El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, justificó lo actuado por el presidente de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Hernán Ulloa, en el juicio penal iniciado por el presunto delito de peculado en contra del ex vicepresidente de la República, Alberto Dahik.

Tras señalar que el pronunciamiento sobre el juicio es competencia del juez que lleva la causa, dijo que “es el Presidente de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, quien, como juez garantista, tiene todas las atribuciones y facultades para resolver lo solicitado por  Alberto Dahik”.

Esta puntualización la realizó Galo Chiriboga en un escrito enviado a la CNJ a propósito del pedido de Dahik, de que se le sustituya la prisión preventiva dictada en su contra por una medida sustitutiva o alternativa, conforme a las leyes vigentes en el Código Adjetivo Penal, lo cual fue aceptado por el juez Ulloa.

En el oficio también se hace referencia a garantías como la igualdad ante la ley, la prohibición de toda discriminación y la presunción de inocencia, que obliga a respetar la libertad del acusado y la igualdad ante la justicia, como condición esencial.

Fernando Casares, quien se desempeñó como Fiscal del Estado en la época en que se inició el juicio contra el ex Segundo Mandatario, dijo que el actual Fiscal debe analizar detenidamente el proceso y todas las evidencias recopiladas antes de emitir un criterio sobre el tema, y dijo estar en contra de la medida cautelar aceptada por el juez Ulloa.

En tanto Javier Vivas, abogado defensor de Dahik, señaló que el retorno de su cliente al país no responde a ninguna decisión política, sino que lo que se hizo es acogerse al Código de Procedimiento Penal actual, que permite la sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares.

“Vino a enfrentar el proceso ahora que existen nuevos mecanismos y garantías legales en el sistema judicial”, manifestó al tiempo de criticar los cuestionamientos realizados por el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Solórzano, y el ex fiscal Fernando Casares, quienes a su criterio en su afán de figuración emprendieron una persecución contra Dahik.

Vivas explicó que el proceso penal que se sigue contra su defendido,  por supuesto mal manejo de gastos reservados, es ilegal, injusto e inconstitucional porque fue absuelto en el juicio político que el Congreso Nacional tramitó en su contra, requisito indispensable para iniciar un proceso legal, por lo que aseguró que demostrará que el juicio es nulo y que no hubo delito alguno.

Según Vivas, Dahik nunca fue glosado por la Contraloría y por el contrario tiene certificaciones que demuestran que no tiene nada pendiente ni en lo civil ni en lo administrativo, de ahí que no podía ser juzgado por peculado. “Ahora sí vamos a presentar las pruebas que demostrarán la forma miserable en que actuaron Solórzano y Casares en contra del Alberto Dahik”, indicó.

A su vez el asambleísta del PRE, Abdalá Bucaram Pulley, felicitó al presidente de la República, Rafael Correa, por la actitud que ha demostrado en el caso de Alberto Dahik y  descartó que por el momento venga su padre, el ex presidente Abdalá Bucaram, debido a que no existen las seguridades jurídicas para aquello.

Considera que en lo político existe temor por el retorno del ex mandatario Bucaram.