En la Fiscalía General se encuentra estancada la investigación para determinar la supuesta forma “usurera”, “dolosa”, “delictual”, “ilegítima” e “ilegal” en que  Eduardo Aurelio Granda Garcés perdió la propiedad de Teleamazonas, ante Banco Pichincha, de Fidel Egas Grijalva.

La denuncia de  Granda, que desde el 27 de septiembre de 2007 no pasa de la etapa de indagación previa, se basa en  documentos y auditorías, en donde se señala   que Banco Pichincha le cobró el doble por  8 préstamos que realizó  y   que después el banco le renovó unilateralmente y se transformaron en 35 créditos.

El cambio en las reglas de juego con respecto a los préstamos  hizo que Granda perdiera  el canal, pues habría terminado cancelando:  intereses superiores a los legalmente permitidos; capitalización de intereses; cobro de intereses de los intereses, etc.  Es decir, se habría violado  la normativa contractual, crediticia y legal, con el supuesto afán de despojarlo de los  bienes otorgados como  garantía, entre ellos, el canal Teleamazonas, heredado de su padre Antonio Granda Centeno.

La denuncia -que según el afectado busca justicia, sanción para los responsables y “no se permita que atropellos e ilegalidades de los banqueros y sus cómplices queden en la impunidad”-  fue entablada en 2007 contra el Banco Pichincha C.A., legalmente representado por el  presidente ejecutivo Antonio Acosta Espinosa; el  gerente Fernando Pozo Crespo; el ex vicepresidente Andrés Hidalgo Cevallos; y el  funcionario Guido Cordero. Además, contra  Alejandro Maldonado García y Alfredo Vergara Recalde, ex superintendentes de Bancos y Seguros (SBS).

A decir de Granda, “por el giro de sus múltiples negocios se vio en la necesidad de solicitar préstamos al Banco Pichincha (ver gráfico), tanto a su nombre como de las empresas que  “al momento del cometimiento de los ilícitos representaba”: Construcciones y Minería A. Granda C.;  y Skinner Comercial Company, de las cuales era su presidente.

Debido a la crisis bancaria que en  1999   afectó a  Ecuador, Granda  solicitó la renovación de  los préstamos a 30 días y se habría visto  “obligado”   a aceptar tasas superiores a las originalmente pactadas, las que después   fueron impuestas “de manera unilateral por Banco Pichincha”.

Pese a la crisis, Granda  cumplió sus obligaciones crediticias y de ello dan fe los respectivos comprobantes de pago, efectuados en diferentes épocas y  formas (ver gráfico).

Según documentos a los que tuvo acceso este diario, para cubrir los créditos entregados por Banco Pichincha a Granda y a sus empresas, como garantía del pago oportuno de obligaciones, el 3 de enero de 2001 el deudor suscribió la escritura del Fideicomiso Mercantil denominado “Fideicomiso Granda Garcés”,  ante el notario Primero del cantón Quito, Jorge Machado Cevallos.

El valor de los bienes entregados en fideicomiso al banco ascendía a $ 17’000.000. Sin embargo, el denunciante dice que esos bienes, al momento de ser imputados al pago de obligaciones (dación de pago), el banco los valoró en  $ 10’428.002, de cuya operación  “se puede concluir que se me perjudicó económicamente y se violó el procedimiento establecido en la cláusula décima de dicho instrumento público”.

Posteriormente, el 4 de agosto de 2005, Santiago Moreno, subdirector de Atención al Cliente de la SBS, mediante oficio SAC-2005-920, le comunicó a Granda que la Subdirección a su cargo se inhibe de seguir tramitando su caso  porque Banco Pichincha, a través de comunicaciones del 19 y 25 de julio de 2005, les informó que el asunto materia del reclamo de Granda estaba  tramitándose en la justicia ordinaria.

En este sentido, Granda denunció en la Fiscalía que le pareció extraño que “la entidad llamada a controlar, investigar y sancionar excesos y abusos de instituciones del sistema financiero nacional   más bien encubra (en ese entonces) las arbitrariedades e irregularidades cometidas en mi contra por Banco Pichincha...”.

Lo grave  sería que -según Granda- “existió la duplicidad de pago de mis obligaciones, capitalización e intereses; cobro de intereses sobre intereses. Esto es anatocismo, supuesta concesión de crédito, los que jamás fueron acreditados a mi cuenta; cobro de intereses sobre créditos imaginarios que ascienden a más de $ 7’000.000, intereses superiores a los permitidos por la ley”. A ello se agrega el daño emergente y lucro cesante, “por el irregular remate de lo que fue prendada al Banco Pichincha como  garantías que respaldaban parte de los créditos, y del grave perjuicio del cual ha sido objeto por parte del banco”.

Todo esos actos “dolosos y delictuales”, denuncia Granda, “se cometieron con el único afán de arrebatarme Teleamazonas, para de manera ilegítima e ilegal apropiarse de este canal, incluso violando prohibiciones legales expresas”.

Afectado ha acudido sin éxito a todas las instancias legales

El 21 de febrero de 2006, Granda  presentó ante Cecilia Armas,  entonces fiscal general, una denuncia contra   los representantes legales del Banco Pichincha y del ex superintendente de Bancos, Alejandro Maldonado García, por los delitos de peculado y usura, entre otros.

Por ello, Armas inició la indagación previa  No. 25-06, dentro de la cual se practicaron varias diligencias para determinar el cometimiento de los supuestos delitos  y   a los presuntos responsables.

