La Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) condenó al ex asambleísta del Partido Sociedad Patriótica (PSP) César Ricardo Alonzo Mora, a 20 meses de prisión, multa de 40 dólares y pago de costas, daños y perjuicios a favor del Estado ecuatoriano.

Con fecha 3 de octubre de este año, la Sala declaró improcedente el recurso de casación presentado por el acusado y lo declaró responsable del delito de concusión, tipificado y sancionado por el artículo 264 del Código Penal.

En 2007, cuando ejercía las funciones de legislador, Alonzo fue imputado por la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República del delito de concusión, al exigir cargos en la Presidencia y direcciones de distintas instituciones y empresas del Estado ecuatoriano.

El entonces parlamentario había demandado puestos claves como la presidencia de Andinatel, la vicepresidencia de Petroecuador y la Dirección Nacional de Hidrocarburos, a cambio de doce votos a favor del veto presidencial a la Ley de Justicia Financiera y otros temas e iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, ahora Asamblea Nacional.

“Mandamos a un investigador e hicimos la denuncia de que este legislador nos estaba chantajeando; eso es delito de concusión”, dijo ayer el secretario nacional Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien saludó la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Penal de la CNJ.

Para el funcionario, luego de un largo proceso en que se han cumplido las diferentes etapas penales e instancias, ha llegado a su fin el juicio con una sentencia definitiva y ejecutoriada. “Este es un buen precedente en la lucha contra la corrupción que lleva adelante el Gobierno y para que nunca más un asambleísta pida cargos públicos a cambio de su voto”, dijo, al señalar que la perseverancia ha triunfado.

Fuentes allegadas al PSP prefirieron no pronunciarse sobre el tema, aduciendo desconocer la sentencia. De igual manera aseguraron que desconocen el lugar donde se encontraría Alonzo.

El subsecretario Jurídico de la Presidencia, Vicente Peralta, fue quien presentó la acusación en el 2007 en la Fiscalía General del Estado e inculpó directamente al ex asambleísta y a Peter Quevedo como los promotores directos del supuesto chantaje político, a más de los 18 diputados promocionados para ser parte de la exigencia al Gobierno; pero en medio de la acusación presentada, el legislador con su amigo inculpan al entonces prefecto del Guayas, Nicolás Lapentti, de haber pagado 100 mil dólares a los diputados para que nieguen la provincialización de Santa Elena y que el ex presidente Lucio Gutiérrez habría recibido 500 mil dólares.

Una vez presentada la acusación, el Fiscal General del Estado abrió la indagación previa contra el denunciado, en la que también se descubrió que César Alonzo tenía una cuenta de ahorros que no había incluido en su declaración de bienes, donde había depósitos de hasta once mil dólares, los cuáles coincidían con las fechas de aprobación de la denominada ley.

Las investigaciones avanzaron y el 23 de enero de 2008 César Ricardo Alonzo Mora fue detenido, acusado del delito de concusión. A esa fecha el Parlamento estaba en receso indefinido por disposición de la Asamblea Constituyente.

El legislador interpuso acciones legales que le permitieron salir en libertad, mientras las investigaciones continuaron, hasta que este 3 de octubre se emitió la sentencia definitiva por parte de la Segunda Sala de lo Penal de la CNJ.

Ayer, en dependencias policiales no se proporcionó mayor información sobre las acciones emprendidas para  detener a Alonzo.