Entrevista a César Montúfar, asambleísta por la provincia de Pichincha y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana.

¿Cuál es su postura sobre las preguntas 4 y 5?

Sostengo que voy a votar no en esas dos preguntas, básicamente por tres razones. La primera es por el grave problema que tiene efectivamente la justicia, de ineficienca, corrupción e inoperancia, que en gran medida han sido causadas por la interferencia constante del poder político. Esto no es un asunto reciente, llegó a su punto máximo con la intervención de Febres Cordero, luego de los distintos partidos políticos, Gutiérrez intentó hacer lo mismo con la Pichicorte. El control político sobre la justicia ha sido y es una de las causas principales de corrupción e inoperancia. Esas preguntas, en ambos casos, plantean corregir los problemas de la justicia con la misma fórmula.

Que sea el presidente el que directa o indirectamente, de una u otra forma, reestructure el Consejo de la Judicatura (CJ) y a través de éste se lleve a cabo la designación de jueces y la reestructuración general del sistema judicial. Las dos preguntas no son el camino que debemos seguir para conseguir el objetivo de transformar y mejorar el sistema de justicia.

Hay un agravante adicional y es que es ilusorio que se piense  que  en 18 meses se va a lograr que tres personas iluminadas  reconstruyan la justicia y la encaminen hacia un proceso de reforma. Una institución requiere de procesos, que en el caso de la justicia deben ser garantizados por su autonomía.

Si los políticos y el presidente le meten mano a la justicia, vamos a tener una situación anómala para un Estado democrático. En la justicia se ventilan los procesos judiciales que se abren en contra del propio Gobierno. Imagínese si esta función, que debe ser autónoma e independiente, es controlada por el Ejecutivo, entonces qué tipo de imparcialidad vamos a tener para el juzgamiento de funcionarios de gobierno. Por todo esto le diría que no hay otra alternativa que la de pronunciarse por el no, porque de ninguna manera se van a resolver los problemas a través del mecanismo planteado.

La pregunta 4 establece una nueva conformación del CJ. ¿Qué error ve usted ahí?

En que el CJ es el órgano de gobierno de control de la Función Judicial. Allí no puede haber representantes de otras funciones del Estado; se crea una situación en la que el Ejecutivo tiene interferencia, casi directa, en la Función Judicial. En ese CJ van a estar representadas personas que pueden ser llevadas a procesos judiciales. No habrá ninguna independencia. Imagínese que en el órgano de gobierno de la justicia esté un representante del Fiscal, del Presidente o de otras instituciones del Estado. La justicia tiene que ser autónoma, independiente, debe garantizar que no habrá interferencia de ningún actor y que por lo tanto no pueda fallar, y pueda, sí, llevar adelante los procesos de juzgamiento. Por eso es que la forma definitiva en que se pretende reestructurar el CJ no garantiza de ninguna manera, sino que atenta contra el principio de independencia de las funciones del Estado.

Desde el oficialismo se critica que la oposición no presente alternativas. ¿Cuál sería entonces la solución al problema de la justicia?

Siempre hemos presentado alternativas, creo que eso es falso. De hecho, a largo de los últimos meses en que se ha venido discutiendo este tema en la Asamblea, los sectores de oposición hemos presentado múltiples posiciones y alternativas en el ámbito de cada uno de los niveles de operación de la justicia. Así que yo creo que ese argumento oficialista no es verdadero. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Partir del hecho de que los políticos no tenemos que meterle la mano a la justicia, peor la Función Ejecutiva o la Legislativa. Tiene que ser absolutamente independiente. Sobre esa base es el CJ el que tiene que dotarse de independencia, economía administrativa y financiera para que a partir de sus propios procesos de profesionalización y tecnificación se pueda ir depurando la Función Judicial, desterrando la influencia política, los vicios del pasado. ¿Cuál era uno de los grandes problemas que la Revolución Ciudadana iba a corregir? Justamente la profesionalización de la justicia y que los juzgados no estuvieran controlados por representantes de partidos políticos o jueces puestos por determinados caudillos políticos, eso es lo que hay que corregir y no reemplazar unos por otros, porque ahora lo que nos ofrecen es que de la hegemonía febrescorderista socialcristiana sobre la justicia tengamos una influencia de otro color, verde- PAIS. Lo que va a ocurrir es que luego de pocos años quedará en evidencia que esa no fue la solución. Se necesitan procesos de tecnificación, evaluación, control; procesos que hay que fortalecer dotando al CJ de autonomía administrativa y financiera, que no ha tenido hasta el momento, y que, por lo tanto, el proceso que está en marcha sea el que termine depurando la justicia.

¿Cómo se puede dotar de autonomía al CJ?

Evitando que el Ministerio de Justicia intervenga sobre los vocales del CJ, evitando que el Ministerio de Finanzas determine e incida sobre las prioridades de gasto del CJ, es decir autonomía administrativa y financiera; eso es lo que requiere un órgano que está encargado del control y evaluación de la Función Judicial. Pero con la interferencia de los ministerios de Justicia y Finanzas no habrá las condiciones para que realmente el CJ pueda funcionar adecuadamente.

Actualmente la Constitución establece que el Consejo de Participación debe organizar un concurso para elegir al CJ. ¿Usted es partidario de que se mantenga este sistema?

Yo no fui partidario de la Constitución, pero esa Carta Magna fue aprobada por el pueblo ecuatoriano, entonces por lo menos se debió esperar a que ese modelo empezara a funcionar. Es increíble e insólito que se quiera cambiar un modelo que ni siquiera ha sido puesto en práctica. El mecanismo de organización de la Función Judicial, de las cortes superiores, de las cortes provinciales y de la Nacional nunca ocurrió como lo determinó la Constitución de Montecristi. Sería insólito que antes de que algo comience a funcionar se lo intente cambiar por un mecanismo absolutamente distinto, que en vez de apuntar hacia la independencia política de la Función Judicial se dirige hacia la ‘repolitización’, solamente que de otro color. No resulta para nada coherente y lógico que se cambie un sistema antes de que empiece a funcionar.

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