El presidente de la República, Rafael Correa, advirtió  ayer sobre la infiltración de grupos políticos de   derecha y de fundaciones financiadas desde el extranjero en las organizaciones sociales del país.

Durante el II Gabinete entre las organizaciones sociales y el Gobierno, desarrollado ayer en el Palacio de Carondelet, Correa señaló que esos grupos de poder intentan desviar la representación del pueblo para controlar las funciones del Estado.

“Ahora cualquier político fracasado que no gana una elección se convierte en organización social para tratar de imponer lo que no ganaron en las urnas”, indicó.

El Jefe de Estado fue más allá y dijo que los infiltrados buscan sus propios intereses al camuflar su accionar con el planteamiento de que sí cumplen con las políticas públicas a favor de la sociedad civil. Dijo tener pruebas de que organizaciones sociales y fundaciones reciben recursos de estos grupos de poder. Puso como ejemplo a Fundamedios, de la cual -además- expresó que habla de la libertad de expresión con organismos internacionales, cuando -según los cables de WikiLeaks- habría mantenido contacto con la embajada de Estados Unidos.

El Primer Mandatario hizo un llamado a las organizaciones sociales a estar en alerta, como lo estuvieron en septiembre de 2010, y en marzo pasado para defender la democracia. Además, pidió a los medios públicos revelar la información de los cables.

Este anuncio fue el preámbulo de la reunión con los representantes de 38 organizaciones sociales del país. Entre ellas: la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos y Indígenas del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras; la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, la Federación de Estudiantes Universitarios de Ibarra y de Quito, organizaciones indígenas-campesinas de Chimborazo, los sindicatos del área de la salud, la Red de Barrios, los gremios del transporte, la Federación Nacional de Servidores Públicos, la Red Nacional de Migrantes, la Red de Maestros, Red Agraria, entre otras.

Cerca de cinco horas les tomó hacer un balance del trabajo desarrollado desde el 14 de julio de 2011, cuando se realizó el primer gabinete de este tipo.

Se observaron los avances y compromisos efectuados sobre la base de las 8 mesas sectoriales de trabajo que se conformaron, en las que  se planteó la revisión de las políticas laborales, de  justicia, seguridad y género; economía social y solidaria, revolución agraria, revolución de la salud, educación y vivienda; políticas para jóvenes,  para pueblos y nacionalidades; y políticas de cultura, ambiente y patrimonio.

Marcelo Solórzano, de la Coordinadora de las Organizaciones Sociales,  confirmó su respaldo al Mandatario en la defensa de la democracia, pero también dijo que el Gobierno mantiene una deuda con los pueblos indígena, montubio y afro en materia de reforma agraria.

Betty Tola, ministra coordinadora de la Política, dijo que producto del encuentro se acordó hacer una síntesis de los acuerdos y responsabilidades que tienen cada uno de los ministerios.

La funcionaria sostuvo que este espacio de diálogo se realizará cada cuatro meses. Sin embargo, explicó que los dirigentes trabajarán directamente con los ministerios en las mesas sectoriales.

Su preocupación se centró en temas como la reforma agraria, la seguridad y la equidad de género. También se refirió al impasse generado entre el Ejecutivo y el Legislativo por los exhortos realizados por este último para atender las políticas públicas. Especificó que los exhortos no deben ser competencia de la Función Legislativa porque los asambleístas están para legislar y fiscalizar.

Apoyo a Ponce en Agricultura

La mayoría de los representantes de las organizaciones sociales pidió al Gobierno que se ejecute una verdadera reforma agraria.

Jorge Loor, de la Red Agraria, se mostró complacido con la nominación de Javier Ponce para ocupar el Ministerio de Agricultura y trabajar en la reestructuración del agro.

Romelio Gualán, presidente de la Coordinadora Nacional Campesina,  manifestó que, como parte del acuerdo político alcanzado con el Ejecutivo, se analizará la distribución de tierras dispuesta en el proyecto de ley que analiza la Asamblea.

Instó al titular de la Legislatura, Fernando Cordero, a que ponga en agenda estos temas para que sean analizados.