Con la tenue luz de un foco, Rosa Marcalle intenta alumbrar el dormitorio de sus hijos para que puedan hacer las tareas del colegio. Su casa está ubicada en el barrio Las Cumbres, asentado sobre una loma del sur de Quito, donde la familia vive desde hace ocho años.

Su esposo -ya fallecido- años atrás emigró a España para mejorar sus ingresos y construir la casa. Por el lote, de 217 metros cuadrados, pagó 7.000 dólares el año pasado pero en los registros del Municipio no consta como dueña de la propiedad y hasta la fecha no consigue las escrituras.

Así como ella, miles de moradores de Las Cumbres y otras nueve lotizaciones de la capital tienen el problema de vivir sobre un solar por el que pagaron a Jaime Fernando Iza Chanatasig pero por el cual no recibieron sino un recibo mensual y la promesa de legalizar su predio.

Según información proporcionada por los mismos moradores de Las Cumbres, Jaime Fernando Iza Chanatasig desde hace 15 años ha lotizado al menos 10 barrios en el sur de Quito, entre ellos: El Dorado, La Garzota I y II, San Juan de Turubamba, La Pampa I, II y III, y Las Terrazas de Guajaló.

Según las autoridades municipales, que contabilizan unos 4.000 perjudicados, el hombre actuó por su cuenta y comercializó los solares sin los debidos permisos, aún cuando los predios están en zonas de riesgo. Ante esta situación, quienes viven ahí serán reubicados y sus casas demolidas.

Un silencio sepulcral sigue cuando se nombra a Iza. El cruce de miradas nerviosas delata el miedo que el “lotizador” infunde en los barrios que “ha fundado”.

Si alguna persona se sentía perjudicada por la entrega de recibos simples al adquirir un solar a Iza, las amenazas se convertían en una constante cuenta Narcisa Baño, otra moradora del barrio, quien recuerda que hace cinco años un grupo de hombres rodearon su casa, se treparon al techo para amedrentar a su familia y con ladrillos rompieron las ventanas de su casa. El mensaje era claro, nadie debía reclamar a Iza.

Jaime Cárdenas, ex colaborador de Iza, también reclamó las escrituras de su casa y cuando acudió al Municipio para iniciar el trámite comprobó la ilegalidad de los terrenos. Organizó un comité barrial, pero el dirigente llegó al barrio y ofreció a los moradores regalarles la casa de Cárdenas para una guardería o cualquier otro fin, a cambio de que los vecinos lo desalojen de su casa y lo expulsen del barrio, pero todos se  negaron, contó Baño.    

A Manuel Tapia, otro de los afectados, le apuntaron con un arma en la cabeza, relatan sus vecinos. “Ese día salimos con palos y piedras para defenderlo”, recuerda Elsa Guamán, quien asegura que Iza es “un hombre de cuidado”.

Después de un tiempo, el lotizador formó una comitiva barrial con personas afines a él, quienes cobraban 10 dólares mensuales a cada familia por gastos de administración, hasta que un día se negaron a pagar. Aún quedan 80 lotes vacíos en Las Cumbres, los cuales siguen en venta, a pesar de que Iza afronta un juicio penal por estafa iniciado por el Municipio de Quito.

El mismo problema enfrenta Julia Jácome, quien vive en el barrio San Juan de Turubamba, mientras alimenta a sus  gallinas, cuyes y unas cuantas vacas, de donde obtiene huevos y leche que vende para mantener a sus siete hijos.

La mujer cuenta que hace 10 años conoció de la venta de los terrenos a través de radio Monumental y del canal 23, y que ofrecían facilidades de pago. Llegó hasta una oficina en el barrio Santa Rita, en donde conoció personalmente a

Jaime Iza, quien le mostró los planos del barrio y le prometió que ahí se construiría una urbanización con todos los servicios básicos. La incomodidad por la deficiencia o falta de servicios básicos son escenas que se repiten en la mayoría de los sectores “fundados” por Iza.

Betty Maygua llegó a Las Cumbres cuando aún era un bosque. Recuerda  que entre los vecinos hicieron mingas para talar los árboles y comenzar a construir. Su casa está dividida en dos: en el frente vive su hija con su familia y en otra “mediagua” ella.

La energía eléctrica la toman de los barrios vecinos, sin embargo, por la cantidad de casas con frecuencia hay  cortocircuitos y es común que pasen las noches a oscuras. Algunos recuerdan que por años vivieron a la luz de las velas.

Tampoco tienen alcantarillado y el sistema de agua potable lo instalaron ellos mismos hace algunos años. Por mucho tiempo, el barrio vecino Cristo Rey les dotaba de agua por medio de mangueras y en otras ocasiones por tanqueros. 

La única vía de acceso está a 300 metros de la calle principal y no está asfaltada, por lo que hasta el sector no llega el transporte público. Tampoco es común que algún vehículo ingrese al barrio, y cuando lo hace, a los moradores les invade el temor y rápidamente entran a sus casas.

