Galo Chiriboga sabe que cada palabra suya puede ser una condena. En el  diálogo con El Telégrafo, en su despacho particular, se nota su cautela y la solemnidad de su oratoria. Con afán, cuenta  algunos detalles de lo difícil y complejo de su nuevo reto.

¿Cómo encontró la Fiscalía?

Hay un proceso iniciado, en cuanto a infraestructura física,  pero lamento que el Fiscal anterior (Washington Pesántez) no haya mencionado que fue con el apoyo del Gobierno, lo que  demuestra el  apoyo a la administración pública.

El ex fiscal  Pesántez   reconoció que un alto porcentaje de  casos está pendiente -se habla de un 90%- y eso motivó la consulta popular. ¿Qué hará al respecto?

Realizaremos una auditoría de procesos en cada  Fiscalía,  que nos permita  tener elementos cualitativos y cuantitativos de la gestión de los fiscales, aunque todos nos someteremos a la evaluación del Consejo de la Judicatura Transitorio.

¿Esa cantidad de procesos represados, en la práctica, significan injusticia?

No solo es eso,  recaen en la impunidad. Los casos que no llegan a los jueces y que no se resuelven, sin duda, aportan impunidad. Sorprende que en un país democrático se titule “Asesinados por ajuste de cuentas” y que no se investiguen esas muertes. ¿Quién dice que fue ajuste de cuentas y sobre qué base procesal se   determinó aquello? No   puede haber ejecuciones extrajudiciales sin que la administración de justicia tenga una respuesta.

Vamos a trabajar en un rediseño institucional para desconcentrar los casos  y  distribuir   mejor  el trabajo de los fiscales.

Entre los temas pendientes hay un informe de la Comisión de la Verdad y los  procesos por el 30-S.

Esa comisión puso en evidencia varios   hechos   y  las familias de las víctimas tienen que acceder a la justicia, por lo tanto  daré un especial interés a esos casos. En cuanto al 30-S, es un hecho delincuencial contra la seguridad del Estado, en donde los actores no tienen fuero de Corte Suprema y, por tanto, no soy su fiscal. 

Pero he solicitado información y lo que puedo adelantar es que  estoy trabajando en la conformación de una Unidad de Seguridad, porque creo que  no se ha dicho todo sobre el 30-S, que hay muchas cosas  por investigar, nexos, presunciones e indicios  que   la Fiscalía debe profundizar.

Tiene una querella  planteada contra diario El Universo por un pedido de rectificación. ¿Cuánto peso tiene  en este momento si la hace el nuevo Fiscal de la Nación?

Creo que ninguna. El peso de la reclamación es la misma: el ciudadano es el mismo. No hay un ciudadano con  mayor calidad frente a una acusación por ser fiscal. Todos somos iguales ante la ley.

¿La querella se da en el momento en que el presidente Rafael Correa enjuicia a ese diario?

Coincidencialmente. Se publicó una información absolutamente imprecisa, con imágenes tendenciosas de un fiscal en sombras  que sugieren  que actuará en las sombras y eso  demerita  a la institución. El Universo debe  cumplir con una disposición constitucional, ya que  si  el poder formal de la República está sometido a ese control,  los medios de comunicación también deben hacerlo. Los medios   son contrapoderes y  deben estar regulados.

¿Está consciente de la estructura montada en la Fiscalía por  la autoridad anterior, de modo que ciertos cargos le permitan  a él seguir manejando la institución desde afuera e impedir que el nuevo Fiscal ejerza autoridad a plenitud?

Estoy consciente de ello y muchas cosas  más. Creo que será un proceso complicado  porque hay una estructura montada bajo concepciones diferentes a las que un país democrático aspira. Hay que trabajar de forma técnica, calificar esas estructuras y si responden a los requerimientos de la nueva Fiscalía. Creo que debemos terminar  con el minuto cívico y comenzar con la era cívica, terminar con el fiscal togado y comenzar con el fiscal ciudadano.

¿Solicitará una auditoría?

He pedido  información  y espero que nos presenten toda la documentación para  hacer ajustes sobre la   base de ello. Es necesario decir a los funcionarios  que  respetaremos sus derechos, pero también vamos a identificar los casos en  que la actuación de ciertos fiscales no corresponde a los derechos de la ciudadanía. Queremos fiscales que participen eficazmente en los procesos y no en los medios.
Tomaré  algunas decisiones en cuanto a la Fiscalía General, porque la Constitución no le dice al Fiscal que  administre edificios, compre carros o vaya a los canales de televisión, sino que le ordena ir a la corte a defender los intereses ciudadanos, y eso es lo que haré.

Un aspecto  criticado a la administración de Pesántez  fue el criterio para seleccionar  personal. ¿Cuál será su metodología?

A mí no me interesa  un fiscal que  conozca el artículo 460 del Código de Procedimiento Penal de memoria, porque  basta con  abrir el libro y con la tecnología es más sencillo,   necesitamos    fiscales hábiles para convencer a los  jueces  de que sus investigaciones están debidamente probadas; y ojalá que, hacia el futuro, como parte de la evaluación, les pongamos a resolver casos.  También necesitamos fiscales   hábiles en  investigación criminal, que sepan dilucidar con la Policía Judicial sus presunciones y las trasladen  a las cortes.