En base a la facultad que le concede  la Constitución de la República, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Penal, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, solicitó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, presidido por el presidente Rafael Correa, desclasificar varios documentos que permitirán obtener mayor información respecto a los hechos registrados  el  30 de septiembre de 2010. 

Según información oficial, el objetivo de esta solicitud de la que espera una respuesta, es ampliar las investigaciones.

A las 15 acciones legales iniciadas en la Fiscalía se sumaron dos indagaciones más. La una sobre el tema de la central de Radio Patrullas, “en donde  hay varias cosas que tienen que ser aclaradas”, dijo ayer el fiscal Galo Chiriboga. 

La otra tiene relación con la denuncia presentada la semana pasada por la  asambleísta Irina Cabezas, quien durante los hechos del 30-S estuvo a cargo de la presidencia de la Asamblea Nacional. A la denuncia  adjuntó documentos y videos que aportarían al proceso de investigación.

Chiriboga  reveló que se abrirá otra indagación para establecer quién es el responsable de las modificaciones  o de haber borrado evidencias de la escena del crimen (Regimiento Quito y Hospital de la Policía). “Quien debía haber custodiado eso tiene una responsabilidad que la vamos a investigar”, advirtió.  

En cuanto a la denuncia del asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, en contra del presidente de la República, Rafael Correa, a quien le acusa de haber incentivado la violencia en ese día, ayer compareció a la Unidad de Indagaciones de la Fiscalía el asambleísta de PAIS, Paco Velasco, a fin de rendir su testimonio sobre los hechos del 30 de septiembre de 2010.  

Para Velasco la intención de culpar al Jefe de Estado no tiene fundamentos pues existen los criterios suficientes para pensar que el Primer Mandatario fue secuestrado y que existió un intento de agresión. “Digamos que no tiene patas ni cabeza y ojalá que no esté chumado, como solía llegar a las comisiones a las que perteneció. Ojalá no esté chumado, debe responder porque ha dicho cosas muy graves”, dijo en referencia al asambleísta Jiménez.

Indicó que se acercó hasta la Fiscalía porque confía en las actuales personas que están al frente de esta instancia judicial. “Confío en esta Fiscalía y por eso vine a rendir mi función libre y sin juramento”, dijo, al mencionar que el temas de la posible conspiración no está resuelto  y que por eso prefiere no pronunciarse sobre el tema.

Dijo que está absolutamente convencido de que lo sucedido ese día se trató de un intento de golpe de Estado. “Creo que una protesta policial no pudo tener la violencia que ese día yo vi”, aclaró.

En el marco de esta indagación, el ministro del Interior, José Serrano, comparecerá en los próximos días en la Fiscalía para rendir su versión libre y sin juramento.

El fiscal subrogante, César Morales, inició la etapa preprocesal desde  el pasado 4 de agosto, en la que se llamó a que rindan  testimonios funcionarios de Gobierno, ministros y también representantes de los diferentes medios de comunicación.

Entre los citados están el ministro de Defensa, Xavier Ponce; el ex comandante de la Policía, Fredy Martínez; el secretario general de la Administración Pública, Vinicio Alvarado; la ex vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas; el viceministro de Gobernabilidad, Gonzalo Bonilla; y el director del Ecorae, Carlos Viteri.