En diciembre del 2010 la tragedia enlutó al sector. En la madrugada, un derrumbe sorprendió a una familia mientras dormía y todos sus miembros fallecieron. La modesta vivienda quedó sepultada bajo el alud y ya no quedan vestigios de ella. Sin embargo, en la memoria de sus vecinos se mantienen las escenas del rescate de los cuerpos. No lo dicen, pero saben que eso puede repetirse, pues Las Cumbres fue declarada como zona de riesgo por el Cabildo.

Antes de que la zona sea habitada, de allí se obtenía la arena para la construcción y como evidencia de esa práctica todavía son visibles los túneles que atraviesan la ladera y sería cuestión de tiempo que la montaña se desmoronase.  

Ese es el principal temor de Teresa Córdova, pues debajo de su casa la tierra ha empezado a ceder y por el momento lo único que puede hacer es mover de sitio la cama de sus hijas.

En San Juan de Turubamba, el frío es penetrante. Las mujeres aprovechan el sol de las mañanas para lavar su ropa y pues desde hace apenas un año tienen agua potable, pero por mucho tiempo se abastecieron con tanqueros o recolectando el agua de lluvia. Hace cuatro años recién lograron que la Empresa Eléctrica le proveiera de luz.   

Las 24 familias que habitan en el sector dejaron sus casas a medio construir cuando se enteraron de la ilegalidad de las tierras.    

En todos los barrios, los más de 4.000 afectados coinciden en que Iza, después de cobrarles por el terreno, les hacía firmar un contrato por 5.000 dólares adicionales con la promesa de entregarles obras de alcantarillado, agua, luz y adoquinado, pero nunca se concretaron, y de eso han pasado ya 15 años.  

Todos guardan con recelo los recibos que Iza les entregaba cada mes por el pago de las cuotas del terreno. Eso es lo único que tienen como prueba del engaño.

Enith Maza, otra de las afectadas, explica que en varias ocasiones intentaron llegar a un acuerdo con Iza. Se comprometían a pagarle lo que algunos adeudaban por sus terrenos y él, a cambio, les entregaría las escrituras de las viviendas. Eso nunca se cumplió.

La directiva del barrio San Juan de Turubamba decidió entonces contratar a dos abogados para demandar a Iza, pero después de un tiempo los vecinos se enteraron de que no realizaron ningún trámite. Por el supuesto servicio, los moradores del sector les pagaron 4.000 dólares. Juan Francisco Tigasivega, quien trabaja en el mercado de San Roque, construyó una pequeña vivienda con el apoyo de su esposa. Inicialmente, el lotizador le ofreció un terreno de 100 metros, que luego se redujo a 96 metros, porque cada vez que alguien se atrasaba en un pago, Iza volvía a medir el espacio y les cobraba multas de hasta mil dólares, relata el hombre.  

Según los moradores de San Juan de Turubamba, Iza habría comprado el terreno a un hacendado en dos dólares por metro cuadrado, pero él se los vendió en 40 dólares. Muchos de los afectados supieron de la estafa cuando intentaron sacar un préstamo hipotecario y les informaron que los documentos que presentaron no tenían ninguna validez legal. La angustia no termina, pues aseguran que Iza los amenazó con destruir sus casas si insisten en demandarlo.

Luis Matango, presidente del barrio la Pampa II, en donde habitan 24 familias afectadas, compró su lote en el 2001 y acabó de pagarlo en el 2004. Cuando supo de la situación legal del terreno solicitó un amparo posesorio para evitar el desalojo y también contrató un abogado, pero cree que no le asesoraron bien porque no resolvieron nada. 

Gonzalo Tandazo, y Rafael Quishpe, presidente y secretario del barrio El Dorado, explican que  ahí existen 949 lotes, de los cuales 400 están ocupados. Las casas, de uno y dos pisos, se levantaron hace más de ocho años y los moradores del sector también fueron atemorizados. “Iza llegó con gente de San Roque y golpearon a varios  hombres, mujeres y niños”, cuenta Gonzalo, mientras muestra los recibos y contratos de compra y venta.

Antes de contar con agua potable, el barrio se abastecía de una fábrica de hilos y actualmente cuenta con alcantarrillado provisional.

En El Dorado está la casa modelo que Iza mostraba a los interesados. En el 2004, lo denunciaron por cobros indebidos, pero el proceso reposa en el Juzgado Tercero de lo Civil porque el juez pidió un peritaje valorado en  32.000 dólares que debían costear los moradores. Para lotizar y vender los terrenos, Iza creó una empresa denominada “Iza Constructores”, mediante la cual también “vendió” terrenos a personas radicadas en España.

El proceso está en el Tribunal Séptimo de Garantías Penales, hasta donde los afectados llegan tras dos horas de viaje. Hoy se prevé realizará la audiencia de juzgamiento.