El proceso de renovación de las autoridades que integran la Función de Transparencia y Control Social llegó a su término.  

Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) solo le falta designar -el lunes- al titular de la Contraloría para completar el cuadro de autoridades de la Función de Transparencia.                     

Pese a ello, el control a las entidades y organismos del sector público y a las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de interés público, continúa.

El Cpccs, a través de la conformación de comisiones ciudadanas de selección y de la presentación de ternas remitidas por el Ejecutivo, se encargó de la integración de la Función de Transparencia. A este organismo se suman la Defensoría del Pueblo, las superintendencias (Bancos, Compañías y Telecomunicaciones), y la Contraloría.

Desde 2008, con la vigencia de la nueva Constitución, las autoridades de las seis instituciones del Estado se turnan para ejercer cada año la Presidencia de este nuevo poder.

Solo resta designar a los nuevos superintendentes de Economía Popular y Solidaria, y de Control del Poder del Mercado. Estos cargos fueron creados en sendas leyes y el Ejecutivo debe remitir ternas.

En enero de este año, Pedro Solines y Fabián Jaramillo fueron elegidos como presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Función de Transparencia. Ambos funcionarios estarán hasta  2013 al frente de la coordinación.    

Solines, quien reemplaza a Carlos Pólit, tiene claro que su designación lo compromete con la ciudadanía a vigilar aún más la gestión pública en todos sus niveles.

Una normativa que afiance lo dispuesto en la Constitución y la elaboración del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción concitan  -en este momento- el interés de las autoridades de la Función de Transparencia. Así lo aseguró la consejera Mónica Banegas.

Proceso de selección

El miércoles, la comisión encargada de la selección del nuevo Contralor notificó al pleno del Cpccs la lista definitiva de los postulantes, tras  negar las 13 impugnaciones presentadas dentro del concurso de selección del controlar.

El candidato con el mayor número de impugnaciones fue  Carlos Pólit, quien obtuvo una calificación de 100/100 durante el proceso.

De las 13 impugnaciones recibidas por el Consejo de Participación a las candidaturas de Roberto Robayo, Miguel Játiva, Humberto Barreiro, Wilson Mera y Ángel Curiel, Pólit se hizo acreedor a seis.

Juan Cevallos, Marco Rodríguez, Rafael Farinango, Leonardo Viteri, Manuel Arias y Alfredo Galiano trataron de impedir que Pólit se mantuviera en su cargo  por otros cinco años más.

El legislador socialcristiano Leonardo Viteri cuestionó a  Pólit por supuestamente haber escondido informes de presuntos sobreprecios en el área de salud.

También se criticó el puntaje perfecto que obtuvo Pólit. La Contraloría se orienta a la supervisión de la utilización de los recursos del Estado en las instituciones, públicas o privadas, que los reciben.

En su rendición de cuentas correspondiente a 2011,  se destaca que durante su administración se aprobaron 7.803 informes de auditoría, de los cuales 877 tienen indicios de responsabilidad penal y 13.804 de responsabilidad civil. María Esther Barragán, presidenta de la comisión de selección, defendió la transparencia del proceso.

“Como presidenta cumplo y hago cumplir las disposiciones establecidas en  el reglamento del concurso que  hemos llevado a cabalidad”, dijo la funcionaria.

Según el cronograma de la comisión, la designación del  Contralor estaba prevista para finales de mes, pero al no dar paso a las impugnaciones el proceso se aceleró.

Desde el 23 de junio de 2011 que se integró la veeduría para el proceso de selección de la comisión encargada de elegir al Contralor, alrededor de 10 meses han transcurrido para ratificar a  Pólit en el cargo.

Fernando Cedeño, vicepresidente del Cpccs, sostuvo que los cuestionamientos a ciertos procesos obedecen a los sectores políticos que estaban acostumbrados a las componendas en la Función Legislativa.
Normativa pendiente

En diciembre de 2011, el Cpccs entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de la Función de Transparencia y Control Social, con el fin de que este ente cuente con una normativa que vaya más allá de lo que establece la Constitución. 

El artículo 206 de la Carta Política del Estado fija las atribuciones de esta Función, entre ellas: formular políticas públicas de transparencia, control y rendición de cuentas; coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su autonomía; y formular el Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción.

La asambleísta Marisol Peñafiel indicó que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) remitió a la Comisión de Justicia, de la que es integrante, el proyecto de ley para que se elabore un informe para primer debate en el pleno.

La consejera Banegas añadió que -en los próximos días- el Cpccs insistirá a la Asamblea el tratamiento del proyecto de ley. La razón es que se requiere de un marco jurídico común.