pública. “Ahora en 2013 vamos a tener nuevas encuestas en los hogares”, indicó la funcionaria, para conocer las mejoras en las condiciones de pobreza de los hogares que reciben el subsidio.

Desde Guayaquil, la funcionaria gubernamental reconoció que “podría haber personas que dieron información equivocada” o que ya no necesitan del bono. Para eso, agregó, también servirán los sondeos.