Funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad (extinta Democracia Popular), el 30 de septiembre de 1998 suscribieron   el acta final con la que se avalaba que Texaco (Chevron)  había cumplido con todo lo estipulado en el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”, suscrito, en cambio, el 4 de mayo de 1995, en el régimen de Sixto Durán Ballén.      

“El acta final que se firmó con el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) fue doloso, era mentira, era el entreguismo de los gobiernos ecuatorianos a la transnacional”, destacó el mandatario, Rafael Correa, en el Enlace Ciudadano del fin de semana pasado.

Para los afectados y para Correa la compañía estadounidense  nunca reparó en la Amazonía  los daños causados en los 26 años de explotación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana. El acta final, a la que tuvo acceso El TELÉGRAFO, fue suscrita por el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el vicepresidente de  Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa compañía en  Ecuador, a la que se denominó Texpet.

Los funcionarios de ese Gobierno avalaron con su firma que Texpet cumplió “cabalmente” con todos los trabajos en las piscinas y derrames, el taponamiento y abandono de pozos, la reparación de suelo...   

Asimismo, que Texpet  cumplió  las  compensaciones proporcionando  el millón de dólares establecido para proyectos a ser ejecutados por las organizaciones indígenas y campesinas (Foise y Fcunae) y suministrando fondos para la construcción de los cuatro centros matrices de educación y cuatro dispensarios médicos adyacentes, con apoyo  de dos ambulancias fluviales y una avioneta para la logística aérea comunitaria.

Además, en el acta final consta que Texpet cumplió con la ejecución de obras en base a proyectos de agua potable, alcantarillado y letrinización, con los municipios de las cabeceras cantonales de Lago Agrio, Shushufindi, Joya de los Sachas y Francisco de Orellana.  

Pese a que el informe de Contraloría General y   los estudios de la realidad que viven los afectados confirman que Texpet solo hizo ciertas remediaciones de manera antitécnica, los funcionarios de Mahuad  procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía

Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno de la República del Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales”.

DATOS

La documentación original con el sustento técnico y legal para la ejecución de los diferentes trabajos de reparación ambiental que, supuestamente, se ejecutó en la Amazonía a través de su subsidiaria Texpet y en el marco del convenio firmado el 4 de mayo de 1995,  reposa en los archivos de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.  

Consta también que todos esos trabajos fueron aprobados en 9 actas finales, suscritas por funcionarios del Gobierno del régimen de  Jamil Mahuad (de la ex Democracia Popular) y Texpet.