Un presunto delito de lavado de activos en transacciones de comercio exterior, a través del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), que involucra a dos empresas exportadoras, es investigado por la Fiscalía, informó ayer su titular Galo Chiriboga.

Según indicó el funcionario, las investigaciones dieron como resultado  que 17 personas, entre ecuatorianas, venezolanas y colombianas, sean procesadas, de las cuales 5 están privadas de la libertad y 12 se encuentran en condición de prófugas, además se logró la identificación y localización de activos por un valor aproximado de 57 millones de dólares en dinero en efectivo, los cuales en cooperación con el Banco Central del Ecuador fueron bloqueados y actualmente constan como evidencia de las ilegales operaciones.

Agregó que fueron localizados en diferentes puntos del país bienes inmuebles de muy alto valor comercial, así como vehículos.

El fiscal que investiga el caso, José Luis Jaramillo, indicó que las empresas involucradas en la anomalía, identificadas como Escastel y Pifo Garden, habrían operado ilícitamente desde el 2010, pero la Fiscalía inició los trabajos de indagación a mediados de 2012.

Jaramillo explicó que se trata de compañías constituidas en Ecuador cuyos socios accionistas, de nacionalidad ecuatoriana, venezolana y colombiana, comercializaban mercadería que era sobrevalorada hasta en un mil por ciento.

Este mecanismo indebido de transacciones habría ocasionado un desbalance entre los dineros que se reciben desde Venezuela por concepto de exportaciones realizadas por parte de Ecuador,  es decir, que se recibía más dinero  correspondiente  a exportaciones.

Ese desbalance, mencionó,  generó un reporte de operaciones inusuales por parte de la Unidad de Análisis Financiera, y en virtud de ello la Fiscalía General del Estado resolvió integrar un equipo de trabajo con el Servicio Nacional de Aduanas, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y Banco Central del Ecuador.

Una vez iniciadas las investigaciones, los agentes lograron conocer que estas compañías exportadoras realizaban operaciones ficticias en el marco de la simulación de operaciones de comercio exterior,  y que las compañías, en su origen, tendrían la característica de fachada, es decir, de simples compañías de papel, dado que los socios accionistas y representantes legales aparecen como empleados del servicio doméstico, guardias de seguridad, mensajeros e inclusive mendigos.

Además estas compañías utilizaban  en las operaciones simuladas facturas, informes y documentos públicos falsificados, indicó el fiscal, quien agregó que se detectaron operaciones en las cuales verificaron sobrevaloración superior al mil por ciento, es decir, mercancías que en el mercado ecuatoriano y como precio de venta al público pueden oscilar entre los 600 y 1.200 dólares exportadas con valores que superan los 250 y 290 mil dólares cada una, como se dio en el caso de Escastel, que se dedica a la venta de equipos agrícolas. Mientras que Pifo Garden exportaba carbonato de calcio a 1.000 dólares el kilo, cuando legalmente vale 17 centavos de dólar.

Esto con el propósito de darle un soporte de licitud a la recepción de dineros en altísimos volúmenes.