La Asamblea Nacional tendría pendiente la discusión inmediata de 3 leyes, entre ellas el Código de la Economía del Conocimiento o Ingenios, el de Salud y la Ley de Seguridad Social. Así lo recalcó el presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace ciudadano el pasado sábado.

También durante su intervención pidió que los asambleístas trabajen con celeridad por las leyes que son trascendentales para el país. El Mandatario recalcó que no se trata de dar órdenes al pleno de Asamblea, sino de hacer un trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

El Código de Salud es un proyecto en que la Comisión Legislativa del sector ha trabajado arduamente. Correa dijo que en los próximos días el proyecto será remitido para su análisis.

María Alejandra Vicuña, integrante de la comisión y exvicepresidenta del grupo legislativo, explicó  en reiteradas ocasiones que el propósito es aglutinar la normativa dispersa relativa a salud, porque existen leyes contradictorias y no complementarias.

Uno de los aspectos que se incorporarían al código es el tema de la medicina prepagada. Planteamiento  presentado el año anterior por la asambleísta Pamela Falconí. Esto consiste en la regulación de este sistema, al que se  considera sustancial.  Según la Comisión encargada del tema, la medicina prepagada registraría 800 mil usuarios, de estos 600 mil cuentan también con el sistema de seguridad social, pero no lo utilizan.

Hay 2 posibilidades para regular estas empresas: que los prestadores sean incluidos en el Código de Salud, aún por aprobarse, o que se elabore una ley independiente.

El segundo proyecto pendiente es el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, que fue aprobado por el Ejecutivo la semana pasado. Esta propuesta articula varios sistemas, como el de educación superior, ciencia, tecnología e innovación; educación, cultura y el productivo.

La propuesta es pionera en el mundo y busca cambiar el modelo productivo del país, basado en el talento humano, a través de la ciencia y la innovación. Contempla que el internet sea considerado un servicio básico y revalorizará la figura del investigador.

Mientras que la tercera norma, la Ley de Seguridad Social, plantearía la afiliación de 3 millones de trabajadores autónomos. (I)