Los demandantes ecuatorianos anunciaron que apelarán ante una instancia superior en los Estados Unidos, la "ilegítima sentencia" del juez Lewis Kaplan a favor de Chevron, aunque señalaron estar tranquilos, pues el fallo "no tendrá ninguna validez en las jurisdicciones donde está siendo ejecutado".

En su decisión, Kaplan afirma que la multimillonaria sentencia impuesta a la petrolera en Ecuador por un delito medioambiental se logró "a través de medios corruptos". Acusa al abogado neoyorquino Steven Donziger y sus pares ecuatorianos de presentar "evidencia fraudulenta", redactar ellos mismos la sentencia y sobornar al juez ecuatoriano para que fallara contra Chevron.

También prohíbe a Donziger y los demandantes hacer cumplir la sentencia de Ecuador en los EE.UU. y congela todos los procedimientos derivados de esa resolución.

Para los afectados, la decisión de Kaplan "constituye una burla al Estado de Derecho, y no servirá para mitigar el riesgo que enfrenta la petrolera ante el inminente cobro de la sentencia dictada en su contra por la justicia ecuatoriana", sostuvo Juan Pablo Sáenz, abogado de los indígenas y colonos amazónicos afectados por Chevron.

Para Sáenz, el pronunciamiento del juez federal estadounidense "constituye una ofensa a los principios básicos de la jurisdicción, el debido proceso y la cortesía internacional".

Los abogados nacionales y extranjeros de las víctimas de la petrolera sostienen que no existe fundamento jurídico para que un magistrado de primera instancia de un país, pretenda bloquear o entorpecer la ejecución de una sentencia firme de un país diferente, "por lo que el juez Kaplan debió desestimar el caso RICO por falta de jurisdicción".

Estiman que el juez federal permitió que Chevron "abuse del sistema de justicia civil estadounidense en un intento desesperado por eludir el pago impuesto por la justicia ecuatoriana competente, en el cual se presentó abundante evidencia científica que comprobó la culpabilidad de la petrolera al provocar uno de los peores desastres ecológicos en la historia de la humanidad".

"Este elemento fundamental no fue analizado en el juez norteamericano – por el contrario, Kaplan prohibió expresamente cualquier alusión a daños ambientales o el juicio en Ecuador, violando así el legítimo derecho a la defensa de los ecuatorianos", afirman.

Sáenz señaló que "el hecho simple e irrefutable es que Kaplan no tiene jurisdicción alguna sobre los ciudadanos ecuatorianos" y que  "su ilegítima sentencia" será apelada ante un tribunal superior en Estados Unidos.

"Las comunidades demandantes ecuatorianas están tranquilas, pues la sentencia de Kaplan no tendrá ninguna validez en las jurisdicciones donde la sentencia ecuatoriana está siendo ejecutada", aseveró el abogado de las comunidades.

Más temprano, en su cuenta en Twitter, Pablo Fajardo, también abogado de los afectados, indicó que no le sorprende el fallo, que estuvo "basado en testigos que fueron sobornados" por la petrolera. Sostuvo que la decisión "no tiene importancia" para los demandantes.

Sin Sorpresas. Juez Kaplan baso su fallo en testigos que fueron sobornados por Chevron. El fallo no tiene importancia para los demandantes.

— Pablo Fajardo M. (@Pablofame) March 4, 2014

De su lado, el abogado Steven Dozinger manifestó que Kaplan "se equivoca en la ley y se equivoca en los hechos, y ha dejado que en repetidas ocasiones su implacable hostilidad hacia mi, hacia mis clientes ecuatorianos y hacia su país influya en el caso".

ANTECEDENTES

Ecuador sostiene que Texaco, adquirida por Chevron en 2001, arrojó a los ríos unos 18.000 millones de galones de desechos tóxicos durante sus operaciones en la selva amazónica entre 1964 y 1990.

La petrolera fue sentenciada por la justicia ecuatoriana a pagar más de 19.000 millones de dólares como indemnización.

La condena fue confirmada en noviembre pasado por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que, sin embargo, rebajó a la mitad la indemnización impuesta a la petrolera, y la dejó en unos 9.500 millones de dólares.

Además de la acción legal que lleva adelante en Nueva York, Chevron pidió en diciembre pasado ante la Corte Constitucional ecuatoriana un recurso de nulidad del fallo.

También llevó el caso ante una corte de arbitraje de La Haya.