Por un supuesto incumplimiento de funciones el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, fue destituido, la madrugada de ayer, por el juez Vigésimo Primero de Garantías Penales de Pichincha, Santiago Coba Rodríguez.

La resolución fue adoptada porque el titular de la Judicatura no cumplió con la sentencia que restituía al abogado Juan Pablo Hernández Cárdenas a sus funciones de juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales.

Coba que previamente había acogido una acción constitucional de medidas cautelares, interpuesta por Hernández, notificó de la destitución del cargo a Benjamín Cevallos a la 01:30 de ayer. 

En el escrito también dispone que Juan Pablo Hernández se reintegre   inmediatamente a sus funciones en calidad de juez Vigésimo Segundo de Garantías Penales de Pichincha, conforme se encontraba ordenado en el Auto de Medida Cautelar, que no fue acatado por el presidente del CJ.

La resolución firmada por Santiago Coba está fechada   4 de julio del 2011 y para su cumplimiento fue dirigida al doctor Manuel Rosales Cárdenas, director provincial encargado del Consejo de la Judicatura de Pichincha.

Coba sustenta su actuación en el artículo 30, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que señala que: “el incumplimiento de las medidas cautelares será sancionado con la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia de garantías jurisdiccionales constitucionales”.

Tan pronto conoció de su destitución,  Benjamín  Cevallos suspendió varias actividades que tenía previsto cumplir en Guayaquil y acudió a su despacho en Quito, en donde mantuvo contactos y reuniones con sus más cercanos colaboradores.

En breves declaraciones a la prensa, Cevallos señaló que todo apunta a que es una acción dispuesta desde el Poder Ejecutivo. “Ya escucharon ustedes el mensaje sabatino”, dijo al subrayar que su destitución proviene  de un juez de Garantías Constitucionales que fue designado a petición del Gobierno.

En la tarde de ayer se esperaba un pronunciamiento jurídico del presidente del CJ, luego del análisis detenido a la resolución mediante la cual fue destituido.

En tanto, el vocal del CJ, Ulpiano Salazar, calificó como legal lo actuado, puesto que un juez constitucional puede tomar una resolución o ese tipo de medidas (destitución) en relación a cualquier funcionario público.

“Esas son atribuciones que actualmente establece  la Ley de Garantías Constitucionales”, dijo al señalar que lo que corresponde al momento es que el pleno de la Judicatura llame a Víctor Hugo Castillo para que se integre al organismo, en su calidad de vocal suplente de Cevallos, ya que las normas legales vigentes determinan que deben ser nueve los integrantes del pleno de la Judicatura.

Según Salazar, los vocales del CJ desconocían   las acciones que cumplía Cevallos, debido a que este no les informaba.

La destitución se produjo en circunstancias en que el mismo juez, Santiago Coba, dejó sin efecto la sanción a los tres jueces que fueron suspendidos  por Benjamín Cevallos acusados de haber actuado ilegalmente en la sentencia dictada en contra de los policías implicados en los hechos registrados el 30 de septiembre en la Asamblea Nacional.