La  justicia en el Ecuador  atraviesa uno de sus peores momentos  por el desprestigio en el que ha caído debido a la  corrupción y politización.

Y es que alrededor de  1’100  mil casos están represados y hay una eterna  pugna entre la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía, por fallos de los  jueces.

Para el presidente Rafael Correa, la falta de confianza es grande en los administradores de justicia, por lo cual la depuración y  transformación de la Función Judicial se convierte en una necesidad.

El ministro de Justicia, José Serrano, dice que este es el  reto más importante del Gobierno, tras dos años de vigencia de la Constitución de Montecristi y comprobar que los cambios no se realizaron de acuerdo a las necesidades del país.

“Ahora se  busca entre otras cosas acabar con la impunidad que inició en la década de los ochenta, cuando los socialcristianos se apoderaron de las cortes del país”, afirma el funcionario.

Según las estadísticas que se manejan en el Consejo de la Judicatura y en el Ministerio de Justicia,  a nivel nacional, se registra hasta la fecha   1’067.411 causas, de las cuales  583.119 se  encuentran en los juzgados civiles,  204.004   casos en los   penales y  179.440   en los  de la Niñez y Adolescencia.

Seguidos de  62.659 causas en  los juzgados de Tránsito, 38.625 en las cortes superiores, 20.312 en los juzgados de Inquilinato, 17.877 en los  de Trabajo y 12.356 en los tribunales penales.

Lo que preocupa a la Dirección  de Rehabilitación Social  son los casos penales, puesto  que    las personas declaradas en prisión previa el 2,97%  es condenada y la restante 97,3% sale sobreseída o absuelta.

En el 2006, el 6%  de presos no tenía condena y las causas penales pendientes para el 2008 fueron de 193.723 a nivel nacional.

La ministra  de Coordinación Política, Doris Soliz, sostiene que   la crisis de la Función Judicial no se refleja   únicamente en los testimonios de personas, pues las cifras son un espejo de lo que ocurre en las diferentes instituciones de la Función Judicial.

Dice que según el   último reporte de la Administración  Judicial  (2011), en el país  hay cerca de 1’100 mil causas represadas en los diferentes juzgados, “detrás de estas cifras están 1’200 mil  ciudadanos con casos concretos que no han sido atendidos, ahí está parte de la ciudadanía que sabe que la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura, hasta hoy, no han resuelto su derecho de acceso  gratuito a la justicia”, remarca.

Para resolver este problema, el Gobierno propone   transformar   la justicia a partir de la consulta popular.
Pero para el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, la consulta está incompleta y llena de temas innecesarios. “Somos conscientes de la necesidad imperiosa de transformar la justicia, pero nos oponemos a que se lo haga metiéndole la mano desde el Gobierno”.

El constitucionalista Agustín Grijalva tiene una opinión similar. “Se deben examinar  tres ejes claves:  la violación de la independencia judicial, la violación de derechos constitucionales  y  la reiteración innecesaria de normas ya vigentes o el planteamiento de normas confusas como mera estrategia electoral”, afirma el jurista en referencia a la propuesta gubernamental de consulta popular.

El oficialismo responde  que se trata de un acto soberano del Gobierno al pedir que se pronuncie la ciudadanía. “Ahora lo que se propone es  remitir lo que ordene el pueblo en las urnas a una  ley, para que sea la ley la que determine el plazo razonable de prisión, es decir no es un tema de cómo aumentamos o disminuimos la caducidad, sino cómo cumplimos con un plazo razonable; es uno de los cambios”, asegura Serrano.

Los puntos que se prevé transformar con el referendo, en el ámbito de la justicia, son  la caducidad de la prisión preventiva, la aplicación de medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, la administración de justicia y Consejo de la Judicatura de Transición; y, la nueva Integración del Consejo Nacional de la Judicatura.