Las notarías se encuentran bajo observación de las autoridades. En primer lugar porque desde el 1 de junio de este año empezaron a regir las nuevas tarifas para los diferentes servicios que brindan los funcionarios y porque estos tienen a su cargo  trabajadores que deben ganar un sueldo acorde con su desempeño, además de contar con todos los beneficios sociales.

En el país existen 437 notarías y de ellas un gran porcentaje se encuentra en Guayaquil. Unas son más concurridas que otras, ya sea por la ubicación o porque se han ganado la confianza de los usuarios.

Estos sitios están bajo el control del  Consejo de la Judicatura (CJ). Pero recientemente una nueva entidad ha entrado en escena. Se trata del  Ministerio de Relaciones Laborales, que  ha decidido levantar información sobre estas oficinas, para garantizar los derechos de los trabajadores.

Esto porque en las notarías hay gran cantidad de personas que trabaja en diferentes oficios, desde  pasar documentos a los abogados hasta revisarlos, en una especie de asesoría. Todo depende, en realidad,  del tamaño de la notaría.
En el caso de la Trigésima, ubicada en el segundo piso de un edificio en las calles 9 de Octubre y Chile, en Guayaquil, es común ver gran cantidad de personas.

La notaría  ocupa todo el piso y se  convierte en un alboroto. En esta oficina hay seis escritorios, todos llenos con documentos, sobre todo el que está ubicado en el centro del lugar, que pertenece a Piero Aycart, abogado e hijo del notario titular.

Él tiene su oficina en una habitación aislada del bullicio y del apretón de las personas que llegan apuradas, pues necesitan cumplir con algún trámite.

Ese es el caso de una pareja que no sabía qué hacer, pues solo le habían dicho que necesitaban notarizar documentos para comprar su casa. Allí estaban ellos, perdidos entre la gran cantidad de gente mientras que unos salían de la oficina del notario que revisaba documentos, voceaban apellidos de personas para entregarlos y otros que le entregan dinero a Aycart, encargado de ponerle el  visto bueno a los papeles antes de que pasen hasta donde su padre.

Y entre todo ese tumulto de personas, que hablaban al mismo tiempo y mientras cobraba por los documentos notarizados y guardaba el dinero en uno de los cajones de su escritorio, que estaba lleno, el abogado contestó brevemente.

Aycart detalló que aunque las tarifas han disminuido, la demanda de trámites no. En este lugar trabajan alrededor de 30 personas, que son dependientes directos, según el abogado, a los que se les pagan todas las obligaciones patronales. Aunque dijo que unas 10 adicionales brindan servicios particulares.

Es justamente por esta situación que los inspectores de Trabajo se encuentran visitando cada oficina, para comprobar que cumplan con la ley.

En la visita de los inspectores algunas personas negaron trabajar en los lugares y aunque no habían comprobantes dijeron que se les ha pagado todo lo que dice la ley.

Las inspecciones empezaron desde hace dos semanas y entre las irregularidades más comunes y las que fueron motivo de citaciones está el que no se llevan los registros de los pagos de los décimos. Aunque también se encontraron personas con bajos sueldos, es decir menos del mínimo, que es de 292 dólares.

Por su parte la notaría 18, que está a cargo de Olga Bravo, dijo que en su oficina hay 6 dependientes y que todos están afiliados. En su caso, lo que mayoritariamente se hace son declaraciones juramentadas, trámite que junto a los testamentos y poderes es gratuito para las personas de la tercera edad, según informó el Consejo de la Judicatura. Además, el costo ha bajado significativamente: antes  era de 60 dólares y ahora es de solo 30.

Otro grupo que es beneficiado con estas nuevas tarifas es el de las personas con capacidades especiales que tengan el carné  del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) o del Programa Manuela Espejo. Pagarán el 50% menos del valor.

Las ganancias de las notarías siempre han sido exclusivamente para los profesionales que las dirigen, las mismas que utilizaban los recursos para cubrir los gastos.

Con la nueva disposición se implementó un techo de 5.000 dólares mensuales de movimiento. Luego de este monto los notarios deben compartir un porcentaje de las ganancias con el Estado, desde el 5 hasta el 51%.

Adicionalmente Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que todos los trámites tienen un decremento  en su costo de hasta un 80%. Lo que también beneficia a  las comunas, comunidades y pueblos indígenas que se verán exentos del pago de la notarización de ciertos documentos, como protocolizaciones o actas de expropiación.

Ricardo Montalvo, gerente de Gestión del  Consejo de la Judicatura,   informó que el organismo, amparado en el nuevo marco legal, reestructuró el pago por los servicios.