En los últimos días, el ministro de Defensa, Javier Ponce, ha tenido un protagonismo mediático a próposito de varios hechos que se analizan en esta entrevista. Es significativo, para el debate y el análisis más sopesado, el  verdadero rol de las Fuerzas Armadas en este proceso de transformación.

¿Hasta dónde compromete a las Fuerzas Armadas participar en  operativos en contra de la minería ilegal en Esmeraldas?

La responsabilidad política de esas acciones es de los ministerios de Seguridad, Defensa,  Justicia e Interior. Las Fuerzas Armadas solo cumplen su rol. El Gobierno trabaja en acciones para continuar con el apoyo a esas poblaciones, pero hay que tomar en cuenta que esas comunidades están relativamente vinculadas a la minería ilegal.

¿Qué se hará?

Nosotros queremos entrar con un plan intensivo  de creación de servicios como: educación, vivienda, vialidad, salud y empleo. Incluso el empleo puede ser el mismo de la minería, pero de manera amigable. Existe la posibilidad de que sea el mismo Estado el que invierta. De paso se beneficia el país porque  todo ese oro de la minería ilegal se estaba yendo para Colombia.

¿Ese fue un operativo irregular o parte de un control regular?

Se han realizado algunos operativos y controles a la minería ilegal, pero cada vez que los jueces dictaban medidas cautelares  teníamos que devolver  la maquinaria. Ese es el problema real, no hay que ser mojigatos.  La gente se asusta porque decimos que los jueces son corruptos y que por eso actuamos así.

La medida cautelar habla de la posibilidad de destruir aquellos elementos que estén afectando al medio ambiente y esos   son las máquinas. La acción legal nos da esa apertura. Entonces  me cuestiono: ¿cuando encontramos un laboratorio de coca -que evidentemente es propiedad privada-  tenemos que destruirlo? ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Lo dejamos porque es propiedad privada? ¡Por favor!

¿Cuál es el estado actual de las Fuerzas Armadas después del 30-S? ¿Hay una mayor madurez democrática y dejaron de ser árbitros de conflictos políticos?

Siempre he sostenido que hay un proceso histórico y una modificación sustancial del comportamiento de las FF.AA. frente a las crisis políticas. Si mira desde las dictaduras que botaban a Velasco Ibarra  hasta las intervenciones de  la última década,  se ha respetado el orden constitucional y no se ha roto la cadena de poder político.  Para mí, el cambio de comportamiento se consolidó el 30-S. En los análisis se olvida que el general Ernesto González, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,  dio una rueda de prensa en Cuenca rechazando la revuelta policial. Y no es que a las 14:00 se decidieron a apoyar el orden constituido.  Yo estuve todo el día en el Ministerio con el Estado Mayor y en ningún momento hablamos de  demandas militares para apoyar al orden constituido. Ese  tema estaba fuera de toda discusión.

Es cierto que la demanda  de los capitanes y de los mayores se dinamizó en torno al 30-S, pero esa fue una decisión que la había tomado drásticamente el Presidente de la República dos semanas antes cuando un informe de la Secretaría Jurídica le dijo que ellos tenían absoluto derecho a una revisión salarial porque habían sido afectados en el proceso de homologación. Lo que nosotros hicimos fue poner en vigencia eso. No hay que interpretar que eso fue un pago, porque -además- se lo hizo también con la Policía.

¿Hay un giro hacia la  protección a la ciudadanía?

Las Fuerzas Armadas siempre tuvieron lo que se llamaba acción cívica. Ahora estamos  dándole más sistematicidad a esa intervención, al  vincular más la vida de los militares de los destacamentos a la de las poblaciones. Donde se desarrollen servicios y alternativas a nivel de los destacamentos, que estos se contagien también a la población. Si establecemos un sistema de agua potable, de luz eléctrica o de Internet,  tenemos que brindar el servicio a los pobladores.

¿En qué medida eso construye un nuevo tipo de Fuerzas Armadas, o solo es otra modalidad?

Lo que en este momento están construyendo las Fuerzas Armadas es el desarrollo de su papel subsidiario, pues el de la defensa de la soberanía  no es el único. A través de  medidas cautelares o medidas de excepción estamos facilitando que la institución participe en acciones de seguridad interna. Estamos empeñados en comenzar a crear cuerpos que se especialicen en  manejo de problemas de seguridad interna y en manejo de riesgos.

Siendo así, ¿cuál es el rol  de las Fuerzas Armadas en una revolución ciudadana?

La Constitución es muy clara: las Fuerzas Armadas no son dirimentes, pero tienen un rol, que es proteger los derechos de los ciudadanos. Desde ese punto de vista buscamos  unas Fuerzas Armadas  sometidas al poder político y articuladas a la sociedad. Además, para explicarnos mejor, en diciembre culminaremos el proceso de reestructuración, porque antes cada una de las fuerzas (Aérea, Terrestre y Naval) actuaba con autonomía. Ahora fortalecimos el Comando Conjunto, ya no como una instancia de operación en caso de conflictos o amenazas, sino como un ente unificador de las tres ramas.

¿Y cómo están en materia de presupuesto?

Se ha incrementado el presupuesto de inversión en infraestructura de defensa y repotenciación de material, porque después de la paz de 1998 ya no se contaba con  esos recursos. Se adquirieron radares para mantener un control sobre las fronteras, aviones, helicópteros, es decir, una cantidad de equipos que favorezcan las condiciones de operación.

¿Cómo ve la resolución de la Corte Suprema de Colombia en torno al caso de los supuestos correos electrónicos de “Raúl Reyes”?

Es la confirmación de que no hubo una cadena de custodia y de que la información que estaba ahí no necesariamente podía ser confiable.

¿La entrega de los dispositivos electrónicos a Ecuador pesó en las relaciones bilaterales? 

No pesó. Este fue un gesto  político directo del presidente Juan Manuel Santos con el presidente Rafael Correa. Este no es un tema que lo hemos evocado  ni a nivel  de la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) ni en diálogos con el ministro de Defensa de ese país. Y más bien la relación con Colombia se encuentra en un buen momento.

¿En qué estado se encuentran las empresas militares?

Eso tiene un proceso diverso. Por una parte, hay empresas que se van convirtiendo en empresas públicas, TAME;  y creo que igual sucede con  Flopec y Astinave. En tanto, la Corporación Industrial y Comercial (Holdingdine S.A.) pasó al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

¿Entonces la perspectiva es que en el futuro no estén ocupadas en los negocios y tareas que no son de responsabilidad de las FF.AA.?

No, son empresas que están dentro del Issfa y cumplen  un rol militar importante, porque otro de los proyectos que tenemos es fortalecer la industria de la defensa.

Lo que estamos buscando este rato es coproducción a través de acuerdos con entidades regionales o extrarregionales.