El portal oficial ElCiudadano.com abrió ayer un espacio de entrevistas a los funcionarios públicos para que “transparenten la información y refuten lo que dicen los medios privados”. Así lo indicó Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, quien inauguró ese segmento.

En la intervención, Alvarado también oficializó que a partir de ahora los ministros y colaboradores del régimen ya no darán entrevistas a las que llamó “grandes empresas nacionales dominadas por seis familias”.

Alvarado no especificó cuáles son estos medios, pero explicó que sus compañeros de gabinete ya no irán a los espacios dirigidos por Alfredo Pinoargote (Ecuavisa), Janeth Hinostroza (Teleamazonas) y los hermanos Pérez (dueños de El Universo).

De esta manera se ejecuta la reflexión que hizo el presidente Rafael Correa durante el Enlace Ciudadano del sábado pasado, sobre no ofrecer entrevistas a los medios de comunicación que forman parte de la “prensa corrupta”, para no contribuir con esas empresas con fines de lucro.

“¿Por qué tenemos que ir a dar entrevistas? ¿Por qué nuestros ministros tienen que dar entrevistas a Ecuavisa, Teleamazonas, El Universo, si son negocios privados? ¿Acaso con eso no estamos contribuyendo a llenar el bolsillo de seis familias que dominan los medios de comunicación a nivel nacional?”, cuestionó el Mandatario en aquella ocasión.

Ante esta reflexión, el gobernante confesó que “estamos pensando seriamente en solo conceder entrevistas a los medios de comunicación públicos, comunitarios, sin fines de lucro”.

“A la final nosotros estamos siendo cómplices de esta prensa corrupta al aceptar ir a estos canales y periódicos”, añadió el gobernante, quien aclaró que irá a un medio privado cuando “provean información sin llenarse los bolsillos”.

Eso fue el sábado. Ya el lunes el ministro del Interior, José Serrano, canceló una comparecencia en Contacto Directo, el espacio de entrevistas de Ecuavisa.

Al día siguiente, la ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, anunció que no acudiría más a medios privados porque la línea del gobierno es fortalecer las estaciones públicas y comunitarias.

Aunque aclaró que esa idea aún no se discute en el gabinete ministerial, pero que el planteamiento estaba hecho por el Presidente. Ya ayer esa postura se convirtió en una actitud generalizada, puesto que Alvarado dejó entrever que sería acogida por el Gobierno en pleno.

Él aclaró que esta postura excluye a los medios regionales, “a las estaciones de radio del Ecuador profundo” y a los canales que funcionan en la banda UHF.

En este último espacio radioeléctrico operan principalmente los canales regionales. En la banda VHF están las grandes y antiguas estaciones nacionales.

Para Alvarado, en Ecuador “no hay democracia informativa (...) no debemos poner la voz en esos medios”. En esa línea dijo que se abrió el espacio informativo de entrevistas de El Ciudadano para que los ministros rindan cuentas.

Por eso aclaró que esto no implica que no habrá acceso a la información. Ese es uno de los principales reclamos que han hecho periodistas de la prensa privada.

En una entrevista para CNN en español, Diego Cornejo, de la Asociación de Editores Ecuatorianos de Periódicos (Aedep), reclamó por lo que considera la violación de principios constitucionales de no discriminación.

Incluso afirmó que bajo esta política los funcionarios ya no podrán pedir derecho a la réplica. También señaló que agotarán todas las instancias jurídicas del caso, como lo han hecho con el Código de la Democracia.

Actualmente existe la Asociación de Canales Locales Regionales del Ecuador que asegura agrupa a 40 estaciones de este tipo en todo el país, que funcionan en las bandas UHF y VHF.

Mientras que los medios públicos nacionales son los diarios El Telégrafo y PP El Verdadero, Ecuador TV, Radio Pública y la Agencia Andes. El Ciudadano, con sus versiones impresa, digital, radial y televisada, es el órgano de comunicación oficial del gobierno.

Hay otros medios públicos, como la radio de la Asamblea y de gobiernos autónomos, pero no hay un censo de ellos.
Mientras que existe otro grupo que está en manos del Estado, pero operan bajo el marco jurídico privado. Esos son Gama TV y TC Televisión, que fueron incautados al grupo Isaías.