La situación era un caos en el  sector “San Alejo”, en Portoviejo. Era la mañana del 1 de septiembre de 1995 cuando las volquetas de la Policía Nacional llegaron a la populosa zona para cumplir con la orden de desalojamiento, dictado por la Gobernación de Manabí, de las personas que se habían asentado en esos terrenos privados.

“El chofer que cumplía la orden de derribamiento  arrasó las construcciones causando la muerte de Fabián Palacios arrollado en la cabeza. El mismo vehículo causó graves lesiones a otro menor,  José Gregorio Mendoza, otro de los habitantes de San Alejo”, especifica uno de los relatos presentados en la Comisión de la Verdad, organismo creado para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos entre 1984 y 2005.

El documento revela que, según la propia declaración del mayor de Policía Manuel Ramón Andino Leiva, quien conducía el vehículo antimotines, “no se tenía un ciento por ciento de visibilidad, al ingresar el vehículo había pasado sobre unas casuchas (…) en una de ellas se habían encontrado personas (…) posteriormente se supo que habían sido atropelladas”.

La persona que resultó herida en el desalojo, José Mendoza, fue trasladada al hospital Regional de Portoviejo e ingresada en terapia intensiva. Su padre formalizó la acusación particular ante la Corte Superior de Justicia de Manabí, en contra de  “José Marcos Acosta Cedeño,  Gerardo Bazurto García,  Vicente Villacís Flores y Galo Garibaldi García García, por tentativa de asesinato”.

Según el reconocimiento médico legal practicado en José Mendoza  por Miguel Sacoto Guillén, de la Policía de Manabí, y por   Johnny Miranda Cañarte, médico perito, se concluyó que el paciente “presenta un cuadro neurológico irreversible (…) las lesiones le producen una incapacidad permanente”.

La familia emprendió desde aquel día varias gestiones para castigar a los responsables de la invalidez de su hijo, sobre todo hacia las autoridades de la Gobernación de Manabí de aquel entonces porque   ordenaron el operativo de desalojo.

Sin embargo, sus esfuerzos se vieron truncados cuando conocieron la resolución de los operadores de justicia de aquella época.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, Víctor Lozada Herdoíza, dispuso lo siguiente: “se ordena levantar el auto cabeza de proceso en contra de   José Acosta,   Vicente Villacís Flores,    Gerardo Bazurto,  Galo Garibaldi García, más autores, cómplices y encubridores que aparecieren en la investigación del presente ilícito”.

La desazón entre los familiares del afectado fue evidente, más aún al comprender que, debido a sus escasos recursos, no podrían continuar con los procesos legales que, en ese entonces, tenían un costo   cada una de sus etapas.

El padre de la víctima de este caso denunció esta situación ante la Comisión de la Verdad para buscar justicia en el organismo, creado por el presidente de la República, Rafael Correa.

Los comisionados esperan reactivar varios   casos que han sido denunciados durante más de un año de investigaciones para castigar a los responsables.