El  Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) inició la reestructuración de la Función Judicial con la  remoción de un primer grupo de jueces  temporales, así como de funcionarios administrativos y notarios que fueron nombrados en forma irregular  por Benjamín Cevallos.

Sin embargo aún no está claro cuántos y quiénes son los funcionarios destituidos. La decisión será tomada por el pleno, afirmó el presidente del CJT,  Paulo Rodríguez, quien al ser consultado si serán 42 los primeros jueces removidos, aclaró que son más.

La base para esta decisión es el informe emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Judicatura. 

“Efectivamente hay evidencias de unos cuantos nombramientos producidos no estrictamente en derecho”, declaró Rodríguez, al subrayar que deberán analizar los informes y complementarlos antes de tomar decisiones sobre los implicados, de los que aún no se tiene cifras concluyentes.

Fuentes cercanas a los vocales del CJT explicaron que la designación que realizó Benjamín Cevallos, ex presidente del Consejo de la Judicatura, no tenía un marco jurídico. Además, los vocales prefieren no dar una lista de despedidos hasta que estos no sean notificados.

“No hay una cifra definitiva, ella  estará lista y disponible cuando nosotros adoptemos la decisión”, aclaró Rodríguez.

No obstante, el vocal del CNJ por la Función de Transparencia, Fernando Yávar, en declaraciones a la prensa aseguró que “ya se removió a 42 jueces temporales y conjueces que habían sido cabildeados por el Colegio de Abogados del Guayas para que sean designados sin ningún concurso que cumpla con la Constitución y la ley”.

El ex fiscal anticipó que las anomalías también se han detectado en el nombramiento de notarios interinos o encargados, nombramientos que serán revisados y que se dejarán sin efecto.

Ayer en la tarde se reunió el pleno del CJT y según trascendió a la prensa la remoción de estos funcionarios fue uno de los temas abordados.

Pese a que no existe un comunicado oficial, la tensión llegó hasta los pasillos de la Corte Provincial del Guayas, donde supuestamente trabaja la mayor cantidad de funcionarios cesados.

Víctor Hugo Cevallos, presidente de la Federación Nacional de Abogados, aseguró que ningún juez ha sido informado sobre esta situación.

Está previsto que en el transcurso de hoy se tenga información precisa y muy probablemente la lista de los jueces y judiciales que serán removidos.

Por su parte, la vocal en representación del Legislativo, Tania Arias, prefirió no referirse a este tema y más bien ratificó que el 9  de agosto se presentará el plan de trabajo de este organismo.

Arias detalló que el plan cuenta con seis ejes y reveló que a partir del 15 de agosto se establecerá la jornada laboral única para las instituciones de administración de justicia y para el CJT. Se espera que para el uno de septiembre se anuncie la jornada en todas las  instituciones de la Función Judicial.

Pedro Granja, secretario del Colegio de Abogados del Guayas y de la Federación Nacional de Abogados, indicó que la remoción de los jueces temporales que estudia el CJT es necesaria y rescatable. “Nosotros aplaudimos esa medida y emplazamos a todos los magistrados temporales a que renuncien a sus puestos”, dijo el dirigente sindical.

Granja basó su respaldo al considerar que muchos de los jueces temporales ingresaron a la Corte Provincial del Guayas de manera ilegítima a través de “un concurso en el que ni siquiera hubo un llamado público para que los profesionales puedan presentar sus carpetas y  participen”.

No obstante, el secretario del Colegio de Abogados recordó que ese proceso fue dirigido por el propio Fernando Yávar, quien en ese tiempo era el delegado provincial del Consejo de la Judicatura.

El gremio al que pertenece Granja mantiene varias reuniones en esta semana con el objetivo de que Yávar sea excluido del CJT debido a “faltas al reglamento y a la Constitución de la República”.

Granja aseguró que en el artículo 180 de la Carta Política se establece que para que un ciudadano pueda acceder a un puesto en el Consejo de la Judicatura debe tener al menos diez años de experiencia profesional, situación que, según el Colegio de Abogados del Guayas, Yávar no cumple. “El señor Fernando Yávar recién tiene nueve años de haber obtenido su título de abogado, por lo que está impedido de formar parte del Consejo Nacional de la Judicatura (...) Pero además de eso, tampoco ha presentado textos de relevancia, no ha sido conferencista, no ha sido reconocido por ninguna agremiación del país”, afirmó Granja.

Ángel Rubio,  presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), rescató la “apertura” con la que está trabajando el CJT en sus primeras semanas.  La agrupación se reunió el pasado lunes con el organismo para intercambiar opiniones.