La Fiscalía General del Estado trasladó a la de Pichincha, según documento fechado el 8 de junio, el expediente que indaga las supuestas irregularidades administrativas en la Asamblea Constituyente entre los meses de noviembre de 2007 y julio de 2008, periodo en el cual se elaboró la Constitución vigente.

Esa indagación se inició tras la denuncia del asambleísta Andrés Páez, de la Izquierda Democrática, con base en notas de prensa publicadas por el Diario El Comercio el 14 de diciembre de 2010, sobre la compra de bienes y la contratación de servicios.

Para ello la Fiscalía General inició una serie de diligencias entre las cuales estaban la recepción de testimonios de los personeros administrativos de la Asamblea Constituyente, los documentos que los acreditaban en esas responsabilidades y los contratos de los servicios investigados.

En esa indagación se establece la presunción de peculado que deberá ser sancionada o esclarecida en la Fiscalía de Pichincha. En la parte final del documento, además, la Fiscalía General señala que después de una serie de diligencias y en vista de que Francisco Torres Bueno, administrador general de la Asamblea Constituyente, “no goza de fuero”, dispone que se “remita el presente expediente a la Fiscalía Provincial de Pichincha, a fin de que, previo el sorteo que corresponda, se designe un fiscal para que proceda de acuerdo a Derecho”.

Por lo que se desprende que en ningún  momento ha existido una acusación y menos una inculpación por parte de algún juez, como mal interpreta el asambleísta y abogado Andrés Páez en los boletines de prensa que circuló el miércoles por la tarde y de los cuales algunos medios de comunicación se hicieron eco. Según el boletín de Páez, ya existirían inculpados, entre ellos el subdirector de este Diario, Orlando Pérez Sánchez.

En el documento que remite la Fiscalía General a la de Pichincha se destaca que Pérez, según su testimonio y por los documentos analizados, no tenía facultades legales para la contratación, por lo que no las realizó consecuentemente. Esas atribuciones eran de exclusiva responsabilidad del Administrador General. Entonces, no coincide con la declaración de Páez al advertir a la opinión pública de supuestas inculpaciones dolosas.

Sobre este caso existe un examen de auditoría que todavía no ha finalizado la Contraloría y, por lo que se desprende de la resolución de la Fiscalía General, tampoco se han determinado responsabilidades ni civiles y menos penales, como señala apresuradamente el asambleísta Páez en su boletín de prensa, quien efectivamente presentó la denuncia de supuestas irregularidades en la contratación de servicios, uso de pasajes aéreos y teléfonos celulares.

Con base en la información divulgada por Páez, medios como Diario El Universo, sin verificar el documento de la Fiscalía, apresuradamente cometieron el error de titular “Presunción de peculado para Orlando Pérez”. En el mismo artículo el diario se contradice al reconocer que Pérez no estaba facultado a contratar y por lo mismo no fue responsable de  esas contrataciones.

Del mismo modo, algunos medios televisivos y webs de información, sin verificar ni revisar la resolución de la Fiscalía, acogieron el boletín de prensa de Páez y dieron por hecha una decisión que no se ha tomado aún, pues ahora le corresponderá a la Fiscalía de Pichincha iniciar las indagaciones sobre los argumentos establecidos por la Fiscalía General del Estado.

En igual sentido, el documento que filtra a la prensa Páez ya se adelanta a juzgar sobre otras acciones administrativas, de  las que la Contraloría no ha emitido aún su informe final. Califica de “fechorías” sin tener hasta elmomento una sentencia en firme y menos los exámenes que está realizando la Contraloría General del Estado.

En varios pronunciamientos públicos el asambleísta de la Izquierda Democrática ha  hecho acusaciones y usado calificativos sin contemplar la honra de las personas ni el uso de documentos que señalen responsabilidades concretas y hasta hizo advertencias a la Contraloría y a la Fiscalía sobre su proceder en el análisis y estudio de este caso.