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El Telégrafo

Ex empleados de Álamos denuncian hostigamiento

Ex empleados de Álamos denuncian hostigamiento
03 de junio de 2011 - 00:00

Un grupo de 51 ex trabajadores de la hacienda Los Álamos,  del Grupo Exportadora Bananera Noboa, exige ser reintegrado a sus puestos de trabajo. Ellos denuncian haber sido objeto de maltrato laboral y despidos “injustificados” por exigir el pago de utilidades desde 2005 y otros beneficios.

La hacienda,   propiedad del  ex candidato presidencial Álvaro Noboa Pontón, está ubicada cerca de Naranjal, en la provincia de Guayas,  tiene una  extensión de 1.200 hectáreas y   trabajan aproximadamente 1.200 personas, explicaron los  denunciantes.

Según los trabajadores, la empresa comenzó a despedirlos en febrero pasado, luego de  que   constituyeron el Sindicato de Trabajadores de Industrial Bananera Noboa  Los Álamos, con el fin de buscar mejores  condiciones laborales. La organización depende todavía del Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales para obtener la personería jurídica.

Primero  despidieron a ocho miembros de la dirigencia sindical que presentaron un pliego de peticiones para mejorar las condiciones de los  trabajadores en la hacienda, explicó el secretario provisional del sindicato, Daniel Bazurto.

Posteriormente, se creó una dirigencia provisional que presentó un nuevo petitorio  exigiendo el pago de  utilidades desde 2005, lo que originó  que 43 empleados más sean despedidos, el pasado 19 de febrero.

Bazurto aseguró que al interior de la hacienda se “hostiga  a los  trabajadores con amenazas de despidos y se los obliga a firmar un documento renunciando a la organización sindical”.

El dirigente también  mencionó  que las condiciones en las que trabajan los empleados son “inhumanas” y que  están sometidos a una constante “explotación laboral”, ya que sus derechos   establecidos en la ley no son reconocidos.

“Cada hombre hace  el trabajo de cuatro personas, pero no tienen ninguna   consideración  con nosotros, por ejemplo,  cuando estamos comiendo las avionetas fumigan las plantaciones y saben que son sustancias tóxicas dañinas para la salud”, comentó Bazurto. 

Stalin Cedeño, quien fue despedido tras haber laborado   más de  20 años en la hacienda, coincidió con Bazurto. El obrero mencionó que  el trabajo es arduo, se extiende hasta doce horas diarias, pero  solo reciben como pago el salario básico y no     reconocen las horas extras.

Cedeño también se quejó de la comida. “Nos sirven poco y el trabajo es forzado”, agregó.

Los empleados exigen ser reintegrados a sus puestos de trabajo y que se acepte el pliego de peticiones  en el que se pide  el pago de     los correspondientes beneficios de ley, caso contrario advierten que realizarán una huelga.

Ángel Rivero,  secretario de la  Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Fenacle), organización que respalda a los empleados de Los Álamos, indicó que están buscando los mecanismos legales para reincorporar a los trabajadores que han sido despedidos.

“Hemos realizado la denuncia ante los organismos competentes y estamos organizando asambleas informativas  para evitar que los compañeros decaigan”, mencionó Rivero.

El secretario de la Fenacle  dijo que “no es la primera vez que el Grupo Noboa actúa con prepotencia contra sus empleados”.

Recordó que en 2002, un grupo de empleados de Los Álamos fue  reprimido  y desalojado  con violencia por realizar una huelga en reclamo al despido de más de 120 compañeros. Entonces recibieron el respaldo de varias organizaciones sindicales y laborales estadounidenses y europeas, pero  tres tribunales de conciliación y arbitraje rechazaron las demandas presentadas por los trabajadores agrícolas.

Por su parte, Víctor Freire, abogado de  la Fenacle y quien  brinda asistencia legal a los trabajadores, destacó  que la empresa   está obligada a respetar la conformación del sindicato, que ha sido legalmente constituido con 151 firmas, cien más de las  requeridas.  

También mencionó que la empresa   procede de forma irregular, ya que aún no  cancela las liquidaciones a los empleados que fueron despedidos de forma intempestiva.

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