Al año de vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó al ingeniero Hugo Jácome como superintendente de este sector.

La Superintendencia tiene a cargo la supervisión y control de las asociaciones, comunas y cooperativas de ahorro y crédito, que deberán emprender un proceso de registro.

¿Cuál será el primer paso para cumplir con la ley?

El primer paso es estructurar un proceso inmediato de fortalecimiento institucional. Se nos vienen dos procesos de transición: el de la Superintendencia de Bancos y Seguros, y el del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

¿En qué consisten?

La Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Inclusión deben enviarnos la información del sistema financiero y no financiero popular y solidario que tengan personería jurídica para poder ejercer el control.

Las dos instituciones tuvieron una experiencia no tan exitosa, pero que de alguna manera hay que tenerla en consideración.

La información que proporcionen estas entidades será solo un referente porque se debe cumplir con un  nuevo registro de asociaciones, comunas y cooperativas. ¿En qué tiempo se lo ejecutará?

Según la ley, existe una transitoria que da el margen de un año para que todas las organizaciones de la economía popular y solidaria adapten sus estatutos al nuevo marco legal. Eso implica la posibilidad de hacer un nuevo registro de todas las organizaciones del sector.

¿Y el plazo está corriendo?

Sí y expediremos, en los próximos días, una resolución al respecto.

¿A dónde deben acudir los representantes de las organizaciones y qué documentos deben presentar?

Todavía hay un proceso que se debe analizar al interior de cada una de las organizaciones y radica en que primero deben adaptar sus estatutos a la nueva ley, aprobarlos y remitirlos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para aprobarlos y avalar su permiso de operación.

Para las instituciones que se encuentran funcionando, el registro es automático, porque hay información preliminar de la Superintendencia de Bancos y del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

En el caso de que se quieran crear, por ejemplo, nuevas cooperativas, la Superintendencia de Economía será la encargada de otorgar la personería jurídica, según el cumplimiento de los requisitos.

¿De cuántas organizaciones hablamos?

Existe un estimado de 1.000 cooperativas de ahorro y crédito y cerca de 2.000 instituciones no financieras vinculadas al transporte, producción, vivienda y comercialización. La información de la Superintendencia de Bancos es clara, pero al Ministerio aún le falta validarla. Cuando se cuente con el proceso de depuración sabremos a ciencia cierta con cuántas organizaciones contamos.

¿Cómo se hará el control?

La Superintendencia tiene cinco Intendencias Técnicas (Estudios, Riesgos, Sector Financiero Popular y Solidario, Sector No Financiero Popular y Solidario, y De Supervisión Auxiliar) que con sus especificidades  van a permitir el control y supervisión de las entidades.

En materia de riesgos, la supervisión y control mantendrá alertas tempranas para evitar algún problema en las instituciones financieras y no financieras. Un grupo de auditores irá a las cooperativas y hará un estudio.

La Intendencia de Supervisión Auxiliar, en cambio, hará un análisis indirecto apoyado bajo determinada organización y con la supervisión de la Superintendencia. Dada la heterogeneidad y la cantidad de instituciones a controlar, se empleará este mecanismo.

Ese proceso de transición implica también la vinculación, luego de una evaluación, del personal de la Superintendencia de Bancos a la nueva entidad...

La ley dispone de dos etapas. En la primera hay que evaluar al personal que trabajaba en la Dirección de Cooperativas de la Superintendencia de Bancos. En el caso de que no pasen, serán indemnizados o se quedarán en otra área de la Súper de Bancos. En segunda instancia, la Superintendencia de Economía Popular contratará a su equipo técnico y profesional que demande.

¿Con su designación se complementó la parte institucional?

Sí, pues ya existe el Comité Interinstitucional, la Junta de Regulación, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, y la Corporación de Finanzas Populares, que viene a ser como un banco de segundo piso que articula el financiamiento para las cooperativas.

Este tipo de organización institucional es nuevo en el país. ¿Cómo estamos en relación a otros países?

En relación a la región, el Ecuador es uno de los países con larga trayectoria del sistema cooperativista y de economía popular y solidaria. Ocupa el segundo lugar, luego de Brasil, en término de número de cooperativas.

Federaciones de Economía Popular y Bancos Centrales se encargan de la supervisión y control. En la región existe una amplia experiencia en el tema, pero es heterogénea, en algunos casos las prácticas son más fructíferas que otras.

¿De cuánto es el presupuesto?

Todavía no está definido, pero hay dos fuentes de financiamiento: el aporte de todas las cooperativas y el Presupuesto General del Estado.

El Gobierno está empeñado en potenciar este sector...

La política pública tiene una visión más distributiva de los recursos que procura el bienestar social.

¿Cómo proteger los recursos?

Existe un fondo de liquidez al que las cooperativas deben aportar para evitar cualquier riesgo.