La revisión de las firmas por parte de los peritos grafológicos de la Fiscalía es el último filtro antes de la validación de una firma de adherencia a una organización política, en la verificación visual por muestreo que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para detectar presuntas firmas falsas en los 11 partidos y movimientos políticos inscritos.

Cerca de 450 personas se encargan -en primera instancia- de la revisión (constatar la similitud de la firma del Registro Civil y la que se presentó en el formulario de adhesión a la organización) y verificación (ver que el trabajo que se realizó en la revisión esté bien), y el último filtro recae en los peritos grafológicos de la Fiscalía. 

Fabián Salazar, fiscal a cargo del caso, explica que lo que realizan en el colegio Benalcázar es un cotejamiento visual de las firmas en digital, pero que si las diferencias son notables, esa muestra se lleva al laboratorio de la Fiscalía, en donde se analiza la firma real, esferográfica del ciudadano. Eso podría durar 48 horas, “pero como es un acto masivo, debemos ser coherentes con el proceso”, dice. 

El funcionario señala que no se hace un análisis psicológico, ni de personalidad, sino grafotécnico (si pertenece la firma al ciudadano). Un total de 18 especialistas -explica Salazar- se encargan del análisis. Y ayer empezaron con la verificación de las organizaciones MPD, PRE, PAIS, Sociedad Patriótica y Creo, una vez que ya se realizó la revisión y verificación.

El fiscal Galo Chiriboga dispuso un peritaje integral para al menos el 10% de las firmas de inscripción. Hasta ayer la Fiscalía receptó 4.463 denuncias: 1.759 en Guayas; 1.300 Pichincha; 58 Azuay; 85 Imbabura; 56 Tungurahua; 264 Loja y 42 Cotopaxi. La ministra Doris Soliz presentó también su denuncia. 

Aparte de ellos trabaja un grupo de 10 grafólogos del CNE, que según Domingo Paredes, presidente de la entidad, aumentarán a 20 y se encargan de resolver las dudas de los verificadores.    

Ayer, una de las verificadoras, Thalía Aguilar, renunció a su cargo. Ella denunció que los veedores de las organizaciones y los grafólogos del CNE están certificando firmas que son diferentes. Su denuncia se realizó cuando se verificaban las adherencias del movimiento Creo.  

César Monge, dirigente de esta última agrupación, acusó a la verificadora de no realizar un trabajo correcto, por lo que ella misma decidió irse.

Para Paredes la presión vendría de las organizaciones políticas. “Hay un temor de las organizaciones,  sin una base real. Lo que estamos haciendo es dentro de un proceso prejudicial, en donde se está verificando si hay o no firmas falsas”, aseguró.  

Lourdes Tibán, de Pachakutik, reconoció que existe una corresponsabilidad tanto del organismo electoral como de las organizaciones políticas en todo lo ocurrido. Su tienda política, afirmó, no se opone a la verificación de firmas e incluso comentó que no solo debería analizarse el 10% de la base de datos aprobada por el CNE sino el 100%.

De su parte, César Montúfar, de Concertación, negó que ellos hayan contratado empresas para la recolección. Pero señaló que contrataron brigadistas para que realizaran esa tarea y que al ver que existían irregularidades en las firmas se devolvió el listado.  

En tanto, Sociedad Patriótica se siente satisfecha del proceso de revisión al que se sometieron, pero señalaron que continúan con los procesos legales en contra del CNE.  

Ramiro González, de Avanza, presentó en cajas los formularios de adhesión. Se mostró de acuerdo con la verificación del CNE, pero exigió que se le diga qué pasó con las firmas que no fueron aprobadas. Le preocupó que el 25% de sus militantes no apareciera en ninguna agrupación y el 44% estuviera en otras.

Jorge Escala, del MPD, contó que se pidió que Diego Jácome, uno de los verificadores, abandone la sala, pues se detectó que era miembro de Nueva Universidad, agrupación que, dijo, es afín a PAIS.