El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador,  Gustavo Jalkh, aseguró en Washington que la ratificación de la condena por daño ambiental contra la petrolera estadounidense Chevron por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana responde a una "total independencia de sus jueces".

"Los jueces han decidido con total independencia con sus criterios. (...) A veces es un símbolo de independencia que justamente la decisión no gusta ni a unos ni a otros, en términos de que no ha sido tomada para favorecer" a ninguna de las dos partes, dijo en referencia a la decisión de la Corte de reducir a la mitad el importe de la indemnización que debe pagar la petrolera.

En entrevista con EFE, Jalkh insistió en que en el caso Chevron, del cual subrayó su naturaleza privada pese a su gran impacto público, la CNJ mostró con su fallo del día 12 "no solo su independencia externa, sino también interna", dado que reduce la sentencia impuesta por la instancia inferior.

"La Corte lo que ha hecho es, en su fundamento jurídico, establecer que ha casado parcialmente la sentencia y considerar que, uno, hay unos daños ambientales y unos responsables, y dos, que cierta parte de esa multa no corresponde en función de la legislación ecuatoriana", explicó.

Chevron fue condenada en 2011 en la Corte de la provincia amazónica de Sucumbíos a pagar unos 9.500 millones de dólares por los daños ambientales en el llamado juicio de Lago Agrio, interpuesto por indígenas y colonos de la Amazonía del país, cantidad que se duplicaría si la petrolera no pedía públicamente perdón por los daños ambientales imputados. Chevron, que recurrió la sentencia ante la instancia suprema, no expresó las disculpas públicas exigidas por la Corte de Sucumbíos, por lo que la cuantía superó los 19.000 millones de dólares, aunque la CNJ eliminó la cláusula sobre el pedido de perdón (daños punitivos), con lo que la cifra se redujo de nuevo a la mitad. Tanto los demandantes, por la reducción de la cuantía, como Chevron, por la ratificación de la condena, han expresado su desacuerdo.

Jalkh, que se encuentra de visita en Washington para presentar el proceso de reforma del sistema judicial ecuatoriano y para llevar a cabo distintas reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con estamentos académicos, subrayó que el nuevo modelo implantado en Ecuador reafirma la independencia judicial incluso de una manera "más radical" que en otros países de la región.

El presidente del Consejo de la Judicatura se remitió a la reciente condena contra el Estado de Ecuador emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la destitución arbitraria de ocho vocales del Tribunal Constitucional en 2004.

"En diciembre de 2004, la Justicia no tenía toda la importancia que tiene (...), no era vista como un servicio público prioritario y era vulnerable a injerencias externas. A mí no me sorprende esa decisión (de la CorteIDH)", aseguró. "Cuando esto ocurrió, en la conciencia social estaba patente que eso solo se podría solucionar con una nueva Constitución" y la nueva Carta Magna de 2008 creó "un diseño institucional más radical que en otros países" ya que en la mayoría de ellos "el poder ejecutivo o el legislativo" participan en la elección de los magistrados, afirmó.

Gustavo Jalkh lidera un ambicioso proyecto de reforma del sistema judicial ecuatoriano, que según datos oficiales, ha duplicado (de 5 a 10) los jueces habilitados por cada 100.000 habitantes, así como ha reducido del 60 % al 10 % los casos de "no realización" de audiencias judiciales, uno de los mayores lastres del sistema.