Guillermina Cruz dijo el jueves que se considera amiga del presidente Rafael Correa y que ella defiende los intereses de su provincia: Napo. Esas declaraciones las ofreció en una rueda de prensa convocada para hablar sobre la Ley de Comunicación.

Cruz ha sido señalada como el voto clave para aprobar la norma. En la misma situación, supuestamente, están Fernando Vélez y Tomás Zevallos, lo que es negado por este último.

Es justamente por esto que  Jorge Escala, asambleísta del MPD, acusó a Cruz de estar pidiendo  un puesto en la Gobernación o en la Prefectura del Napo, una delegación en el CNE, recursos para el Gobierno Autónomo Descentralizado, agua potable para Archidona y  presupuesto para la Universidad Amazónica.

Cruz ha negado estas acusaciones, excepto la última, la cual reconoció. En la rueda de prensa con Zevallos y Vélez, afirmó que como asambleísta -sin salirse de las atribuciones que establece la Constitución y la Ley- ha pedido al Gobierno que cumpla con el presupuesto para la creación de la Universidad Amazónica.

“La Ley de Educación Superior ya fue tratada y eso no puede tomarse como condicionante del voto, lo que sí he condicionado es que se cumpla con el presupuesto para la universidad regional que no constaba en la proforma presupuestaria y hay una certificación de que se lo va a hacer. Mi lucha es social y no personal. No estoy pidiendo mucho, pido derechos sociales”, exclamó.

La Ley de Educación Superior, aprobada hace dos años establece, en una de sus disposiciones transitorias, la creación de la Universidad Amazónica. “Yo no pido cargos públicos, yo no sé quien anda diciendo algo que toque mi honor. Yo decido mi vida política y aún no he decidido mi voto porque tengo algunas observaciones al proyecto de ley”, puntualizó.

Lo cierto es que el artículo 127 de la Constitución, numeral 2, estipula que los asambleístas no podrán “ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”.

Mauro Andino, presidente de la desaparecida comisión ocasional de Comunicación y ponente del proyecto, ha reconocido que  movimiento PAIS no puede aprobar la norma en solitario y por eso se conversa con los aliados, entre ellos Cruz.

En diálogo telefónico con El Telégrafo realizado el lunes pasado, la asambleísta por Napo confesó que “conmigo el Gobierno tiene que dialogar. Porque sí, yo estoy fiscalizando procesos para mi provincia y acá se hace lo contrario. Tampoco tienen mi apoyo”.

Cruz accedió al cargo de asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), pero se alejó de esa tienda cuando apoyó la Ley de Educación Superior. Desde allí fue considerada aliada por parte de PAIS. Eso le ha valido críticas de su antigua tienda política. Gilmar Gutiérrez, jefe de bloque del PSP, criticó a su coterránea. “Es ella la que ha dicho que la decisión la toma al final, ¿esperando qué?”, enfatizó.

Cruz ha negado que aspire a una candidatura por PAIS en las elecciones de febrero de 2013. Lo mismo hizo Zevallos.
Sin embargo, Cruz es la directora provincial en Napo de Avanza, el movimiento político liderado por Ramiro González, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Probablemente por esta organización la legisladora busque la reelección.

Avanza ha dejado en claro que apoyará la eventual reelección del presidente Rafael Correa, pero presentará su propia lista de candidatos a asambleístas.

Andino ha calificado de vergonzoso que se hable de condicionamientos por un voto, aunque no ha citado qué compañeros suyos estarían cayendo en estas conductas.

“Cada quien responde a lo que hace. La Constitución nos impide gestionar partidas extrapresupuestarias o recursos económicos”, manifestó. El martes está convocada una nueva sesión del pleno y allí nuevamente se podría intentar votar la Ley de Comunicación.