La compañía Globalnet S.A., conformada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia, se marchó del país hace dos años. Lo hizo con ayuda de abogados ecuatorianos al conocer que la sentencia judicial sería negativa para ella, pues la condenó a pagar $ 17’182.753,40 al Estado por daños y perjuicios debido al incumplimiento del contrato para la edificación, operación y administración del servicio público de telecentros comunitarios en áreas rurales y urbano marginales.

Como reveló ayer El Telégrafo, el contrato por $ 11’573.478,76 entre el Estado y Globalnet fue suscrito a última hora por el ex presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Solines Moreno, durante el gobierno de Alfredo Palacio.

El contrato se firmó el 4 de septiembre de 2006 (tres meses antes de que Solines concluyera su gestión) ante la Notaría Segunda del cantón Quito, a cargo de su madre, Ximena Moreno de Solines. A la firma del mismo, Solines acudió en calidad de titular del Conatel y a su vez como testigo de honor (ver facsímil).

El contrato, que no se cumplió pese a transcurrir los 8 meses de plazo y una prórroga de 90 días, incluía por parte de Globalnet la construcción, operación y administración de 374 telecentros y 746 estaciones remotas en 1.120 localidades del Ecuador, bajo un régimen de no exclusividad.

Lo único que instaló fue 93 telecentros y 255 estaciones remotas que, según personas que debían beneficiarse del proyecto, “más bien parecían letrinas rudimentarias y no cabinas telefónicas”. Tampoco capacitó a quienes debían operar los mismos ni adquirió las computadoras, programas y antenas parabólicas adecuadas; no estableció un mecanismo de recepción de quejas de usuarios ni contrató seguros para la empresa en ámbitos de responsabilidad civil, de riesgos de trabajo, de bienes y de vida.       

Este caso actualmente involucra al Estado en una demanda internacional, ya que Globalnet, tras perder un juicio en Ecuador y el 7 de octubre de 2011 ser sentenciada por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso a pagar $ 17’182.753,40 (ver facsímil), entabló una contrademanda para que más bien el país  le pague $ 32 millones por daños y perjuicios.

Entabló tal contrademanda pese a que, incluso, el 18 de diciembre pasado el Tribunal, en base al mandato de ejecución de la sentencia, ordenó a Globalnet pagar o dimitir bienes por la suma señalada. Sin embargo, la resolución no se puede concretar porque no tiene en el país ningún bien a su nombre, sino de terceros.

De acuerdo con la resolución de terminación del contrato, el 11 de julio de 2008 la Senatel y el notario 22 de Guayaquil, Jorge Vernaza Quevedo, acudieron a las oficinas de Globalnet en el Puerto Principal con el fin de tomar posesión de los pocos bienes que para ese entonces tenía la compañía, pero el personal y los abogados de la misma, liderados por Jorge Zavala Egas, se opusieron.

Zavala les dijo: “si quieren pasen a las instalaciones y embarguen lo que crean conveniente”, recordó un funcionario que participó de aquel operativo, quien pidió no ser citado. Sin embargo, no lo concretaron porque se dieron cuenta de que al no tener una orden judicial de allanamiento, Zavala los quería “embarcar en un proceso legal engorroso y perjudicial para el Estado”.

Luego, en otra diligencia, el embargo no se pudo concretar porque la compañía se había marchado del país. Así consta en el proceso que reposa en la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso.

La Senatel busca ahora identificar si Globalnet tiene bienes a nombre de terceras personas en el país. Para ello, ha solicitado información al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Registro Mercantil, a la Superintendencia de Compañías, etc.

En cambio, la Procuraduría General estudia la posibilidad de que la sentencia se ejecute en un país extranjero donde la compañía o sus accionistas tengan bienes patrimoniales o inversiones.

Hasta el momento se conoce que Globalnet opera telecentros comunitarios en sectores rurales y urbano marginales del Perú. Lo que falta por determinar es si pertenecen al Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L.

El pedido de embargo de bienes en el extranjero se lo hará porque se han agotado todas las instancias legales en el país para evitar el perjuicio al Estado, devenido del contrato firmado por Juan Carlos Solines.

Lo único que se ha podido recuperar hasta ahora es la garantía de fiel cumplimiento por $207.500, que es parte de  $1’037.500 que el Estado le entregó en calidad del 25% de los $4’150.000 de  la compensación por ejecutar el proyecto.

Así consta en el informe presentado el 19 de mayo de 2008 por el director general de gestión de Servicios de Telecomunicaciones, Pablo López, y por el director de gestión del Fodepel, Fabián Sáenz Enderica, dirigido a Álvaro Mosquera, coordinador nacional del Conatel.