El pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), sumó ayer una nueva denuncia en su contra. Esta vez, el ministro de Justicia, José Serrano, afirmó que el cuerpo colegiado -que enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional- está centrado en cambiar jueces y conjueces para favorecer a partidos políticos.

La información difundida por Serrano fue ya advertida -días atrás- por el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, quien dijo que la oposición junto al CJ “está cambiando jueces para que hagan dictámenes a favor de quienes están por el No”. Ese anuncio no quedó ahí, ya que el asambleísta interpelante del juicio a los vocales, Mauro Andino, tiene las pruebas con las que demostrará las presuntas irregularidades. Y aunque Andino prefiere esperar hasta mañana para dar a conocer los nombramientos realizados en la administración de justicia, Serrano se le adelantó.

El funcionario expresó que la Judicatura nombró provisionalmente y “a dedo” a conjueces de la Corte Nacional de Justicia para las salas de lo Civil y Tributario.

“En estas  salas se encuentran dos procesos que tienen relación con el  Prian”, manifestó, al tiempo de insistir que el CJ no se puede inmiscuir en los asuntos de la Corte. Sin embargo, enfatizó que se nombró a Amelia Villena, Vicente Cárdenas y José Tayupanta, como conjueces de la Primera Sal de lo Civil; y a Orlando  Martínez, Víctor Julio Torres y Silvia Gueña, como conjueces de la sala de lo Tributario.

El ministro indicó que el conjuez Martínez ni siquiera presenta en el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Registro Único de Contribuyentes (RUC), y los conjueces Villena, Cárdenas y Tayupanta declararon  en cero el Impuesto a la Renta durante el 2010. Éste último -al menos- no declara desde el 2001.

Carlos Marx Carrasco, director del SRI, recordó que el líder del Prian, Álvaro Noboa, adeuda 90 millones de dólares al Estado por la no tributación de su bananera. Y esa querella se tramita en la sala de lo Tributario de la Corte Nacional de Justicia, donde el CJ hizo el nombramiento de los conjueces.

El funcionario comentó que luego de informar al país de esta evasión, los jueces  reabrieron la causa y ahora se tramita una demanda por difamación en su contra.

“Resulta que ahora yo debería pagar 85 millones de dólares por informar las irregularidades de esta empresa”, sostuvo el funcionario, quien convocó a los ecuatorianos a una gran movilización nacional para que estén pendientes de los fallos de los jueces.

Destacó que alrededor de 50 millones  de dólares incluidos intereses adeuda Noboa a sus trabajadores, por concepto de utilidades desde el 2005.

Carrasco enfatizó que lo único que ha hecho es cumplir con su deber, aunque dijo temer por su vida y la de su familia. “Los evasores a gran escala sí son capaces de atentar en contra de la vida porque golpeo su bolsillo”, puntualizó. 

Otra denuncia

El secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Baldeón, denunció que el juez cuarto del cantón Eloy Alfaro de Esmeraldas, Ángel Caicedo, aceptó el pasado 7 de abril una acción de protección a favor de la extinta Universidad Cooperativa de Colombia, con la cual se reconocen los títulos académicos concedidos por este centro educativo.

Baldeón rechazó  la actuación del juez y afirmó que lo único que se busca con este fallo es favorecer al Partido Sociedad Patriótica (PSP).

Al ser cuestionado del por qué de esta vinculación, indicó que una de las autoridades de esta universidad fue el ex asambleísta del PSP, Milton Altamirano.

Ante este hecho, dijo que  agotará todas las instancias para que se cumpla con la ley y no se  validen títulos que -a criterio de Carrasco- fueron otorgados en un “garage”.