La familia de Carlos Llanos y Silvia Parco, quienes fueron asesinados en agosto de 2011 en Quinsaloma, no salen del asombro, luego de que el gobierno de Panamá otorgó el viernes pasado asilo territorial a Galo Lara, exasambleísta de Sociedad Patriótica.

Lara fue condenado a 10 años de prisión como cómplice del asesinato, en donde también murió el hijo de la pareja, que tenía 4 años.

Clemencia Avendaño, madre de Carlos Llanos Avendaño, señaló que es una pena que las autoridades de ese país hayan otorgado residencia a "un criminal". "Si este señor Lara tuviera la conciencia tranquila no sería necesario que se vaya a esconder a ese país. Si estuviera con la frente limpia vendría acá a enfrentar la justicia", dijo.

La mujer se pronunció la tarde de hoy en su vivienda, ubicada en la ciudad de Quevedo (provincia de Los Ríos). Conversó esta mañana con Tania Vásquez, su abogada y aseguró que no se rendirá hasta pedir justicia. "Yo no le tengo miedo a Lara", dijo, a la vez recordó que "esto no es una persecución política. Es la justicia la que lo condena por se autor de un crimen", enfatizó.

De su parte, Vásquez reiteró que en este caso todavía hay temas pendientes, puesto que pidieron la casación ante la sentencia, ya que Lara fue condenado como cómplice, pero ellos exigen que sea condenado como autor. "Carolina Llanos no estuvo cuando se cometió el crimen, pero ella es autora. Así lo declararon en el juicio los asesinos. Lo mismo pasa con Lara", apuntó.

La abogada señaló que pedirán una indemnización. "No es posible que se pase por alto un asesinato tan atroz" y añadió que se va a acudir a todas las instancias necesarias. Además afirmó que también se presentó una demanda para exigir una manutención para las dos hijas de la pareja que quedaron con vida.

María Llanos, hermana de Carlos, opinó que las menores se encuentran con sus tíos, pero esto no es suficiente. "Dos niñas quedaron sin sus padres, les quemaron la casa, el carro. Exigimos que se les pague porque quedaron indefensas", indicó.

Esta situación generó rechazo ante las autoridades del Gobierno. Javier Córdova, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, lamentó la postura de Panamá aunque recordó que es una decisión soberana.

No obstante, reiteró que Lara no es un perseguido político. "Él está juzgado y tiene una condena de 10 años como cómplice por un triple asesinato espantoso en Quinsaloma. Es una decisión que tomaron los jueces", puntualizó.

El viceministro recordó que existen todas las evidencias de que no es un perseguido político y recordó que no es la primera vez que el exasambleísta se encuentra involucrado en un crimen, puesto que en 1990 estuvo vinculado en una violación y asesinato de una menor de edad en su domicilio. En ese entonces también salió del país y llegó a Estados Unidos. "También presumo que ha de haber dicho que era un perseguido político por el Gobierno de turno", apostilló el funcionario de Estado.

El viernes pasado, la Gaceta Oficial de Panamá publicó el Decreto 341, en el que se aprobó el asilo territorial del exasambleísta Lara.

El gobierno panameño manifestó la preocupación por la integridad personal del exasambleísta "y el peligro que correría su vida de retomar a su país de origen, producto de oposición políticas en contra del actual gobierno". El Decreto fue firmado por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el pasado 22 de octubre.