El pleno de la Asamblea Nacional decidirá hoy sobre el destino de la pro forma presupuestaria 2012 y la programación cuatrianual 2012-2015.

El presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, convocó a los asambleístas a las 15:30 para analizar el informe de mayoría de  la Comisión de Desarrollo Económico.

Según el artículo 295 de la Constitución, la Asamblea tiene 30 días para aprobar u observar en un solo debate la pro forma y la programación cuatrianual. Si no lo hace durante ese período entrará en vigencia lo dispuesto por el Ejecutivo.

El presidente de la República, Rafael Correa, remitió el pasado 31 de octubre  su propuesta económica para el siguiente año fiscal, la misma que debe ser evacuada hasta finales de este mes.

El pasado 17 de noviembre, la Comisión de Desarrollo Económico presidida por el asambleísta independiente Fernando Vélez presentó a la Presidencia de la Asamblea los dos informes recomendando su aprobación. Los documentos fueron suscritos por los legisladores de Alianza PAIS, Vanessa Fajardo, Omar Juez, Lídice Larrea, Blanca Ortiz y Carlos Zambrano, a los que se sumó Vélez.

El primer informe expresa que conforme al artículo 293 de la Constitución la formulación y ejecución de la política fiscal es de responsabilidad del Ejecutivo. Por tanto los supuestos macroeconómicos utilizados en la pro forma presupuestaria son de exclusiva responsabilidad del Gobierno.

En relación a los supuestos macroeconómicos, los legisladores consideraron que de producirse variaciones, estas deberán ajustarse   durante la ejecución presupuestaria.

Así mismo, expresaron que el Presupuesto General del Estado debe reforzar el cumplimiento de los derechos humanos y la relación entre política económica y social acorde a lo que señala la Constitución, la ley y el Plan Nacional de Desarrollo.

Reconocieron -además- un crecimiento presupuestario para los sectores social, justicia y seguridad. La inversión social, según la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, sobrepasa los 6.300 millones de dólares.

Bajo este panorama los seis legisladores no pusieron ninguna objeción a la distribución de los 26.109’270.275 dólares previstos en la pro forma.

Sin embargo, quien sí realizó cuestionamientos fue la oposición. Los temas que para ellos deben ser revisados son: los gastos relacionados con la publicidad oficial, la compra de renuncias y la contratación de funcionarios.