Bajo la consigna de defender sin ningún tipo de costo a las personas en total estado de indefensión, garantizando su acceso a la justicia, un juicio justo y el respeto a los derechos humanos, el defensor público del Guayas, Jorge Rojas Jara, resalta el trabajo de los 58 abogados que prestan sus servicios  en la provincia, no solo en materia penal -cuando esa entidad inició sus actividades en agosto de 2007- sino también en el área laboral y de la niñez y adolescencia, donde patrocinan un total de 127 causas. En una entrevista con este medio de comunicación, el funcionario explica el avance del trabajo de la institución, sus logros y el procedimiento que realiza.

¿Qué clase de compromiso debe distinguir el trabajo del defensor público en el sector justicia?

Ecuador, era uno de los pocos países en el mundo  que no tenía una Defensoría Pública, cuando se supone que esto es  un derecho fundamental del ciudadano. Lo que buscamos es que las personas pobres tengan  acceso a una defensa, a un juicio justo; no  buscamos la impunidad, sino todo lo contrario. Antes  las audiencias no se daban por falta de defensores y muchos juicios no llegaban a su fin, por ende los delitos quedaban sin sentencia, sin una pena; y ahora que existe la Defensoría Pública, lo que  buscamos es una verdadera justicia, esto es que si el procesado  cometió realmente una falta, que sea sancionado  en debida forma.

¿Puede asegurar que en la Penitenciaría del Litoral, donde está recluida más del 70% de la población carcelaria, ya no hay presos sin sentencia?

Definitivamente, desde que se creó la Defensoría Pública ya no hay presos sin sentencia. Ecuador es el único país en América Latina que tiene un porcentaje mínimo de presos sin sentencia, al pasar  de casi el 70%  a cero. La Defensoría Pública  ayuda a agilizar la justicia en ese sentido y el resultado es que han salido más de 12 mil personas en el país. Si al Estado  lo enjuiciaran  todas las  personas que estuvieron inocentemente en la cárcel, pagando injustamente largos años tras las rejas,  no le alcanzaría la plata para indemnizarlas.

¿Se han dado casos sui géneris de encarcelamiento injusto?

Hay muchos, por ejemplo, el de una persona que estuvo 6 años y medio en la cárcel acusada de homicidio, y después de ese tiempo, una de las salas de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dispuso su libertad al encontrarla inocente. Se imagina permanecer esos años  en la cárcel y que vengan y le digan: disculpe, usted se va en libertad, ha sido inocente. Otro caso fue el de  una boleta de excarcelación que no llegó al centro de rehabilitación sino hasta después de  5 años, tan solo porque el procesado no tenía  un abogado que vaya a verla o porque el servidor judicial  esperaba algún adicional para despacharla, o el de un hombre que robó una bicicleta y estuvo 9 años preso porque no había quién lo defienda. Conocemos de ese tipo de casos y si  han salido delincuentes en libertad ha sido  porque ya han cumplido su pena, puesto que  aquí no tenemos cadena perpetua para nadie. Si un asesino debe pagar  25 años tras las rejas, está bien; lo que no estamos de acuerdo es que quien robó un reloj o un celular vaya 2, 3 o hasta 5 años a la cárcel, lo ideal es que se  imponga una pena acorde al delito.

¿Es prioridad  de la Defensoría Pública  descongestionar las cárceles o actúan en otras áreas?

No solo nos limitamos a tratar de descongestionar las cárceles,  nos interesa que todo pobre que no tenga cómo pagar un abogado para cualquier gestión, pueda asesorarse con nosotros en diversas áreas. Ahora mismo estamos  trabajando  en el área social y eso ha tenido mucha trascendencia, como por ejemplo, atendemos a trabajadores que son despedidos en forma injusta, después de 15 ó 20 años de labores, a veces a punto de jubilarse, para no reconocerles sus derechos. También a madres que por falta de abogado no han reclamado los alimentos para los niños o  para reclamar los apellidos a los que no tienen identidad.

¿Han tenido casos de  personas que, a pesar de tener dinero, solicitan los servicios de la institución?

Es posible que alguien que sí tenga para pagar un abogado venga; pero no es mayor diferencia. Mire, una persona que tenga un sueldo de 300 ó 400 dólares no deja de ser un hombre pobre, es un hombre que también necesita de un abogado público; diferente sería que venga alguien de buenos ingresos económicos, ante lo cual lamentaríamos decirle que no; pero eso no se ha dado, por lo menos se daría una asesoría legal para explicarle cómo proceder con otros profesionales, como en los casos de herencia, por ejemplo, donde hay   mucho dinero de por medio.

¿En qué sitios de la provincia  hay presencia de  defensores públicos?

En Guayaquil están en la Policía Judicial del Guayas, en la Corte Provincial de Justicia, en Juzgados de Tránsito y en cada uno de  los 24 cantones restantes de la provincia.

¿Cómo están las cifras a nivel nacional? ¿Qué podemos resaltar entre los principales logros de la Defensoría Pública en sus más de 3 años de funciones?

En el último informe de gestión 2007-2010 consta que se han tramitado 31.225 audiencias orales penales. Se ha bajado a cero el porcentaje de presos con prisión preventiva sin sentencia que estaba en 64%, entendida más allá de los plazos constitucionales de 6 y 12 meses para los delitos de prisión y reclusión. En total, han habido 50.367 personas atendidas por los 205 defensores públicos en  el país y las causas gestionadas, tanto en materias penal como de   tránsito ascienden a 36.993.