Como parte de las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado en el juicio contra el ex vicepresidente Alberto Dahik se encuentran los movimientos bancarios que realizaron algunos de sus antiguos colaboradores.
Entre ellos están Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, quienes supuestamente habrían sido los beneficiarios de las transacciones realizadas en la cuenta de los llamados fondos reservados.

Según la Fiscalía, Merchán realizó depósitos de fondos públicos a favor de ella, Crespo y para el propio Dahik.

Además consta la transferencia realizada a la empresa Combaquerizo Cía. Ltda., encargada de   construir la residencia particular del ex segundo mandatario.

Según la Fiscalía, Merchán y Crespo habrían recibido en sus cuentas bancarias 8.832 millones de sucres, 845 mil   dólares y 12 mil francos franceses provenientes de los fondos reservados.

Otras empresas beneficiadas de estas transacciones presuntamente fueron  SAID y AFAC, las cuales tenían participación de Dahik.

Debido  a estas irregularidades, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, pidió a los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se incorpore como prueba el reglamento que emitió la Contraloría General del Estado sobre el uso de los fondos reservados.

Esa directiva indicaba que estos recursos debían manejarse en una cuenta especial en el Banco Central del Ecuador (BCE). Además los fondos reservados estaban bajo uso exclusivo del ex vicepresidente, por lo que no debían ser utilizados por Merchán o Crespo.

Dahik volvió al país en vísperas de la Navidad pasada luego de que el presidente de la Primera Sala, Hernán Ulloa, cambiara la medida cautelar de la orden de prisión preventiva.

Ahora Dahik debe presentarse ante el tribunal cada semana. Procedimiento que lo cumplió el lunes pasado sin dar nuevas declaraciones a los medios de comunicación.

Como parte de la defensa, Dahik insiste en las resoluciones emitidas entre 1992 y 1995 por el entonces contralor, Juan Carlos Faidutti. En esos textos se señala el correcto uso de los fondos reservados.

Tras la presentación de pruebas realizadas por la Fiscalía, aún está pendiente que se establezca la fecha y hora para la audiencia de alegatos, que pueden ser verbales o escritos. Luego la Sala tendrá diez días para dictar sentencia.
Dahik, quien fue vicepresidente de Sixto Durán-Ballén, fue acusado de mal uso de los ahora desaparecidos fondos reservados.

Producto de esta acusación enfrentó un juicio político en el que fue absuelto. Pese a esto, el entonces presidente de la antigua Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, emitió una orden de prisión preventiva.

Ante esto, Dahik renunció y viajó a Costa Rica, país que le otorgó asilo político. Allí estuvo hasta 2005 cuando la llamada “Pichicorte” declaró nulo su juicio.

A partir de allí regresó a su natal Guayaquil, donde estuvo pocos días hasta el derrocamiento de Lucio Gutiérrez  ya que su  juicio se reactivó.

Regresó nuevamente a Costa Rica. Ya bajo el mandato de Rafael Correa, este pidió la amnistía para Dahik al considerarlo un perseguido político del ex presidente León Febres-Cordero. El actual mandatario conoce desde hace mucho tiempo al ex vicepresidente, pero, aclaró,   no comparte su ideología política de derecha.

Esta iniciativa nunca prosperó, pero Dahik pudo volver al país en diciembre pasado tras el fallo del juez Ulloa. A su retorno, Dahik dijo que se reunirá con su padre, a quien no veía dese hace 15 años, y se centraría en su defensa legal.

Rehusó ofrecer comentarios políticos pero agradeció el gesto de Correa al llamarlo honesto. Añadió que el levantamiento de la orden de prisión en su contra es una señal de que la justicia ecuatoriana está cambiando.

Pese a esto, grupos de la oposición criticaron el fallo judicial. Para ellos, Dahik es culpable. Incluso Carlos Solórzano, quien dictó la orden de prisión, criticó el cambio de la medida cautelar. Para el ex magistrado hay las suficiente pruebas para condenar al ex vicepresidente.