El Gobierno analiza  tomar medidas legislativas para defender a los inmigrantes ecuatorianos que se encuentran en España frente a posibles intentos de tercer cobro en el Ecuador por parte de los acreedores en el país europeo. Así lo anunció el canciller Ricardo Patiño, durante la visita que hizo al Viejo Continente  la semana pasada.

El ministro de Relaciones Exteriores  se refirió a la compra de cartera realizada por el Banco Pichincha, acción que calificó de “agresión sin nombre” y se sorprendió que una entidad financiera ecuatoriana se convierta en “salvador” de la banca española por lo que solicitó una explicación.  “Vamos a tomar las medidas para que a ese banco (el Pichincha) ni se le ocurra ir a cobrarles a ustedes, ni a sus familiares en el Ecuador, una deuda que tienen en España”, dijo Patiño.

Al Gobierno  le preocupa la  intervención del Banco Pichincha, con representación en España, en la compra de los créditos adquiridos por inmigrantes ecuatorianos con entidades financieras de ese país.

La compra de la cartera  ha generado inquietud entre las asociaciones de inmigrantes ecuatorianos, que temen que, en caso de impago, la entidad intente cobrar el préstamo embargando bienes en Ecuador.

Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee),  calificó de “estafa redonda” lo que están sufriendo en España por las hipotecas y criticó la acción del Banco   Pichincha.

“Hemos venido por lana y ahora vamos a regresar trasquilados y con deuda a nuestra tierra. El Banco Pichincha nos expulsó, los banqueros eran los culpables que se hayan cometido muchas irregularidades en nuestro país en la crisis bancaria de 1998 y ahora vinieron atrás de nosotros a España para seguir haciendo de las suyas”, indicó Quinatoa.

Ella contó que mantuvieron un diálogo por más de dos horas con el canciller Patiño. Él les ofreció impedir que la banca ecuatoriana haga esa “estafa”. “Están comprando una deuda dolosa producto de una estafa masiva de los hipotecados, por lo tanto esa deuda es imposible que compre un banco de nuestro país”, subrayó la inmigrante que tiene más de 8 años viviendo en España”.

De su parte Fabricio Cabrera Ramos, presidente de  la Asociación de Ecuatorianos Independientes en Cataluña (AETC), señaló que sería perjudicial para los miles de ecuatorianos que una deuda contraída en un país ajeno sea ahora cobrada en la nación de origen “como pretende el Banco Pichincha comprando la cartera de créditos a los bancos españoles”. Cabrera aseveró que: “sería una falta muy grave, ya que por ellos, por la banca ecuatoriana migramos muchos ecuatorianos. Pedimos a las autoridades ecuatorianas tomen cartas en el asunto”.

Una conversación mantenida la semana pasada entre la embajadora   de Ecuador designada en España, Aminta Buenaño, y la defensora del Pueblo de ese país, María Luisa Cava de Llano, abrió la pauta para que los ecuatorianos entreguen las propiedades y se queden sin deuda. Pero el mecanismo conocido como dación en pago está en análisis.

En España, cuando un migrante no puede pagar la hipoteca, el banco se queda con la casa, pero la deuda no se extingue, por lo que la cobranza sigue.

Buenaño indicó que de los cerca de 500.000 ecuatorianos que residen  legalmente en España, alrededor de 8.000 familias tendrían este tipo de inconvenientes.