Entre las diligencias, el 12 de abril de 2006 la fiscal dispuso, mediante providencia, que se practique un examen pericial contable a todas las operaciones realizadas entre Granda, la compañía de construcciones y minería A. Granda C. y   Banco Pichincha, entre   1997 y 2004. Para el  examen se designó   al perito experto en Economía  Hugo de la Torre.

Luego, en providencia del 24 de julio de 2006, la ministra fiscal dispuso que “al no existir elementos que vinculen a Alejandro Maldonado con los hechos denunciados y en los cuales sin ningún fundamento se lo ha hecho constar, me inhibo de seguir conociendo la presente indagación y, por ende, remítase a la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía de Pichincha...”.

La fiscal emitió tal providencia, sin embargo, no envió el expediente a la entonces llamada Corte Suprema de Justicia, en razón del fuero del que gozaba Alejandro Maldonado, exsuperintendente de Bancos, sino que fue remitido directamente a Marlene Armas Eivar, agente fiscal de la Unidad de Delitos Financieros, quien avocó conocimiento del expediente y, supuestamente, sin realizar ninguna diligencia procesal, desestimó la denuncia de Granda. Pero el asunto no terminó allí, ya que Granda dice que en lugar de corregir ese error, el fiscal de Pichincha de ese entonces, Washington Pesántez, ratificó la desestimación, pese a que, incluso,   ya contaban con el pronunciamiento del juez Décimo Segundo de lo Penal de Pichincha.

Por esos y otros antecedentes, y en virtud de que no existe un proceso y una sentencia penal de por medio, Granda Garcés volvió a presentar la denuncia en la Fiscalía en contra de Banco Pichincha y las personas antes citadas. El objetivo de las investigaciones fiscales es que “no se permita que los atropellos e ilegalidades de banqueros y sus cómplices queden en la impunidad”.

Incluso, el presunto perjudicado manifiesta en su denuncia que el 6 de septiembre de 2007, mediante escrito, solicitó a la SBS informe respecto a las sanciones penales y administrativas impuestas al Banco Pichincha, como consecuencia del informe de Auditoría suscrito por Ruth Pozo Navarrete, experta en Supervisión 2 de la SBS, sin que hasta la fecha de la denuncia presentada ante  la Fiscalía haya recibido ninguna respuesta. Esto, según el afectado,  “evidencia el grado de complicidad del máximo personero llamado a controlar y sancionar a los banqueros que infringen la ley”.
Informes hablan de presuntos delitos entre 1998 y 2002

El informe de auditoría realizado y firmado por Ruth Pozo Navarrete, experta en Supervisión 2 de la SBS respecto al caso de los préstamos y cobros de Banco Pichincha a Granda Garcés, determina que se han cometido una serie de infracciones: capitalización de intereses de capital e intereses en exceso y fuera de la ley; débitos no autorizados; cobro de intereses de capital y de mora por duplicado; y cancelación en exceso de obligaciones por parte de Granda Garcés, a través de una dación de pago por valores insignificantes a sus bienes y que fueron asignados por el Banco Pichincha, en violación del artículo 128, literal a de la Ley General de las Instituciones del Sistema Financiero.

Por su parte, el informe del perito  experto  en Economía,  Hugo de la Torre, establece los siguientes presuntos ilícitos cometidos por Banco Pichincha: débitos no autorizados de la cuenta corriente 2280485 de María Izquierdo por $ 6.533,53, lo que configuraría el delito de peculado, tipificado y sancionado por el artículo  257 del Código Penal; débito no autorizado a la cuenta de Granda para cancelar una obligación pendiente de Francisco Cobo; débito no autorizado de Construcciones y Minería A. Granda C. para pagar obligaciones de Granda; el Banco no justificó el destino de $ 40.554,35 de propiedad de Granda; el Banco no justificó el destino de $ 20.000 de propiedad de Granda; Banco Pichincha no dio documentos relativos a la acreditación en la cuenta de la empresa A. Granda C., ni tampoco la autorización del representante legal de dicha empresa para la aplicación del desembolso efectuado para cancelar obligaciones de Granda; y que no habría existido la novación de la deuda entre las partes, sino unilateralmente por parte del banco.

Granda pide a la Fiscalía General y  a la justicia penal  que   investiguen los  créditos y cobros ilegalmente efectuados por Banco Pichincha.

Solicita que se pase de la indagación previa a la instrucción fiscal contra Alejandro Maldonado García, ex superintendente de Bancos; así como de   los funcionarios del Banco Pichincha que “conocieron y consintieron en el doloso y delictual manejo de mis operaciones crediticias entre 1998 y 2002, en contubernio con el Superintendente de Bancos y demás autores cómplices y encubridores”  de esa época.

Entre los funcionarios del Banco Pichincha, Granda pide indagar a Fidel Egas Grijalva, presidente del Directorio; Antonio Acosta Espinoza, presidente ejecutivo; Fernando Pozo, gerente general; Andrés Hidalgo Cevallos, ex vicepresidente de la entidad crediticia; y a Guido Cordero, funcionario de esa entidad.

A decir de Granda, los implicados habrían  incurrido “flagrantemente en el delito de peculado tipificado y sancionado por el Art. 257 del Código Penal; en el delito de agiotismo o usura; y en la violación del  artículo 128 literal d) de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.

Incluso, bajo el argumento de que se hallan reunidos los requisitos determinados en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal, Granda pide  al fiscal que solicite a la Corte Nacional de Justicia  la prisión preventiva de los denunciados.