Tal y como había sido anunciado con anticipación, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, entregó ayer a la delegación ecuatoriana el Proyecto de Informe sobre Avances y situación de los Derechos Humanos en el Ecuador, para que éste sea adoptado en el pleno de la sesión.

Esta es una primera etapa del examen periódico universal sobre derechos humanos; luego los países tendrán dos semanas para revisión del documento en cuanto a su redacción y realizarán las observaciones si así lo consideran. La aprobación definitiva de este informe se realizará durante septiembre por parte del pleno del Consejo de Derechos Humanos.

Este documento fue presentado el pasado lunes ante los Estados miembros por el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, y que tuvo una aceptación favorable en  la mayoría de las delegaciones. Este informe pasó por un proceso de revisión, análisis y aceptación en el que participaron los países que conforman la troika (República del Congo, Cuba y Suiza) y los propios representantes ecuatorianos.

El delegado de Cuba, Rodolfo Reyes, en representación de la troika, presentó el proyecto de informe, el mismo que contiene 64 recomendaciones, y resaltó que numerosas delegaciones reconocieron y felicitaron al Ecuador por sus avances en materia de derechos humanos, lo que destaca la voluntad y el compromiso que existe para asumirlas.

El funcionario caribeño resaltó la participación del Vicepresidente, los Ministros de Estado -entre los que estuvieron el Secretario de Comunicación, la Ministra de Justicia,  Derechos Humanos y Cultos y el Secretario de Planificación- y los delegados ecuatorianos.

En el proyecto de informe el Ecuador acepta el 97% de las recomendaciones realizadas durante el examen, lo que constituye un balance positivo -según el Ejecutivo- porque en muchos casos estas son acciones que están siendo aplicadas o se encuentran en proyectos listos para su ejecución.    

Una vez que Reyes hizo la entrega del documento, la presidenta del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Laura Dupuy, solicitó a la sala que se apruebe el proyecto de informe, la misma que lo hizo inmediatamente.

Ecuador, a través del embajador, Luis Gallegos, adoptó este informe y manifestó que “estamos presentando otro rostro al mundo, el rostro de un país solidario en el que conviven armónicamente todas sus nacionalidades y pueblos”.  

Los tres puntos no acogidos

La primera observación que no fue respaldada por la delegación nacional fue la realizada por Suiza en la que propone reformar la legislación  en materia de libertad de expresión con el fin de ponerla de acuerdo con las normas internacionales y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La respuesta ecuatoriana fue que el país ha suscrito el Pacto de San José en la que se establecen  las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin embargo explica que no se pude acoger a la observación porque es la Corte y no la Comisión de Derechos Humanos la que tiene competencia judicial para modificar la legislación actual.

El segundo punto discordante fue la propuesta  para que se eliminen las leyes que criminalicen la opinión y que acepte la llegada al Ecuador de la OEA y de los relatores de EE.UU. y de la libertad de expresión.

La delegación nacional respondió a esto afirmando que en Ecuador no existen leyes de ese tipo, por lo tanto no se pueden eliminar normas que no existen. Además, afirma que no se han negado a ninguna solicitud de relatores especiales y que se mantiene en pie su invitación a todos estos funcionarios para que  constaten la libertad de expresión.

Finalmente, Alemania propuso  procedimientos de consulta a fin de aplicar el derecho libre, previo e informado, de consentimiento a los pueblos indígenas. 

Por su parte, Ecuador respondió que la Constitución vigente establece la consulta como un derecho de todos los ecuatorianos, y particularmente como un derecho de comunidades, pueblos y nacionalidades, una consulta previa, libre e informada, pero no su consentimiento.

Adicionalmente, se recordó que en el país hay pueblos indígenas viviendo en aislamiento voluntario, y que el Ecuador tiene la obligación de garantizar sus vidas, respetar y hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, así como defender la validez de sus derechos, lo cual torna inviable obtener su consentimiento de estos ciudadanos.