La Fiscalía General del Estado privilegia el trámite de más de 800 procesos con indicios de responsabilidad penal que  ha detectado  la Contraloría desde el año 2004.

Tras señalar que la Fiscalía tiene dos vías: la primera llevar los casos a los jueces cuando los elementos investigativos determinan indicios de responsabilidad; y la segunda, desestimar o abstenerse de acusar cuando no hay esos elementos, el fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que ha dispuesto a los fiscales celeridad en el trámite.

“De la información que hasta ahora hemos obtenido, la eficacia en estos casos deja mucho que desear y por lo tanto tenemos que hacer  esfuerzos por mejorar nuestra presentación”, manifestó, al subrayar que la labor de la Fiscalía debe ser, sobre todo, probatoria, con elementos de convicción seguros y procesalmente adecuados para que los jueces fallen a favor de las tesis del Estado.

Aclaró que los indicios de responsabilidad penal los establece la Contraloría, luego de lo cual los fiscales los toman y complementan las investigaciones con otras pruebas. “Lo que necesitamos es un buen nivel de cooperación entre las instituciones públicas”, dijo.

Cooperación

Para Chiriboga, puede haber un inadecuado procesamiento de las investigaciones que realiza la Contraloría, pero también aclaró que muchas veces  en estos casos, cuando llegan a los jueces, se necesita de las pruebas testimoniales, informes de funcionarios del organismo de control y “por tanto tenemos que cooperar también en esa parte procesal que para nosotros es fundamental, porque son los jueces los que resuelven”.

El contralor general del Estado, Carlos Pólit, quien en días pasados señaló que de 783 informes con responsabilidad penal detectados en la actual administración sólo se han resuelto 8, ayer dijo que el número ha cambiado.

“Si en estos momentos ya son  más, hay muchos casos que ya han sido desestimados por la Fiscalía, otros han sido archivados por los jueces, otros fueron declarados inocentes; hay otros casos que están en proceso de investigación de los fiscales y otros siguen en manos de los jueces”.

Defendió el trabajo del organismo de control al explicar que está siempre en el ámbito administrativo y luego  el análisis realizado se envía a las autoridades judiciales para que procedan al juzgamiento. “Los informes de Contraloría son prácticamente una pericia; de acuerdo a las normas y procedimientos de auditoría, todos los informes  tienen sustento, con documentos y soportes, pero las instancias judiciales determinan si la Contraloría se equivocó o no”, expresó.

Pólit aseguró que cada informe presentado cuenta con un detalle de los daños que supuestamente se causaron al Estado, los cuales deben ser restituidos. “Si por desgracia no se da, la historia será la que juzgue a los que hicieron bien o mal una acción de control. Estamos conscientes de que nuestras investigaciones son técnicas, profesionales y que se ajustan a las normas de auditoría”.