El presidente Rafael Correa dijo que habrá que reformar la Constitución debido al hipergarantismo que existe y que ha dificultado la gobernabilidad del país.

El Primer Mandatario, durante el enlace ciudadano que se realizó ayer en Santa Elena, puso el caso de las acciones de protección que han impedido el control del tránsito en el país.

Citó varios casos durante su explicación. Uno de ellos es el del juez Bolívar Gallegos, de Santo Domingo de los Tsáchilas, quien prohibió retener a los vehículos que operan como transporte informal.

Correa comentó que se ha reunido con la dirigencia del transporte nacional y que una de sus demandas es el control de la competencia informal, aquella que no se somete a los controles, pone en riesgo la vida de los pasajeros y perjudica al Estado.

Sin embargo, reconoció que fallos judiciales como el de Santo Domingo impiden a las autoridades cumplir con su deber y responder a una demanda justa del sector de la transportación.

Otro caso del juez Wilmer Tandazo, también de Santo Domingo de los Tsáchilas. El magistrado ordenó suspender de inmediato los operativos de control a una operadora informal, la cual interpuso una acción de protección y obtuvo esa medida cautelar. Algo parecido ocurrió en Manabí con el juez Pedro Cortez.

El artículo 88 de la Constitución trata sobre la acción de protección, que antes era conocida como amparo constitucional.

La Carta Magna estipula que esta figura jurídica “tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales”.

También se podrá invocar por “actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales (...), si presta servicios públicos impropios”.

Para Correa, los fallos judiciales impiden que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes, lo que en definitiva afecta a la gobernabilidad del país.
Mauricio Peña, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), coincidió con Correa, pues los fallos judiciales complican la labor de la entidad.
En cambio el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, añadió que los choferes que son suspendidos por imprudencia han obtenido una acción de protección que califica la sanción como “despido intempestivo”, lo que obliga a las cooperativas a indemnizarlos.
Para el Jefe de Estado el hipergarantismo radica también en que cualquier juez, sin importar su especialización, puede emitir acciones de protección.
Culpó de esa situación a asambleístas constituyentes, “que ya no están en el Gobierno” y que “estaban soñando en pajaritos preñados rosados” cuando sesionaban en Montecristi.
Agregó que esos legisladores nunca litigaron o ejercieron el Derecho, pero se atrevieron a establecer procedimientos. Aclaró que la parte económica de la Constitución funciona muy bien y que el problema radica en el “hipergarantismo”, por lo que llamó a la reflexión.