El ministro del Interior, José Serrano, informó que en todo el país se han clausurado 52 salas de juego en cumplimiento de lo determinado en la pregunta 7 de la consulta popular, que prohíbe  los negocios dedicados a los juegos de azar, de un total de 157 lugares allanados.

El secretario de Estado explicó que la medida, de carácter definitivo, afecta solo a los locales que operaban de manera ilegal. En total se han cerrado 18 salas en Guayas, 12 en Los Ríos, 7 en Esmeraldas, 6 en El Oro, 6 en Santo Domingo de los Tsáchilas, 2 en Imbabura y 1 en Pichincha.

Serrano añadió que  los 126 casinos que operan legalmente en los hoteles cinco estrellas del país continuarán operando, pero aclaró que  también ya se encuentran en proceso de cierre.

Actualmente se trabaja en una ley para  establecer un cronograma de cese definitivo de sus actividades.

Los ministerios de Relaciones Laborales, Turismo y Coordinador de la Producción trabajan en un plan que permita ofrecer nuevas oportunidades de trabajo a los empleados de los casinos legales, aunque no se descarta  incorporar a las otras salas de juego.

El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, señaló que se declaró “la guerra” a los juegos de azar y  que se inició el cierre definitivo  de casinos y locales de tragamonedas  que funcionan de forma  irregular en  el país. En Guayaquil la medida empezó en la noche del martes.

“Los operativos son a nivel nacional para cumplir el pronunciamiento de la población en las urnas”, dijo Cuero, tras indicar que  trabajan de forma coordinada con Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Empleados preocupados

Parados en la calle,  con sus rostros desencajados por la  incertidumbre y preocupación de perder sus puestos de trabajo, se observó ayer a los empleados del casino Circus, en el  centro del puerto principal. Este local fue uno de los 18 que    la Intendencia de Policía clausuró en la urbe.

El operativo se realizó de forma sorpresiva, ya que a  los propietarios de los establecimientos no se les envió ninguna notificación  previa sobre el cierre de sus locales, indicó el intendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñónez.

Al respecto, los empleados de los casinos clausurados expresaron su malestar, ya que tras la aprobación de la consulta popular ellos esperaban que el cierre de los locales se  haga de forma programada.

“Nos dejan de la noche a la mañana en el desempleo. No sabemos si nos van a liquidar, estamos preocupados”, comentó Mario Villón, quien llevaba casi dos años laborando en el casino Circus.

Su compañero Carlos Pérez, discapacitado, también se mostró angustiado por la situación. “Esto ha sido sorpresivo y lo peor es que  las autoridades aún no dicen nada sobre  la reubicación laboral que nos ofrecieron”, expresó.

En tanto, los propietarios de los casinos se reunieron ayer de forma reservada para analizar la postura que adoptarán.

Pero María Augusta Díaz,  presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Salas de Juego (Anpasju), adelantó que consideran que la acción es ilegal, a pesar de estar amparada en la consulta popular, porque no se ha reformado el marco jurídico que prohíba la operación de estos locales.

“Esto es  inaudito porque no se ha  aplicado ningún procedimiento ordenado, coherente. Además, se tiene que considerar que nosotros  funcionamos bajo un marco legal, no somos ilegales”, precisó Díaz.

De acuerdo con datos del Ministerio de Relaciones Laborales, registrados a marzo de 2011, el número de empleados en locales con máquinas tragamonedas es de 2.091; en casinos y  salas de juego trabajan 1.492 personas, es decir que en total laborarían 3.583 individuos en este tipo de centros, cifra muy distante a  los 40.000 empleos que señalan sectores interesados.