Debido a falencias técnicas y de infraestructura, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel) no entregó a Globalnet S.A. la denominada “alta de operación”. Sin embargo, la compañía boliviana comenzó a hacer pruebas y,  aprovechándose de acuerdos de interconexión que logró con operadoras locales, ofrecía ilegalmente y sin pagar llamadas a fijos y móviles.

Durante algunos meses Globalnet se convirtió así en el más grande “bypass” o ruta alternativa fraudulenta para hacer llamadas telefónicas en el país, según dijo un funcionario de la Senatel que pidió no ser citado y de acuerdo a lo que consta en un documento de fiscalización de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel).

Un informe del director general de Gestión de Servicios de Telecomunicaciones, Pablo López Piedra, del 19 de mayo de 2008, estableció que la Supertel autorizó a Andinatel S.A. a la interrupción temporal de la interconexión con Globalnet, empresa conformada por el Consorcio Únete Telecomunicaciones S.A. y Clay Pacific S.R.L. de Bolivia.

Autorizó aquello con base a la denuncia realizada por Andinatel mediante oficio del 20 de noviembre de 2007, en el que comunicó a la Supertel que la Jefatura de Fraude  detectó no solo llamadas nacionales no autorizadas, sino “el ingreso de tráfico internacional no autorizado a través de varios números telefónicos pertenecientes a las series numéricas asignadas por la Senatel a la red de Globalnet” (ver facsímil).

Por su parte, mediante oficio del 10 de abril de 2008, la operadora privada Otecel S.A. pidió a la Senatel que  autorice la interrupción temporal de la interconexión con Globalnet, “debido a que dicha compañía no ha cancelado las facturas de interconexión por más de 30 días...”.

Globalnet cometió tales irregularidades pese a que, como concesionaria del contrato firmado con el Estado ecuatoriano,  conocía que el uso ilegal de servicios como el telefónico está penado por la ley.

Únete y Clay cometieron tal ilegalidad y, sin embargo, en la contrademanda que entablaron contra Ecuador denuncian que les contrajo graves daños económicos la terminación unilateral del contrato que se firmó el 4 de septiembre de 2006 entre Globalnet y el ex titular del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Juan Carlos Solines Moreno. Se suscribió en la notaría de Ximena Moreno, madre de Solines, por $ 11’573.478,76.

En ocho meses debía instalar 746 estaciones remotas y 374 telecentros en locales propios (total 1.120). Sin embargo, solo dotó de computadoras, teléfonos y  antenas en 567 zonas, de manera antitécnica y en locales ajenos e inapropiados.

Eso no permitió dar el servicio de telefonía fija y celular e internet público a miles de habitantes de escasos recursos. Pese a que pidió prórroga de 90 días y el Conatel le concedió, jamás cumplió. Por ello, el Estado rescindió el contrato y la enjuició.

La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso de Quito la sentenció a pagar $ 17’182.753,40 al Ecuador, por daños y perjucios. Hasta ahora el país solo ha logrado recuperar $ 207.500 de las garantías de fiel cumplimiento del contrato, valor aportado por el mismo Estado con préstamo del Banco Mundial.

Globalnet, en cambio, contrademandó al Estado por $ 32’566.000, pese a que incumplió con la construcción, operación, administración y explotación de 1.120 telecentros y estaciones remotas, bajo un régimen de no exclusividad, en sectores rurales y urbano marginales.

Ecuador ahora no solo busca identificar si Globalnet  tiene bienes a nombre de terceras personas en el país, sino que la Procuraduría estudia la posibilidad de que el fallo se ejecute en un país extranjero, en donde la compañía o sus accionistas tengan bienes patrimoniales o inversiones.

COMPAÑÍA EXTRANJERA DICE QUE SE INCUMPLIÓ CON LA INTERCONEXIÓN

En la demanda internacional y solicitud de arbitraje, Globalnet aduce que la Ley Especial de Telecomunicaciones, el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones y el Reglamento de Interconexión establecen el derecho y la obligación de los nuevos operadores de telefonía a la interconexión con los demás operadores en el Ecuador.

Esto -según la compañía boliviana- no se cumplió, lo que constituyó una “discriminación” y falta de “neutralidad” que afectó el cumplimiento del contrato. Aduce eso pese a que existen convenios de interconexión firmados, por ejemplo, con Andinatel y Otecel. Muestra de ello fue que cuando se detectaron las llamadas ilegales desde las series numéricas asignadas por la Senatel a la red de Globalnet, tales operadoras pidieron a las autoridades de telecomunicaciones autorizar la “interrupción temporal de la interconexión”.

“El respeto de estos principios resultaba fundamental para el proyecto, puesto que incluía la prestación de servicios de telefonía pública, los cuales obviamente no podían ser prestados sin las respectivas interconexiones con los distintos operadores”, consta en la contrademanda.

Señalan que no pudieron llegar a acuerdos con las operadoras Telecsa, Etapa, Andinatel y Pacifictel. “Eso hizo que Globalnet se vea desprovista de interconexión con las principales prestadoras de servicios de telefonía del Ecuador, lo que provocó que no pudiera operar satisfactoriamente los telecentros instalados y obtener el flujo de caja necesario para la ejecución del Proyecto, tal como se preveía en la oferta económica que es parte integrante del contrato”.