Con la aprobación de la pregunta 3  del referendo, efectuado el 7 de mayo, se prohíbe que los directivos de bancos  y  medios de comunicación privados tengan participación accionaria fuera de sus respectivos ámbitos,  disposición que deberá cumplirse en el plazo  de un año, según  lo establece el anexo 3,  ratificado por   más de 4 millones de ecuatorianos.

El vicepresidente de la Asamblea  Nacional, Rolando Panchana, explicó que  la   enmienda constitucional se  aplicará inmediatamente, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente  los resultados oficiales y disponga su publicación en   el Registro Oficial. Pero   las  superintendencias de Compañías, Bancos y Telecomunicaciones son las que harán  cumplir   la norma.

Sin embargo, las   autoridades  aún  no   concluyen el    proceso anterior, en el que  la  Constitución de Montecristi  ordenaba la  desinversión de la banca en los medios de comunicación en un plazo máximo de dos años.

El  período concluyó  en octubre de 2010 y hasta el momento ningún organismo de control ha presentado un informe al respecto.

La  Superintendencia de Bancos, por ejemplo,  debía receptar  una   declaración juramentada de los propietarios  de instituciones financieras, precisando que no poseen acciones en medios. Hasta ese momento se conocía,  por ejemplo,   el  vínculo  entre el Banco Pichincha  con Teleamazonas y del Banco del  Austro  con  Telerama.

Para conocer cuántos bancos cumplieron   la disposición gubernamental y si se  produjo la desinversión, este Diario solicitó una entrevista con el superintendente Pedro Solines, pero hasta el cierre de esta edición  no hubo respuesta.

No obstante, cuando  asumió el cargo, Solines señaló que la entidad esperaría el informe  de la Superintendencia de Compañías para contrastar la información y pronunciarse sobre el tema. 

En esta entidad,   el superintendente (e) Camilo Valdivieso manifestó que la verificación del   traspaso o  la venta de acciones de los medios, que compruebe  la desvinculación de la banca, avanza favorablemente, pero no precisó cuándo se conocerá el informe sobre cuántos medios cumplieron el mandato constitucional.

Según el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, las autoridades de control deben revisar más de 500 expedientes porque son   concesiones que tienen  más de 10  años y en algunos casos, incluso, han sido renovadas.

Por lo tanto, manifestó que esperará  los informes de las autoridades de control  para actuar conforme manda la ley.

En caso de incumplimiento, la Superintendencia de Bancos  podría  retirar los derechos  sobre las acciones  en   medios que estuviesen vinculados  a los bancos, mientras que Telecomunicaciones  podría revertir la frecuencia.

En cuanto al   proceso que dispone la enmienda constitucional, el secretario de Estado indicó que, apenas  el CNE emita los resultados definitivos, pedirá    a los organismos de control     la documentación necesaria para determinar   en qué casos existe la  vinculación  banca-medios, a fin de notificar a quienes deban acatar la disposición.